Por qué Contrapoder

La resistencia al poder arbitrario se inscribe en lo más profundo de la historia humana. De Antígona a Luther King, de las revoluciones modernas a las luchas cotidianas de la PAH o de las mareas ciudadanas, esta historia es una exigencia de dignidad personal y colectiva. Una exigencia que se afirma, precisamente, como resistencia al poder ilegítimo.

Criticar el poder arbitrario no implica impugnar de manera indiferenciada todo tipo de poder. Un poder público eficaz, por ejemplo, es esencial para garantizar derechos básicos como la asistencia sanitaria, la vivienda o la tutela judicial. También es fundamental para imponer límites y controles a otros poderes privados, como los bancos o las grandes fortunas. Con todo, hay una lección histórica que conviene recordar: no hay poder inocente o intrínsecamente virtuoso. Ni siquiera cuando es ejercido por los “propios”. Todo poder, por el hecho de serlo, puede corromperse y devenir arbitrario si no es sometido, él mismo, a límites adecuados. A contrapoderes.

La existencia de contrapoderes interesa potencialmente a todos los miembros de una comunidad. Pero sobre todo a quienes carecen de poder, es decir, a quienes, por razones económicas, sexuales, de origen étnico, han sido colocados en una situación de vulnerabilidad frente a él. Los derechos humanos, desde esta perspectiva, no dejan de ser figuras del contrapoder, esto es, instrumentos dirigidos a imponer límites al poder concentrado -público y privado, de Estado y de mercado, estatal e internacional- en beneficio de los más vulnerables. ¿Qué es el derecho a la libertad y a la seguridad sino un cortafuegos frente al abuso de la policía y otros aparatos represivos? ¿Qué es la libertad de expresión sino una forma de resistencia contra el pensamiento único que los poderes mediáticos intentan imponer en la televisión, las radios o Internet? ¿Qué son los derechos laborales sino el esfuerzo por contrarrestar la explotación a la que conduce el poder empresarial desbocado? ¿Qué es, en fin, el derecho a la paz sino el intento de colocar un bozal a la bestia del militarismo que se ceba en los más débiles?

Es obvio que para frenar el poder arbitrario no basta con tener derechos reconocidos en el papel. Hacen falta garantías, mecanismos de tutela capaces de apelar, en última instancia, a alguna forma de coerción, de encarnarse en una administración transparente, en una justicia accesible con una cierta independencia. Lo que ocurre es que para que los contrapoderes jurídicos funcionen es fundamental que existan, además, contrapoderes sociales, ciudadanos, robustos. La Declaración francesa de derechos de 1793 recordaba que en la lucha contra el despotismo lo esencial es siempre la garantía social, esto es, la implicación de los destinatarios de los derechos en su conquista y defensa. Lo que era una verdad innegable hace tres siglos sigue siéndolo hoy: los derechos no caen nunca del cielo, ni son un producto artificial moldeado en el despacho de los juristas. Por el contrario, son el resultado de disputas, muchas veces encarnizadas, de los más vulnerables y sus aliados contra el poder arbitrario. Basta pensar en los derechos de las mujeres, tantas veces conculcados y tantas veces arrancados al poder de maridos, jefes e iglesias.

Este vínculo entre derechos y garantía social supone, en un último término, una apelación a la democracia. Pero a la democracia entendida, no como un régimen estático, adquirido de una vez y para siempre, sino como un proceso constante, inacabado, de distribución del poder político, económico y cultural. Al menos desde el 15-M, sabemos que la democracia actualmente existente, reducida a un simple mecanismo de selección de élites, dista mucho de ese ideal. Y que la única forma de recuperarla es convertirla en una herramienta viva capaz de proyectarse en las instituciones, fuera de ellas e incluso en su contra, cuando estas se anquilosan y permanecen bloqueadas a las señales de la calle.

Naturalmente, la radicalización democrática y la generalización de los derechos no son tareas sencillas. Las razones son obvias: ni el poder se deja limitar graciosamente, ni los privilegios se ceden de manera automática. Mucho menos cuando se trata de poderes mafiosos, de oligarquías capaces de colonizar los partidos, de presionar al poder judicial o de mover con impunidad las puertas giratorias que unen política y dinero. Pero la dificultad no implica imposibilidad. Cuántas leyes mordaza, cuántos códigos penales draconianos, cuántas contrarreformas del aborto, cuántos privilegios que parecían eternos acabaron sucumbiendo ante la presión social, víctimas de su propia arrogancia.

Cuando Mandela murió, muchos le recordaron bailando al salir de la cárcel en la que estuvo encerrado durante casi tres décadas. Esa danza irónica frente al poder opresor era, al mismo tiempo, una expresión de desobediencia y una afirmación de la vida. Crear contrapoderes es aprender, como Mandela, a desobedecer la injusticia sin dejar de bailar. Con esa intención abrimos este espacio. Contra el miedo y en defensa de la libertad y los derechos de todas las personas.

El Consejo editor de Contrapoder está formado por Gonzalo Boyé (editor), Jaume Asens, Jordi Borja, Ada Colau, Isabel Elbal, Rafael Escudero, Sebas Martín y Gerardo Pisarello.