Golpe de Estado en Paraguay

Fue hace ya tres años, cuando el 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo -perteneciente al entorno de la teología de la liberación- fue destituido de su cargo. En aquel entonces los vecinos latinoamericanos reaccionaron de manera dura y excluyeron a Paraguay de la alianza regional Mercosur. La razón fue que la destitución repentina, que según la opinión generalizada de los expertos en el tema violó la Constitución, estuvo muy cerca de haber sido un golpe de Estado; lo que no impidió que el antiguo ministro de desarrollo alemán del Partido Demócrata Liberal lo saludara explícitamente. El factor desencadenante de la polémica maniobra que llevó a la toma del poder por el partido conservador Colorado fue una acción violenta de la policía contra una ocupación de tierra en la provincia de Curuguaty, donde murieron once campesinos y seis agentes de policía.

Esta semana se supone que habrá un proceso por aquellos sucesos: ¿le sorprende a alguien que dicho proceso se dirija únicamente hacia los que ocuparon las tierras y no contra los responsables policiales? Son ONGs alemanas y latinoamericanas las que critican las investigaciones unilaterales y deficientes de la fiscalía. El propio punto de arranque de la acción policial es muy dudoso, ya que el título de la tierra de la cual se intentó expulsar a las personas que ocuparon es altamente cuestionable en sí. Los indicios presentados en contra de los denunciados en el proceso son dudosos. Incluso se afirma que algunos ni siquiera estuvieron en la escena del crimen. A ello se suma que defensores de los derechos humanos critican el aumento de la represión: se habla de torturas y ejecuciones extralegales contra las personas que luchan por sus tierras. Porque de eso se trata: del acceso a la tierra que en sí misma ya está distribuida de manera injusta en Paraguay. La tierra está en las manos de unos cuantos, quienes la utilizan como una inmensa plantación para bienes de exportación como el maíz, la caña de azúcar y la soja, los cuales suelen ser sembrados mediante el uso de pesticidas venenosos.

Hace un tiempo hablé con los abogados defensores de los campesinos; colegas comprometidos con la lucha contra una justicia todopoderosa e injusta que, por su esfuerzo, terminaron en el punto de mira del aparato represor. En Paraguay existe con total impunidad una cadena sin fin de asalto y asesinatos hacia la mayoría indígena. Y todo ello, sin que Alemania y la Unión Europea tomen posición en contra de las constantes violaciones de los derechos humanos que allí se producen. Incluso premian la “creatividad de los políticos para engañar a la democracia y (…) aparecer como sus guardianes”, tal y como escribió Josef Oehrlein con respecto al derrocamiento del presidente Lugo. Una expresión que también podría valer para el golpe de Estado contra el gobierno izquierdista de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, debido a que la situación de los derechos humanos ha empeorado drásticamente en este país.

Desde este punto de vista, el proceso penal que se abre en Paraguay es una buena oportunidad para terminar con la negligencia -también de los europeos- de los últimos años. Se debe apoyar el movimiento social de quienes no tienen tierras para, entre otras razones, evitar el establecimiento de Estados autoritarios en el sur de América.