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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Acebes, Libertad Digital, teoría de la conspiración y “cleptocracia”

Gonzalo Boye Tuset

Muchos -yo el primero- cuestionamos en su día la idoneidad del juez Ruz para llevar la investigación de los denominados “papeles de Bárcenas”. Sin embargo, visto de forma retrospectiva, si hay algo que tengo claro es que el ritmo que demanda esta investigación no solo es el adecuado, sino que, además, se ha avanzado mucho y que, de mantenerse esta línea de averiguación, seguramente se llegará al resultado esperado por la ciudadanía: conocer la verdad sobre un entramado de corrupción que se incrustó en el seno del Partido Popular. Lo importante será ver si se permite que continúe investigando quien mejor conoce la causa.

Mientras unos piensan que la corrupción abarca a todo el Partido Popular, otros pensamos que solo afecta a un grupo determinado de personas, partiendo por su cara más visible, que es el propio Bárcenas. Seguramente, el mayor error político cometido por dicha formación ha consistido en defender lo indefendible y a aquellos que efectivamente se habían incrustado en ella usando su estructura para su propio beneficio.

Puede que esta afirmación sea mal comprendida -y peor admitida- por quienes están convencidos de que se trata de una corrupción generalizada en el seno del Partido Popular. Pero si se analiza bien lo que hasta ahora tenemos acreditado, podemos establecer que en términos generales un grupo concreto de personas ha utilizado la estructura del PP, su posición relevante en ella y su poder político en provecho propio y para enriquecerse a cambio de favores a una serie de empresarios vinculados con la contratación pública. De eso van y eso acreditan tanto los “papeles de Bárcenas” como sus declaraciones y las pesquisas realizadas hasta la fecha por parte de la UDEF.

Esto quiere decir que existen dos elementos imprescindibles en la etiología delictiva que habría movido a determinadas personas dentro del PP a lo largo de más de 20 años: el provecho propio y el enriquecimiento personal. Entendiéndolas y localizándolas en el tiempo se comprenderá mucho mejor cómo y por qué ha sucedido lo que se está ahora investigando con dedicación, paciencia y profesionalidad tanto por parte del juez Ruz como de la UDEF.

Partiendo de este dato es como mejor se puede comprender la imputación de Ángel Acebes, que no en vano fue secretario general del PP. Su actual situación procesal causa tanta sorpresa en su sucesora (María Dolores de Cospedal) como desasosiego en Rajoy. Es la misma preocupación que pudo causarles la imputación de Rato o sus recientes e injustificables viajes a Suiza. En cualquier caso al final todo tiene y tendrá una explicación.

Para entender la imputación de Acebes es necesario comprender cuál fue el papel que jugaron determinadas personas dentro del PP y cómo fluyeron dineros desde una de las “cajas B” del PP hacia un medio de comunicaciónhacia un medio de comunicación.

Siguiendo el reciente informe de la UDEF y el resto de datos obrantes en la causa, podemos resumir la dinámica comisiva de la siguiente forma: determinados empresarios -todos ellos vinculados a la obra pública- entregaban dineros en efectivo (dinero negro) a la sede del PP donde eran recibidos bien por Lapuerta bien por Bárcenas. En un determinado momento del año 2004 Acebes les habría ordenado invertir en la ampliación de capital de Libertad Digital. Dicha orden se materializó entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2004 por un importe total de 572.400 euros.

Ese dinero en efectivo terminó ingresándose en una cuenta de Caja Madrid Bolsa, S.V. S.A., que era la entidad encargada de llevar el registro contable de la ampliación de capital organizada por Libertad Digital. Posteriormente, cuando se procedió a la venta a terceros de las acciones suscritas por el entorno de Bárcenas y Lapuerta, terminó aflorando al sistema económico una cantidad equivalente de dinero de oscuro o ilícito origen. Descrito en estos términos, no cabe duda de que estamos ante una dinámica comisiva propia del blanqueo de capitales.

Llegados a este punto muchos se preguntarán qué tiene que ver Acebes en todo esto. La respuesta es muy sencilla. La ofreció el propio Bárcenas en su declaración de 15 de julio de 2013: habría sido Acebes quien dio la orden a Lapuerta de desviar dinero de una de las cajas B del PP hacia Libertad Digital. La idea de Acebes habría sido buscar empresarios que suscribiesen dichas acciones pero, ante la tardanza en conseguirlos, finalmente se sacó dinero de una de las cajas fuertes existentes en Génova 13 -sede nacional del PP- y se acudió al rescate de Libertad DigitalLibertad Digital.

A muchos nos puede resultar extraño que un partido político acuda al rescate de un medio de comunicación que, además, en esa época era bastante marginal. Sin embargo, ni las cajas b eran del PP ni su utilización correspondía a intereses de partido, sino de personas muy concretas. En esos momentos, el rescate de Libertad Digital implicaba, más bien, el rescate del propio Acebes.Libertad Digital Me explicaré.

El 11 de marzo de 2004, cuando se producen los atentados yihadistas de Madrid, Acebes era ministro del Interior. Su nefasta gestión, tanto de la seguridad previa como de la crisis generada a partir de los atentados, le puso en el punto de mira de todos. Acebes, entonces casi tanto como ahora, necesitaba de un importante apoyo mediático para tratar de desviar la atención hacia otros y salvar así su propia responsabilidad.

Libertad Digital -entonces como ahora, un medio marginal- era el vehículo idóneo para buscar los apoyos que necesitaba. No debemos olvidar que uno de los fundadores de dicho medio era Jiménez Losantos, quien simultaneaba su participación en esa web con la dirección de uno de los programas de máxima audiencia de la radio española: “La mañana” de la COPE. Invirtiendo en Libertad Digital se accedía o podía acceder a mucho apoyo mediático y eso, sin duda, fue lo que movió a Acebes a ordenar tan extraña inversión.

A esas alturas ya estaba en marcha la llamada “teoría de la conspiración”, cuyo principal valedor es Jiménez Losantos y cuyo máximo beneficiario no era otro que el “honesto Acebes”. Teniendo en cuenta este dato, las declaraciones de Bárcenas y los documentos bancarios recopilados por la UDEF, parece más que claro que todo sucedió tal y como se ha determinado en la investigación y que, una vez más, primaron los intereses particulares por encima de los del partido.

En todo caso, y para aquellos que aún son escépticos, si se mantiene la línea de investigación actual, estoy convencido que lograremos aclarar este y otros muchos episodios. Todo ello permitirá demostrar que no se trataba de financiación ilegal de un partido, lo cual no sería delito con la legislación actual, sino de enriquecimiento de determinadas personas incrustadas en el seno del Partido Popular.

La reciente detención de Francisco Granados -junto con otras 50 personas, entre las que se encuentran políticos del PP, PSOE y UDMA- ratifica mi impresión de no estar ante financiación ilegal de uno u otro partido político, sino ante auténticas tramas de corrupción propias de un sistema agotado y cada vez más necesitado de regeneración democrática que, sin duda, pasa por una previa exigencia de las correspondientes responsabilidades penales.

Bárcenas nos dio la pista sobre a quiénes buscar (Acebes no es más que el primero) y Rato, con sus viajes, nos acaba de indicar por dónde comenzar. nos acaba de indicar por dónde comenzarEs cuestión de tiempo, independencia y profesionalidad que podamos cerrar el círculo a un grupo de “cleptócratas” que se incrustaron en un partido cuya criminalización también representa un riesgo para la democracia. Sin embargo, es insólito que se les continúe amparando porque mantengan importantes dosis de poder dentro de esa estructura de la que han usado y abusado para su propio e ilícito enriquecimiento.

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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

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