La Ley Patriota de Albert Rivera

Desde Ciudadanos, sus candidatos a gobernar España han propuesto la modificación de la declaración del estado de excepción para que algunas de las medidas que puedan adoptarse sean la suspensión de las redes sociales (Twitter y Facebook), el cierre de cuentas de determinados usuarios y su espionaje. Así -dicen estos aspirantes a estadistas- se podrá evitar que los terroristas coordinen sus acciones y ataques mediante la utilización de las redes sociales; instrumentos todavía no nacidos cuando se promulgó la Constitución Española (CE).

Evidentemente, estamos ante una clara confusión de conceptos, pues resulta claramente exagerado pretender comparar el estado de excepción (art. 55 CE) con ataques terroristas (delitos muy graves previstos en el Código Penal). El estado de excepción deberá ser declarado por el Consejo de Ministros cuando se esté ante una situación en que las instituciones democráticas y los servicios esenciales no puedan prestarse con normalidad. Por tanto, el estado de excepción, con independencia de lo que haya motivado la situación crítica en que el Estado se encuentre, trata de restituir la normalidad mediante la suspensión de determinados derechos fundamentales.

Uno de los derechos que podrían quedar en suspenso, sin la intervención ni el control judicial preceptivos en momentos de normalidad, es el derecho a la libertad de expresión, de difusión de ideas, de creación artística y literaria, así como la libertad y el derecho de información, con la autorización de secuestrar, incluso, publicaciones (art. 20.1 a) y d), y 20.5 CE).

Lo realmente extraordinario de la propuesta de Ciudadanos es el hecho de querer combatir delitos muy graves mediante la declaración del estado de excepción. También resulta insólito que se pretenda incluir la represión de las redes sociales, presentándose como una novedad, cuando -la verdad sea dicha- las redes sociales ya están consideradas como “medios de comunicación” y, por tanto, estarían sujetas a las restricciones contenidas en el estado de excepción (suspensión del art. 20.1 a) y d) CE).

Estas medidas propuestas por Juan Carlos Girauta, candidato de Ciudadanos por Barcelona, y respaldadas por Albert Rivera, evidencian la obsesión -y preocupación- de determinadas personas y sectores por el libre disfrute de los derechos fundamentales; entre ellos, el de la libertad de expresión. Y esto tiene relación -qué duda cabe- con la mayor o menor comodidad con que se quiera incorporar otras medidas mucho más restrictivas o algo similar al sistema normativo Patriot Act, implantado en Estados Unidos, tras los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

La Patriot Act (o Ley Patriota) contiene un sistema de restricción de derechos y libertades públicas solo comparable al estado de excepción que incluye la mayoría de las constituciones del mundo occidental. Restringe o suprime derechos fundamentales tales como el derecho de defensa (aislamiento del detenido sin derecho apenas a ser asistido por abogado en los primeros momentos) y el derecho a la intimidad (vigilancia y control de las comunicaciones), principalmente. Asimismo, extiende su jurisdicción allende sus fronteras, permitiendo la persecución por todo el mundo, sin respetar la soberanía de cada país e incursionando en el sistema judicial y policial del país donde se encuentre el perseguido. Todo ello, además, sin sujeción a convenio internacional alguno.

La Patriot Act que impulsó Bush endureció el trato a los detenidos por delitos de terrorismo y fue ampliando poco a poco el ámbito de aplicación a otros delitos, como el delito de blanqueo de capitales o la traición a la patria. Estarían incluidos, por ejemplo, el trato sufrido por empresas financiadas por el sistema bit coins, criminalizadas y perseguidas con gran ahínco por parte de las autoridades estadunidenses. También se encuentra sujeta a esta ley Chelsea Manning, quien desveló secretos en relación a la forma de proceder ilegal, cometiendo crímenes de guerra de los Estados Unidos en Afganistán e Irak. Edward Snowden se encuentra refugiado, a fin de evitar su detención por haber filtrado que los Estados Unidos a través de la agencia NSA han realizado escuchas masivas sobre ciudadanos de todo el mundo, incluidos países aliados, que en muchos casos tenían finalidad comercial.

La Patriot Act se creó para ser utilizada en un momento concreto de emergencia nacional y, finalmente, el Congreso de los Estados Unidos permitió su vigencia permanente: es un estado de excepción permanente, con lo que esto tiene de paradójico. Es una isla dentro de un país democrático, pero fuertemente protegida y blindada frente a quienes han denunciado que allí se violan impunemente los derechos humanos. Es un espacio por el que campa a sus anchas el irrespeto de los derechos y libertades básicas, sin control judicial. Es más, las autoridades estadounidenses se permiten solicitar en extradición a ciudadanos invocando la necesidad de emplear contra ellos la Patriot Act. España es uno de los países que asume acríticamente este procedimiento, pues ya ha concedido extradiciones de personas a quienes se aplicará este brutal sistema.

No extrañe, por tanto, los paralelismos entre la estadounidense Patriot Act y las medidas llevadas a cabo por Hollande tras los terribles atentados terroristas del 13 de noviembre. Este ha transformado su país en un espacio militarizado, ha conseguido prorrogar el estado de emergencia (estado de excepción) por un periodo de tres meses y ha conseguido autorización para intervenir comunicaciones sin siquiera intervención judicial.

En nuestro país, como ya dijimos, quien ha tomado el testigo de esta aventura orwelliana no es otro que Albert Rivera, quien siendo abogado no debería desconocer las evidentes contradicciones de su propuesta; auténticas aberraciones jurídicas que no persiguen otra cosa que allanar el camino para construir un estado de excepción permanente o Patriot Act a la española.

En primer lugar, cabe señalar que para combatir el terrorismo no haría falta decretar el estado de excepción. El peor acto terrorista sufrido en España, que causó 192 muertos y miles de heridos, solo requirió la aplicación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fue todo un éxito, dado que se logró condenar a 21 personas como principales responsables criminales de los ataques yihadistas del 11 de marzo de 2004.

En segundo lugar, es un hecho constatado que los terroristas yihadistas han utilizado Internet para la difusión y coordinación de sus ataques, pero no por ello ha de criminalizarse las redes sociales. Estas, como bien sabe cualquiera, no son más que la correa de transmisión de opiniones e informaciones al alcance de una abrumadora mayoría de ciudadanos, que tienen la oportunidad, incluso, de coordinar su disidencia contra cualesquiera medidas impuestas por el poder. No hay razón alguna para decretar el estado de excepción, ni tampoco para incluir la persecución de las redes sociales en la prevención e investigación de los delitos terroristas.

Sin embargo, es evidente que de la Patriot Act francesa ya se ha extraído algún jugoso éxito: se ha impedido ejercer el derecho de protesta contra el cambio climático en un lugar, Francia, que en los momentos actuales constituye el lugar más protegido del planeta. En el contexto de recortes de derechos básicos, de privatización de servicios públicos, de desregulación financiera y de implantación progresiva de medidas de libre mercado de corte neoliberal que los ciudadanos europeos venimos padeciendo en los últimos años, la creación de una Patriot Act de alcance europeo vendría a allanar el camino para debilitar resistencias y disidencias futuras.