¿Qué significa la adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional?

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha anunciado que los territorios palestinos serán parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) a partir del 1 de abril. ¿Es eso definitivo?

Sí, porque cada Estado tiene el derecho de adherirse a la CPI y las autoridades palestinas han llevado a cabo esta adhesión. Sólo fue incierto si se reconocía el carácter estatal de los territorios palestinos. Sin embargo, este es el caso desde la correspondiente resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 4 de diciembre de 2012. Por eso no es sorprendente la decisión de Ban Ki-moon. El 1 de abril es la fecha de entrada en vigor de la adhesión, según el art. 126 del Estatuto de la CPI.

Entonces, ¿la CPI tiene competencia desde el 1 de abril sobre Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este?

Sí, pero existe una competencia más temprana sobre la base de otro instrumento jurídico. El 31 de diciembre de 2014 el presidente palestino Mahmud Abbas aceptó la competencia de la Corte a partir de una declaración ad hoc de conformidad con el art. 12 párr. 3 del Estatuto -con efecto retroactivo desde el 13 de junio de 2014 para el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este. Tal fundamentación retroactiva de la competencia es reconocida en la práctica continua de la CPI. Esta posibilidad también fue utilizada por otros Estados; por ejemplo, Costa de Marfil. Así, la CPI es también competente para casos relativos al último ataque sobre Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado de forma vehemente su oposición a la adhesión de los palestinos a la CPI. ¿Teme que los israelíes sean condenados?

Para esto faltaría todavía un largo camino. Primero, serían necesarias investigaciones preliminares; después, una investigación formal con la identificación de sospechosos; y, luego, su entrega a la Corte. E incluso si se llegase a este punto, Israel seguramente argumentaría que la intervención de la CPI no es necesaria en absoluto, ya que tiene una justicia militar que funciona. En ese mismo sentido argumentan también los británicos con miras a las denuncias de tortura contra sus soldados durante la guerra en Irak. Lo que es claro es que el conflicto de Oriente Próximo, con la competencia de la CPI, adquiere una nueva dimensión jurídica, que puede también afectarnos a nosotros desde el punto de vista de las obligaciones de cooperación ya existentes con la CPI.

¿Es cierto que es un crimen de guerra el hecho de construir asentamientos en territorio ocupado como Palestina?

En principio, el Derecho internacional humanitario prohíbe a una potencia ocupante establecer o producir hechos permanentes en territorio ocupado. Sobre esta base, el Estatuto de Roma califica como un crimen de guerra el “traslado” de su propia población civil al territorio ocupado (art. 8 párr. 2 (b) (viii)). Ahora bien, respecto a la situación concreta en los territorios palestinos, obviamente los asentamientos estables que allí existen no son simples campamentos, pues poseen una completa infraestructura respaldada por la potencia ocupante en una variedad de formas, tales como protección militar, suministro de agua e incluso exenciones de impuestos. Sin embargo, cabe señalar que la competencia de la CPI no se extiende al período anterior al 13 de junio de 2014. Asi, la Corte sólo puede investigar la construcción de asentamientos posteriores. De esto se desprende que -si prosigue la construcción de asentamientos al mismo paso- el fiscal de la CPI podría argumentar en un par de años que existe un patrón de asentamiento en el sentido del crimen de guerra mencionado y podría iniciar las respectivas investigaciones. Pero, por supuesto que existen, si miramos el reciente ataque a Gaza, casos más evidentes sobre los que recae una sospecha de constituir crímenes de guerra. Basta pensar en el asesinato de niños y las destrucciones masivas.

¿Los palestinos también tienen algo de qué preocuparse?

Evidentemente. La Fiscalía de la CPI debe actuar objetivamente e investigar en todas las direcciones. Por ejemplo, los ataques con cohetes de Hamás contra zonas residenciales israelíes pueden ser juzgados como crímenes de guerra. Precisamente por esta razón fue también bastante polémica entre los mismos palestinos la decisión de aceptar la competencia de la CPI. Las fuerzas radicales estuvieron en contra por razones obvias.

¿Cuál es el motivo de Abbas?

Creo que la paciencia del pueblo palestino y su gobierno esta llegando a su fin a causa de la táctica dilatoria del actual gobierno israelí. Los palestinos desean atender a los mecanismos jurídicos internacionales vigentes y multilaterales, con lo que la adhesión al Estatuto de la CPI es sólo una de una serie de medidas. La autoridad palestina también se adhirió a otros convenios e instituciones internacionales, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por supuesto, la CPI tiene un significado especial, lo que explica la exaltación de los israelíes y sus aliados. Sin embargo, desde el punto de vista legal es algo natural, es decir, una declaración de voluntad jurídicamente vinculante de un nuevo sujeto de Derecho internacional recientemente reconocido que, obviamente, quiere poner a prueba su capacidad de acción. Este derecho es la expresión de la soberanía de ese nuevo Estado y, por lo tanto, no puede ser negado por nadie.

Evidentemente, a Netanyahu le gustaría hacer eso.

Su actitud es muy problemática. Como sanción a la política de Abbas, Israel ha retenido impuestos recaudados que le corresponden a la autoridad palestina. Esto demuestra, en mi opinión, que el gobierno israelí no reconoce el principio de igualdad que implica la existencia de un Estado palestino, pues nadie puede, como acabo de decir, negar a otro Estado la toma de decisiones soberanas con relación a acuerdos e instituciones multilaterales. Si Netanyahu reconociera a los palestinos como socios en igualdad de condiciones, como exige el Derecho internacional, tendría que entender esto. A mi no me convence que el actual gobierno israelí quiera negar a los palestinos la posibilidad de resolver el conflicto con los medios propios del Derecho internacional. Esto es sin duda mucho mejor que la opción militar preferida por los palestinos radicales. Incluso Israel podría beneficiarse de ello con vistas a la persecución de crímenes de guerra palestinos.

Recientemente la CPI tuvo que cerrar unas investigaciones contra el presidente keniano Uhuru Kenyatta por crímenes violentos en conexión con los disturbios después de las elecciones. Los observadores han considerado esta decisión como un grave retroceso. ¿Fortalece a la CPI la adhesión de los territorios palestinos?

Yo no sobrevaloraría este aspecto. Es cierto que ahora la Fiscalía puede probar que inicia investigaciones contra partes que cuentan con el apoyo de una superpotencia como es Estados Unidos. La situación por supuesto no es fácil para la Fiscalía. Tiene que fundamentar muy bien cada decisión -si opta a favor o en contra de una investigación- y nunca podrá satisfacer a ambas partes del conflicto. En cualquier caso, la investigación debe ser profesional, apolítica y orientada a los hechos. Así sí mejoraría la reputación general de la CPI.