El extraño caso del TTIP y el PSOE

El PSOE lleva en su programa electoral un apartado que se denomina “España en un mundo globalizado”. Un gran punto de partida para fomentar un debate imprescindible que se asienta en seis objetivos y tres dimensiones. Los socialistas españoles, como en el resto de Europa, quieren una Unión con liderazgo, que preserve el medio ambiente, que combata la desigualdad y preserve los derechos humanos.

Pero más allá de lo que parece obvio, el PSOE propone “Participar en la creación de un espacio atlántico”:

“Velar para que en la negociación de los tratados comerciales y en particular en el Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), se garanticen los derechos sociales, medioambientales, sanitarios, de seguridad alimentaria y la protección de datos personales alcanzados en la UE. Su formulación final deberá contribuir al crecimiento económico sostenible y a la creación de empleo de calidad. En materia de protección de las inversiones se respetarán los procedimientos jurídicos regulares. En todo caso, se preservará plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas por intereses privados.”

El PSOE habla de “velar”. Los eurodiputados europeos del grupo socialista tienen que entrar en una sala de 10 metros cuadrados, sin móvil ni acompañantes para intentar comprender qué sucede en unas negociaciones complejas y donde la mayoría de la información sigue estando oculta. Sólo cuando el TTIP esté finalizado, sabrán si Europa ha cedido a las potenciales demandas de Estados Unidos.

Al respecto, el argumento que suelen dar algunos socialistas alemanes favorables al Tratado es que, gracias a su presión sobre le Comisión, se han logrado modificaciones en temas tan polémicos como el ISDS. No es cierto. Estos tribunales, creados ad hoc para que una empresa demande a un Estado si ve que sus beneficios peligran, han sido escrutados por toda la opinión pública europea. Suele ser un error habitual entre la clase política atribuirse los logros sociales, pero en este caso ni siquiera lo es. La Comisión ha hecho una propuesta nueva que no goza ni de la aprobación de Estados Unidos ni de las grandes asociaciones empresariales. Y lo ha hecho más como movimiento estratégico para defender el tratado que como muestra de haber escuchado a los ciudadanos o a los grupos políticos. De haber sido así, habría puesto fin a las negociaciones del TTIP hace tiempo.

Los socialistas defienden un tratado que cuenta más con las empresas que con los miembros electos por los ciudadanos y del que saben más por filtraciones que por información oficial. La semana pasada, la Unión Europea fue acusada de dar acceso privilegiado a documentos confidenciales del TTIP a la petrolera ExxonMobil. Exxon fue consciente del cambio climático en 1981, pero durante 27 años gastó 30 millones en Think Tanks para negarlo. También, gracias al ISDS que propone el TTIP, la gigante de los petrodólares demandó a Canadá por cancelar un proyecto turístico por ser inviable y contaminar demasiado.

En relación a la protección de derechos, ojalá pudiera haber un debate justo con datos e información al alcance de todos. En lo que denominan como “derechos y medio ambiente”, por ejemplo, Europa ha reducido su ambición de forma abrumadora en la COP 21 para equiparase a Estados Unidos, que la ha aumentado ligeramente. Si bien es cierto que es un paso, las última filtración sobre sostenibilidad ambiental en el TTIP está vagamente redactada y ni siquiera es vinculante. “Las garantías planteadas para el desarrollo sostenible son prácticamente inexistentes en comparación con las protecciones previstas para los inversores (ISDS). La diferencia es bastante obscena,” le dijo a The Guardian Tim Grabiel, un reputado abogado ambientalista parisino que filtró el último documento al respecto. “Tiene poco o ningún valor jurídico”, añadió.

El dato de que el 45 por ciento de las 100 empresas más grandes del mundo está obstruyendo las leyes que luchan contra el cambio climático, según una ONG británica, también es ilustrativo. Son las mismas que influyen en las negociaciones sobre el TTIP y a las que la Comisión recibe a puerta cerrada. “El medioambiente en el TTIP: cuando los zorros cuidan el gallinero”, alertamos no hace mucho en este espacio.

La protección de datos es un tema igual de polémico. Dentro del capítulo de 'e-commerce' del TTIP se negocian cuestiones como el uso de los datos personales de los usuarios, el control del tráfico en la red por parte de los proveedores o el bloqueo de contenidos digitales por cuestiones de copyright.

