Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.
Caminos irreversibles hacia el cierre de los CIEs
Después de años de invisibilidad, opacidad y frustración, las luchas por el cierre de los CIEs lograron iniciar un ciclo que irremediablemente desembocará en dejar atrás en la historia unas instituciones de privación de libertad que nunca deberían haber existido. La combinación del trabajo cotidiano de acompañamiento psicosocial y jurídico con una estrategia comunicativa y de movilización social logró aumentar exponencialmente en los últimos años el apoyo a las medidas principales que se plantean: el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros; que se acabe con las redadas racistas; que se restablezca la sanidad universal; y que se abra un fuerte debate acerca de las actuales políticas migratorias basadas en el control y la criminalización de la población migrante. Podemos decir que las tres primeras formarían parte de un paquete de medidas de emergencia que se podrían tomar mañana mismo. Y a partir de ahí se debería abrir un proceso de construcción de políticas públicas en materia migratoria que se basen en el reconocimiento del derecho a migrar.
Nos encontramos ante un momento idóneo para lograr dichos objetivos. Por ello, muchas personas y organizaciones estamos haciendo un fuerte esfuerzo por lograr una incidencia política real. En los últimos meses se han venido dando pasos muy importantes. En el Parlamento catalán, a pesar de no tener competencias directas en la materia, se ha constituido un grupo de trabajo sobre “modelos de CIEs”, en el que diversos expertos y organizaciones están debatiendo sobre la cuestión, así como sobre la posibilidad de que se aprueben unas conclusiones que incluyan la voluntad política de cerrar los CIEs y acabar con las redadas racistas está cobrando fuerza. Las CUP, ICV-EUiA y ERC ya se han posicionado públicamente por el cierre de los CIEs. Asimismo, en el programa de Podemos en Andalucía hay un punto en el que se aboga de manera explícita por promover desde Andalucía el Cierre de los CIEs. También, hace escasas semanas el Ayuntamiento de Málaga ratificó por unanimidad el rechazo a que se construyera un nuevo CIE en la ciudad. Y, además, estas últimas semanas hemos recibido la noticia de que el nuevo gobierno griego ha comenzado a liberar a personas migrantes privadas de libertad, a la vez que está estudiando un programa para cerrar los CIEs.
Para lograr cumplir este objetivo, además de seguir en la misma línea que se ha seguido hasta ahora, es imprescindible que clarifiquemos de una manera política, ética y pragmática el horizonte de CIErre.
En primer lugar, cabe destacar que es importante centrar el debate. El motivo central por el cual se quieren cerrar los CIEs es porque privar de libertad a personas por el mero hecho de no tener su situación administrativa regularizada, sobre la base de procesos de selectividad policial marcados por los perfiles étnicos y de clase, es totalmente contrario al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Más allá de que en ellos se vulneren derechos humanos, su mera existencia es completamente vulneradora.
En segundo lugar, es necesario romper la creencia de que la competencia para cerrar los CIEs es de la Unión Europea y que, bajo el actual marco normativo europeo en el Estado español, éstos no se podrían cerrar. La directiva de retorno de la UE, en su artículo 14.1, establece que “los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno”. Por lo tanto, no existe ninguna obligación de que en el Estado Español o en cualquier otro de la UE tenga que haber CIEs. Simplemente, esta directiva establece que podrán existir estos centros. Por lo tanto, sin cambiar una coma de la legislación europea, mañana, con mayoría y voluntad política, se podrían cerrar los CIEs.
En tercer lugar, es necesario clarificar si los CIEs son útiles y necesarios en términos de la actual política migratoria, más allá del debate de fondo sobre la misma que es necesario abordar. En primer lugar, cabe destacar que del total de personas internadas en 2013, tan sólo el 52,49% fueron efectivamente expulsadas. Asimismo, cabe destacar que un gran número de ellas podrían haber sido deportadas directamente desde un centro penitenciario, ya que se trata de sustituciones de condena penal. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué volumen de movimientos migratorios negativos (retornos) suponen las deportaciones forzosas en relación con los movimientos migratorios no forzosos? El total de deportaciones realizadas en 2013 (23.889) representa tan sólo el 6% de los movimientos migratorios de retorno no forzoso (396.658). Y el total de deportaciones forzosas realizadas desde los CIEs (9002) no llega a representar ni el 1% de los retornos no forzosos que se produjeron ese mismo año. Es decir, que sin cambiar un ápice de los objetivos y principios de las políticas de extranjería se podrían mañana cerrar los CIEs y el impacto en los flujos migratorios sería prácticamente inexistente.
En cuarto lugar, es necesario tener en cuenta los altos costes que se están destinando a la detención, internamiento y deportación de personas migrantes. En el año 2013 se destinaron 11 millones de euros tan sólo a vuelos colectivos de deportación. El coste medio por persona internada, a pesar de que no hay datos públicos, se sitúa en los 100 euros diarios, sin contar el coste de las infraestructuras.
Aquí tan sólo dejé unos breves apuntes. Los argumentos son inagotables. No hay motivos para que no cerremos los CIEs cuanto antes. Trabajaremos para que en los próximos meses el mayor número de partidos políticos lo incluyan en sus programas electorales. Vamos a cerrar los CIEs, y cerrándolos, haremos que haya un replanteamiento del conjunto de las políticas migratorias y de los derechos de las personas migrantes, donde se realice un abordaje de las mismas desde el respeto a los derechos humanos, desde el respeto a los convenios internacionales en materia de asilo y desde la paulatina construcción del derecho a la migración. Hemos migrado, han migrado, estamos migrando, migraremos y migrarán. Lograremos que el abordaje de las políticas migratorias desde el neocolonialismo, el racismo, el miedo y el oportunismo político pase a la historia.
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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.