Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.
¿Por qué merecen la pena los juicios por crímenes de guerra?
Un juicio que dura años y cuesta millones de euros, y un tribunal que al dictar sentencia lamenta que la legislación alemana no contemple el tipo de crímenes que se está juzgando. Este es el llamado “juicio FDLR” -sustanciado ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart (Alemania)- en el cual dos ruandeses fueron acusados de cometer graves crímenes en el Congo oriental. El Tribunal determinó que estos líderes de una de las numerosas milicias existentes son responsables de asesinatos y violaciones, además de ser quienes dirigían las Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) mediante teléfonos satélites, mensajes de texto y correos electrónicos. El Tribunal condenó a uno de los acusados a trece años de prisión, por colaborar en la comisión de crímenes de guerra y dirigir una organización terrorista extranjera, y al segundo a ocho años de cárcel. Del debate originado por este proceso surgieron dos cuestiones centrales: ¿Vale la pena este juicio? ¿Por qué un tribunal alemán juzga delitos cometidos a miles de kilómetros?
Alemania es uno de los países que promovió el establecimiento de la Corte Penal Internacional en La Haya en el año 2002 y apoya firmemente la persecución de crímenes que violen el Derecho Penal Internacional. Todo esto no solo porque se busque resarcir o castigar los peores crímenes imaginables, sino porque además se trata de hacer ver que una sociedad democrática, justa y que busca la paz, sólo es posible si los países afectados se hacen cargo en serio de las consecuencias de las dictaduras y los crímenes masivos.
Por eso, Alemania no se limitó a apoyar a la Corte de La Haya, sino que además creó su propio Código de Derecho Penal Internacional en julio de 2002. El objetivo era y es cumplir la promesa de colaborar y tomar parte activa, junto con otras autoridades, en el intento de remediar crímenes a gran escala. Durante los primeros años el Código no se aplicó ni una sola vez, pero apareció este caso que los fiscales no tuvieron forma de evadir, pues los culpables habían actuado en y desde Alemania. Ni que decir tiene que hubiera sido preferible que las autoridades alemanas hubiesen actuado antes de que se cometieran los delitos.
Es habitual en Alemania que los juicios que involucran hechos en el extranjero duren varios años. Así por ejemplo, en procesos contra traficantes de droga o automóviles, hay grandes dificultades cuando se trata de recopilar evidencias en países como Bulgaria, Bielorrusia o Turquía. No obstante, parece que los fiscales y jueces alemanes (así como la población en general) aceptan esta demora, lo cual no deja de extrañar si se tiene en cuenta que estos crímenes son mucho menos graves que los delitos contra el Derecho Internacional. De hecho, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra afectan a la comunidad internacional como un todo y son considerados de gravedad máxima.
Al implementar la nueva legislación en Alemania se presentó el desafío de realizar investigaciones bien planificadas y juicios que cumplieran los estándares del procedimiento penal alemán. Nadie dijo jamás que esto fuera fácil, pero -y me permito ser polémico- ¿es acaso justo que las víctimas de masacres y las mujeres violadas en el Congo tengan para los tribunales alemanes menor importancia que las aseguradoras de automóviles y sus pérdidas económicas?
Desde un punto de vista más pragmático, reconocemos que trescientos veinte días de juicio contra el FDLR han puesto encima de la mesa una serie de problemas: hay víctimas sin acceso a la justicia y apenas existe evidencia clara sobre uno de los conflictos armados más importantes y largos de la historia. No hay una solución perfecta, definitiva o absoluta para los conflictos de la guerra civil de la región de los Grandes Lagos en África. Pero la inacción no sólo no es la solución, sino que agravaría la situación. Por eso, y aunque los juicios hasta el momento no parezcan más que logros mínimos y debamos enfrentarnos en ellos a muchas dificultades, tenemos que seguir adelante.
Además, es sumamente importante para casos como el de Siria: los fiscales alemanes deben siguen recopilando testimonios que puedan servir en futuros procedimientos judiciales. El objetivo es lanzar una importante señal para todo el mundo: los criminales de guerra no pueden gozar de libertad de tránsito o impunidad en Europa.
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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.