Barack Obama ha manifestado en repetidas ocasiones su discrepancia con la Unión Europea respecto al establecimiento de normas sobre localización de datos. “Dataproteccionismo”, dijo una vez. Además, sin siquiera haberse aprobado el TTIP, Europa ya ha comenzado a postrarse ante EEUU con la firma del tratado bilateral denominado “Acuerdo de Puerto Seguro” (“Safe Harbor”), por el cual aquellas empresas estadounidenses que adopten un sistema de protección de datos similar al exigido por la UE pueden de forma aislada ser consideradas como ‘seguras’. El Parlamento solicitó que se suspendiera por “no dar las suficientes garantías en cuanto a la protección de datos de los ciudadanos”.

Por otro lado, EEUU acaba de cerrar recientemente otro mega acuerdo transatlántico, el más importante de la historia: el TPP. Entre la documentación que Wikileaks ha hecho pública se observa que todos los aspectos importantes están comprometidos: medicamentos, software y descargas ilegales.

Sobre sanidad, el debate es si cabe más complicado. La Comisión Europea, que negocia el TTIP, dice que los servicios públicos no forma parte del acuerdo. En cierto modo es así, pero tampoco han sido excluidos de las negociaciones y pueden entrar en cualquier momento a la mesa, al igual que lo hicieron en la última ronda algunos sectores sensibles como el agua. Además, con la armonización de normativas que se observan en algunos textos consolidados del TTIP, es fácil encontrar indicios suficientes para pensar que la fórmula emprendida por Margaret Tatcher para externalizar servicios básicos pueda ser incluida de nuevo.

Aspectos como no hacer algunas licitaciones públicas obligatorias y otras cuestiones que abren el mercado a las empresas privadas pueden ser vistas como barreras al comercio y ser eliminadas. No es algo que no haya sucedido en España con consecuencias reales. Los hospitales han perdido un tercio del personal de limpieza en tres años y eso no sólo implica más costes y peor servicio, sino también despidos.

La Comisión habla en el TTIP de servicios “competitivos” y suministrados de “forma cualificada”. Es el mismo lenguaje que usaron en Reino Unido cuando aprobaron la ley de 2012 que abrió la sanidad a las empresas privadas. Durante sus dos años de aplicación, 9.600 millones de libras en contratos fueron concedidos a solicitantes “competitivos”. El gran beneficiado fue el sector privado: de los 252 contratos firmados, 165 fueron a parar a suministradores que poco tenían que ver con el servicio nacional de salud británico.

“En la protección de las inversiones se respetarán los procedimientos jurídicos regulares”, dice el PSOE sobre lo que se denomina el ISDS. Debido a la retirada de las subvenciones a las energías renovables, España es el país de la Unión Europea que más demandas recibe a día de hoy ante tribunales internacionales de arbitraje a través de mecanismos como el que plantea el TTIP. El problema es que esos pleitos, cuyas costes se estiman en miles de millones, están siendo gestionados por abogados de bufetes privados muy bien relacionado con la industria y que en muchos casos proceden de una engrasada puerta giratoria.

Mecanismos como el ISDS y la ya explicada cooperación regulatoria dan más armas a las grandes empresas para bloquear y debilitar regulaciones. Van en la línea contraria de la que propone el PSOE de “preservar plenamente la capacidad de las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas públicas, que en ningún caso podrán verse menoscabadas por intereses privados”.

El PSOE, en definitiva, hace un gran análisis de la situación geopolítica a la que se enfrenta la UE, pero su respuesta se aleja mucho de los valores socialistas y coincide sin reservas con los liberales más acérrimos y los conservadores de los 28 estados miembros. Es el mismo problema al que muchos socialistas se han enfrentando y que ha provocado el rechazo sin reservas al TTIP y la división del grupo en Europa.

En Génova ni siquiera han tenido un debate interno y apoyan el TTIP fruto de la influencia del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. A nivel local, más de 20 alcaldes y concejales socialistas han iniciado o apoyado mociones de censura contra el TTIP en pequeños Ayuntamientos de España por las consecuencias que tendría para pequeñas empresas. ¿El PSOE está con las transnacionales o con los ciudadanos?