Los gases de la casta

Llueven estos días demostraciones de cómo actúa “la casta” y de cómo se gesta una “deuda-estafa”. Esta vez, la historia involucra a Florentino Pérez y a una serie de ministros socialistes y populares de industria y energía, megalómanos y de dudosas credenciales técnicas, políticas y morales. La casta, en este caso, se declina así: “PSOE-PP-ACS”. Esta vez, incluso, se podrían sumar al coro los fondos de inversión internacionales, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea. Todo ello con el protagonismo de “honorables” presidentes y ministros como Florentino Pérez, Rodrigo Rato, Joan Clos, Josep Piqué, José Montilla, Miguel de Sebastián o José Manuel Soria.

A estas alturas, es bien conocido el naufragio del llamado “Proyecto Castor”. Los errores de cálculo en su construcción harán, o al menos eso esperamos, que nunca se llegue a poner en funcionamiento. Sin embargo, tras ocasionar unos 500 terremotos en la zona de Alcanar y Vinaròs, dejará tras de sí un coste de más de 4.000 millones de euros. Esta cantidad deberá pagarse a lo largo de 30 años y no será asumida por los “señores de los errores” sino por nosotros, la ciudadanía consumidora de gas del Estado español, que no ha podido siquiera abrir la boca en el asunto.

La cifra equivale a más de la mitad del presupuesto en salud que la Generalitat de Catalunya ha previsto para el año 2014 (unos 8.200 millones de euros). A estos disparates se suman otros como los de las centrales nucleares construidas y deconstruidas en el Estado durante los años 80, o las autopistas, aeropuertos y líneas de alta velocidad ahora ociosos de la época de la “¡España va bien!”. Sepa pues, cuando se prepare un huevo frito con Gas Natural, que estará pagando el yate de Florentino y financiando de forma un tanto oscura al bipartidismo.

Es obvio que se trata de errores flagrantes, tanto técnicos (en el estudio de impacto ambiental del Proyecto Castor la concesionaria se olvidó del capítulo sobre posible riesgo sísmico) como políticos (apostar por el gas en un país que tiene sol y viento). No obstante, lo que nos interesa destacar aquí es que además se trata de una deuda-estafa en beneficio de algunos agentes de la casta. Hagamos pues un breve repaso histórico de cómo se gestó este “megaproyecto impuesto e inútil” como dirían los movimientos sociales de defensa del territorio.

Corría la primera mitad de los años 2000. Florentino Pérez, hijo de una familia de la casta franquista, advirtió que a medida que el imperio ACS se engrasaba con la construcción de infraestructura privada y sobre todo pública, resultaba peligroso concentrar toda la actividad empresarial en un único sector que en un momento u otro podía pinchar. Dicho y hecho, Florentino decidió adelantarse al estallido de la burbuja y diversificar su negocio hacia el sector energético. Para ello, apostó por el control de Iberdrola. El sector energético, al igual que otros, constituía un oligopolio ligado al BOE de Madrid. Las relaciones del presidente del Real Madrid con Aznar, Zapatero, Rajoy y sus ministros tienen que haber sido estrechas. Al menos a la luz de los contratos conseguidos y de su capacidad para incidir en cláusulas normativas, leyes y decisiones judiciales, tanto en el campo de las infraestructuras como en el de la banca y la energía.

En el caso Castor se alinean como mínimo tres estrellas que Florentino ha sabido aprovechar con inteligencia. En primer lugar, la apuesta de las compañías energéticas y del bipartidismo (con CiU como acompañante) por el gas como matriz energética de transición. En segundo término, el interés de un inversor canadiense vinculado a la minería de oro, con excedente de capital y muchas ganas de encontrar un socio (como Florentino) que lo ayude a obtener altas rentabilidades. Este inversor, de hecho, aportaría un tercio de la capacidad operativa de Escal UGS, mientras que ACS correría con los dos tercios restantes. En tercer lugar, una financiación del megaproyecto en cuestión sin riesgo privado, que al principio se valoró en 500 millones de euros pero que acabó costando el triple. Todo esto sucedía justo cuando la Comisión Europea decidió sortear las dificultades de las administraciones públicas europeas mediante la atracción de grandes sumas de dinero procedentes de inversores privados internacionales. Estos inversores querían apostar por las infraestructuras como activo financiero, pero querían hacerlo con apuntalamiento de dinero público.

La Comisión Europea considera que esta es la mejor manera de que la economía europea gane competitividad. Este año, el foco de inversión del nuevo pack de 300.000 millones de euros que Juncker anunció apunta a las infraestructuras, especialmente a las energéticas y a las de transporte. No es la primera vez que la UE confía en las infraestructuras como receta mágica para salir de la crisis. En julio de 2013, Castor se convirtió en el primer megaproyecto de la Unión Europea que permitía al BEI ensayar un nuevo mecanismo de financiación: los llamados Project Bonds. Florentino consiguió que el BEI pusiera en marcha una emisión de bonos por el valor de más de 1400 millones de euros. El BEI se quedó unos 300 y aceptó cobrar al final. Por si el trato no resultaba suficientemente redondo, el banco también aportaba una línea de liquidez de 200 millones. De hecho, para iniciar la construcción del proyecto, se solicitó en su momento un primer préstamo a un consorcio de 19 bancos, pagadero en 7 años. En 2013, y con la refinanciación concedida por el BEI, los términos del desembolso pasaron a ser mucho más cómodos: 21 años y medio. A resultas de esta operación, la deuda se refinanciaba y la ciudadanía se hacía cargo de ella durante 30 años, con intereses que también crecían anualmente. En todo el proceso, Florentino y el fondo canadiense apenas arriesgaron un duro de su bolsillo. Todo era crédito: una operación sin riesgos para una obra faraónica de horrible ejecución.

La sospecha de que se está pergeñando una deuda-estafa es cada vez mayor. Sobre todo cuando parece que se ha explorado la opción del desmantelamiento de las instalaciones. Este sería el escenario más lógico tratándose de una infraestructura que ya ha mostrado sus riesgos. Además, sería el único que permitiría la no-indemnización millonaria. En realidad, el Estado (y la ciudadanía) sólo tendrían que pagar este desmantelamiento si se demuestra que no ha habido negligencia o dolo por parte de la empresa, algo difícil de creer a estas alturas. Su coste ascendería a unos 200 millones de euros, bastante menos que los más de 4.000 millones de los que se habla ahora.

La sospecha de que se quiere consumar una estafa también se nota en las prisas por aprobar el Real Decreto Ley que blinda el pago de la indemnización a ACS. Si la planta no está operativa a fecha 30 de noviembre, los bonos del proyecto deberían retornarse en su totalidad. No sea que tuvieran que afrontar este pago sin haber cobrado primero. Una vez más, ningún riesgo. Si a Pérez le hubiera salido bien la jugada, el lucro para ACS sería claro. Ahora bien, cuando las cosas se han puesto difíciles, ha sido el primero en abandonar el barco. Un barco que se hunde, pero que alguien tendrá que reflotar, tapándole el agujero. Esperemos que esta vez no sea la ciudadanía.