Ceuta y la Frontera Sur

Hace poco más de un lustro, un grupo de activistas e investigadores publicó en la editorial Virus un libro demoledor, titulado Frontera Sur. El trabajo comenzaba recordando algo elemental. Que las fronteras no son instituciones naturales ni políticamente neutrales. Que son creaciones convencionales que varían en el tiempo. Y que no afectan a todos por igual. Para el rico de un país rico, la frontera no suele ser más que una formalidad superable con la simple exhibición de un pasaporte. Para el pobre de un país pobre, en cambio, la frontera aparece como un obstáculo en el que puede dejarse la vida. O como una experiencia, en todo caso, que lo acompañará como su sombra, que determinará su vida cotidiana y su relación con la ley, los tribunales, la administración y la policía.

Cuando la Unión Europea procedió a su ampliación, lo hizo bajo la promesa de la apertura de las fronteras interiores. Esa apertura nunca fue plena. Y tuvo lugar a cambio de una contrapartida: la bunquerización de las fronteras exteriores. La libre circulación de capitales y de mercancías exigía cerrar el paso a las multitudes empobrecidas del Sur y del Este. Eso, o dejarlas entrar con cuentagotas, adaptando los flujos migratorios a las necesidades de un mercado de trabajo precarizado y discriminatorio indispensable para mantener la “prosperidad” del Norte.

La Unión Europea y los Estados guardianes de la frontera sur -Italia, España, Grecia- han tenido un papel central en esta política. Para ello, han desplegado legislaciones de control cada vez más autoritarias y reñidas con las exigencias garantistas más elementales. Esas medidas no solo afectan a las fronteras exteriores. Crean, en realidad, múltiples fronteras. Espacios de restricción de derechos, dentro y fuera de los Estados, que a menudo operan de manera opaca, sin controles, e incluso como espacios de muerte.

La primera frontera se sitúa en los países colindantes con la UE. A cambio de ayuda al desarrollo y de otros chantajes, sus gobiernos se encargan de mantener a raya a los que quieran marchar. Muchas de esas actuaciones constituyen una vulneración flagrante del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a migrar, a salir de su país. Cuando esta valla no funciona, otras entran en escena: la colaboración policial y militar a través de agencias como Frontex, la militarización de los puestos fronterizos o el recurso a los “retornos”, como los previstos en la llamada Directiva de la Vergüenza, de 2008. Y luego hay, naturalmente, una frontera menos visible pero igualmente incisiva: la que constituyen las identificaciones y redadas policiales en las calles, entradas de metro, estaciones de tren o de autobús, o la presencia siempre amenazante de los infames Centros de Internamiento de Extranjeros (denunciados de manera implacable por Patricia Orejudo en este blog).

Es dentro de este contexto de degradación anti-garantista como deberían leerse los hechos de Ceuta del pasado 6 de febrero. Hechos que no constituyen un fenómeno aislado, sino la expresión de un patrón más amplio de abuso del poder y de negación de derechos básicos. Como está quedando en evidencia en estos días, los mandos de la Guardia Civil ocultaron los disparos con pelotas de goma realizados en la playa contra las personas migrantes. Esos disparos, de todo punto desproporcionados, fueron negados por el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Y podrían haber provocado la muerte de 15 personas ahogadas en aguas marroquíes fronterizas con aguas españolas. De ser así, las actuaciones podrían ser constitutivas, entre otros, de delitos de homicidio y de denegación de auxilio, como se ha apuntado ya en el debate transcurrido en el Congreso.

El piadoso y creyente ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, justificó que se dispararan balas de goma, ya que no se apuntó directamente a las víctimas. No solo eso: decidió pasar a la ofensiva anunciando una contrarreforma de la Ley de Extranjería que facilite las “expulsiones en caliente”. Una medida así reduciría a papel más mojado aún la Constitución y los tratados internacionales. Algunos miembros de su Partido fueron más lejos. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, sugirió que quienes criticaban la actuación de la Guardia Civil aspiraban, en el fondo, a que los migrantes fueran acogidos por “azafatas y comités de recibimiento”.

A estas alturas, la indecencia de estos comentarios no debería sorprender. Cuando Fernández Díaz anunció su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, reconoció que uno de sus principales inspiradores había sido el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Martínez fue uno de los pocos miembros del Gobierno que defendió sin ambages las cuchillas anti-migrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. Tampoco sería extraño, pues, que estuviera detrás de los preceptos del anteproyecto que prevén sanciones de expulsión del territorio español o de falta de acceso a los permisos de residencia y de trabajo a los extranjeros que cometan infracciones muy graves o graves (como podría ser la participación en una acción para evitar un desahucio).

Discutir sobre Celta, sobre Lampedusa, es discutir sobre la Frontera Sur. O mejor, sobre los múltiples regímenes de fronteras que, de manera secreta y arbitraria, se despliegan en Europa, ofreciendo prohibiciones, control y mano dura, solo para los más vulnerables. Si los hechos del 6 de febrero quedan impunes, el precedente será nefasto. Se levantarán nuevos muros, se autorizarán nuevos disparos y la corrupción moral acabará por envenenarnos a todos. Para que ello no ocurra, deben ser denunciados y sancionados de manera ejemplar. En nombre de las víctimas, de los derechos de todos y de esa “otra Europa” que solo será creíble si consigue sacudirse con algo más que declaraciones el vergonzoso lastre del colonialismo, el racismo y la xenofobia.