Verdad o justicia: un falso dilema

Del 21 de enero al 3 de febrero se encuentra en visita oficial en España el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: Pablo de Greiff. Su visita se añade, por un lado, a la que realizó el pasado noviembre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas; y, por otro, a las observaciones finales emitidas también en noviembre por el Comité contra la Desaparición forzada relativas al informe presentado por España al respecto. Las conclusiones de estos últimos ponen de manifiesto la enorme preocupación que genera, entre los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el desamparo en que siguen sumidas -más de 35 años después de la afamada y “modélica” Transición- las víctimas del franquismo.

La visita del relator especial es un momento idóneo para que las asociaciones de víctimas y de recuperación de la memoria histórica recuerden -a él, a la opinión pública española y a la comunidad internacional- la situación en la que nos encontramos. Una situación que bien puede calificarse de urgencia ante el más absoluto desprecio de (casi) todas las instituciones del Estado español frente a las obligaciones que le incumben con respecto a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos en que consistieron los crímenes del franquismo. El tiempo de las víctimas se termina mientras el Estado español sigue dándoles la espalda.

Véanse algunos ejemplos. Si los organismos internacionales señalan que debe facilitarse la exhumación e identificación de restos de víctimas de desapariciones forzadas, el Gobierno ni se inmuta y responde eliminando la partida presupuestaria anteriormente destinada a tal efecto; si demandan apoyo institucional para la búsqueda de la verdad -mediante la creación de una comisión oficial independiente, una base de datos o un plan nacional de personas desaparecidas-, entonces el Gobierno mira hacia otro lado y alega que con la crisis no se pueden destinar recursos a estas cuestiones; si insisten y le solicitan un impulso en el desarrollo de la ley de memoria histórica, el Gobierno responde cerrando la Oficina de Víctimas contemplada en la ley y dejando sin actualizar la información sobre los mapas de fosas. Así podría seguirse hasta un largo etcétera.

Pero aun hay más. Cuando estos organismos internacionales solicitan que se garantice a las víctimas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los culpables e imponer las correspondientes sanciones, y que para ello se derogue o prive de todo efecto a la ley de amnistía de 1977, entonces los tres poderes del Estado responden al unísono y con una sola voz. Los gobiernos tanto del PSOE como del PP han insistido siempre en el valor de la amnistía; el Parlamento español rechazó en 2011 -con los votos de estos dos partidos- una proposición por la que se pedía una modificación de la ley de amnistía que excluyera su aplicación a crímenes de lesa humanidad; y, finalmente, el Tribunal Supremo en su conocida sentencia de febrero de 2012 calificó dicha ley como hito de la reconciliación nacional y “pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo”.

Todo ello ha reforzado el marco de olvido e impunidad creado en la Transición y ha obligado a las víctimas a dirigirse, sobre la base del principio de jurisdicción universal, a la sede judicial argentina para ver si obtienen allí una justicia que el Estado español les niega. Aquí, la colaboración de las autoridades con los requerimientos que se les envían desde la justicia argentina es nula, lo que no es óbice para que la querella avance y empiecen a verse resultados, como la solicitud de extradición de algunos torturadores franquistas.

En este punto, conforme el proceso argentino va avanzando, parece atisbarse una cierta disyuntiva en las asociaciones de víctimas y, en general, en el movimiento memorialista: si bien una parte importante de ellas tiene claro que conviene afianzar e impulsar desde aquí el proceso iniciado allí (justicia); otra, en cambio, apuesta por demandar la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de la dictadura (verdad). Esta última cuenta con el potente altavoz del exmagistrado Baltasar Garzón, quien tras su expulsión de la carrera judicial centra parte de sus esfuerzos -desde la fundación que lleva su nombre- en reclamar la creación de dicha comisión.

De entrada, conviene advertir que se trata de una falsa disyuntiva. Tanto la normativa internacional relativa a justicia transicional como las experiencias habidas al respecto ponen de manifiesto que ambas dimensiones, junto con la debida reparación integral a las víctimas, son interdependientes. El propio relator especial ya insistió -en su primer informe anual emitido en agosto de 2012- en la necesidad de adoptar un enfoque global que interrelacione e integre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Si se desarrollan de forma aislada -advierte el Relator- ni siquiera los procesos más rigurosos de búsqueda de la verdad son equiparados a justicia, ya que la revelación de la verdad no satisface plenamente la necesidad de una reparación adecuada”. Esta última requiere que la justicia actúe sobre la verdad descubierta, pues de lo contrario su búsqueda podría percibirse como “un lavado de cara sin más consecuencias”.

De ahí que en el caso español no quepa insistir tan solo en el establecimiento de una comisión de la verdad. Por supuesto que es importante contar con un relato oficial de lo sucedido, máxime tras haber vivido bajo el unilateral y opresivo discurso franquista durante demasiados años. Pero también lo es impulsar la querella argentina, al ser en estos momentos la única puerta abierta hacia la obtención de justicia y, por tanto, hacia la reparación integral de las víctimas. Y es que el relato cabal de lo sucedido adquirirá plena virtualidad en la medida en que se ponga al servicio de la justicia, la cual -con sus rituales y garantías- deberá atribuir las correspondientes responsabilidades a los autores de los crímenes. Solo así las víctimas sentirán que esa verdad no se queda en letra muerta y coadyuva a su reparación.

Ahora bien, demandar y conseguir la investigación de los crímenes de la dictadura, bien en sede judicial argentina bien en cualquier otra que pudiera abrirse, desata profundos temores en las altas instancias del Estado español. Ello no deja de ser hasta cierto punto lógico, dado que investigar esos crímenes supone mucho más que cuestionar una ley de amnistía. Implica poner en jaque a la propia Transición y, en consecuencia, a las bases fundamentadoras del régimen “democrático” -hoy en profunda crisis- nacido de la misma; bases entre las que se encuentra el olvido de los crímenes y la impunidad de sus autores.

Avanzar esta conclusión ha sido una de las grandes virtudes del movimiento memorialista: la dignificación y reparación integral de las víctimas del franquismo -es decir, la conjunta satisfacción de sus derechos a la verdad y a la justicia- solo podrá hacerse mediante la superación del marco de la Transición. Conviene tener esto último bien claro si no queremos, como se dice coloquialmente, “hacernos trampas al solitario”.