Hacia una democracia de lo común

Los procesos de desposesión, mercantilización y privatización impuestos por el neoliberalismo han provocado en los últimos años la aparición de una rica multiplicidad de formas de politización desde abajo: las revueltas árabes, Occupy, el 15M, las Mareas, Podemos, etc. Una novedad reciente es el desplazamiento de parte de estas formas de politización hacia el campo electoral e institucional, donde han surgido candidaturas de unidad popular fuera del bipartidismo PP-PSOE que en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo obtuvieron resultados notables en las ciudades de tamaño medio y las de mayor población, como Barcelona, Madrid, Málaga, Cádiz, Zaragoza y A Coruña.

Una pregunta de fondo cuestiona si estas plataformas ciudadanas constituyen formas defensivas e inmediatas de lucha electoral contra los efectos del neoliberalismo globalizado, o bien si son la expresión de un nuevo e intenso ciclo de luchas institucionales que tratan de romper con el modelo de democracia que ha permitido a una pequeña élite poseer la mayor parte del poder y la riqueza. No es una pregunta sencilla, dado que se trata de procesos recientes y en construcción. Lo cierto es que, al decir de Ernst Bloch, el nuevo municipalismo ofrece pistas de un futuro que todavía no existe pero que ilumina las posibilidades del presente para originar ideas y prácticas que indican la dirección de las luchas. Y estas posibilidades apuntan hacia una dinámica institucional que aspira a alterar condiciones de vida opresivas, pues lo que está en discusión es la búsqueda de formas alternativas de practicar la democracia, de organizarse colectivamente y de aprender a vivir en común.

Como afirman Christian Laval y ‎Pierre Dardot, lo común se ha convertido en “el principio político que define un nuevo régimen de luchas a escala mundial”, un principio en situación de marginalidad desde las luchas de anarquistas, comunistas y socialistas de finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, el gran logro de estas candidaturas consiste, de acuerdo con Boaventura de Sousa, en haber repolitizado el principio de comunidad, sobre todo como factor de confluencia y articulación desde abajo en su intento de forja mayorías que les permitan gobernar.

No es irrelevante que varias de estas candidaturas hayan elegido la rúbrica “en común” como sello de identidad, ni que concejales de Ahora Madrid tomaran posesión de su cargo mediante la fórmula latina Omnia sunt communia (“todo es común”). Tampoco es baladí que, en contraste con la indefinición del Gobierno para ampliar las cuotas de aceptación de refugiados, haya sido la alcaldesa de Barcelona quien proponga la creación de una red municipal de ciudades-refugio. Y no es menos significativa la reivindicación que este municipalismo hace de lo popular, lo compartido y lo participativo como horizonte de combate contra la lógica del individualismo y la competitividad inoculada en el sentido común durante décadas de hegemonía capitalista.

Si quieren tener razón de ser, los partidos e iniciativas que apuestan por lo común como elemento de articulación y dirección de esa otra política exigida en las plazas, marchas y asambleas populares tendrán que tener audacia y creatividad para ensayar formas políticas alejadas de las raíces eurocéntricas, individualistas y capitalistas compartidas por el liberalismo y la socialdemocracia (o sus restos arqueológicos). Estas formas pasan necesariamente por el reconocimiento de la matriz comunitaria de la política.

Lo común es político y su articulación también. Necesitamos un cambio de mirada en torno a lo común, que ya no puede entenderse sólo como un conjunto de bienes o servicios públicos objeto de protección jurídica. Esta visión diluye el valor político del concepto y reduce drásticamente el campo de lo común a la identificación y gestión de distintos recursos comunes (agua, sanidad, educación, etc.). Lo común es una relación social, un espacio de construcción de vínculos de reciprocidad desde los que impulsar proyectos de resistencia frente a las agresiones de las clases dominantes, un dotar de sentidos alternativos a nuestras maneras de estar en el mundo y aprender a desarrollar formas de vida basadas en la solidaridad, la participación y la acción colectiva. Así entendido, lo común obedece a una racionalidad política potencialmente insurreccional al servicio de quienes desafían el predominio de la apropiación privada y la mercantilización de todo.

Este fue el significado que lo común adquirió en el 15M (“No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”) y que el municipalismo popular no debe olvidar. El 15M contribuyó a crear nuevas formas y espacios de lo común, imprescindibles para generar experiencias democráticas de alta intensidad: la práctica de la escucha, de la asamblea, del consenso, prácticas de socialización colectiva de sujetos que se apoyan, complementan y coordinan, etc.

Ante las posibilidades abiertas por el ciclo electoral de 2015, es fundamental apostar por la fuerza emancipadora de lo común recuperada por el 15M; una fuerza que no debe ser arrollada por ninguna maquinaria de guerra electoral ni reducida estratégicamente a una marca electoral explotable. Porque lo común, además de como espacio de confluencia, puede funcionar como eje de ruptura y transformación de un sistema basado en la subordinación de todo a los imperativos del capital.

Necesitamos con urgencia dar pasos desde lo social y lo institucional hacia una política de lo común que radicalice la democracia y revitalice las energías anticapitalistas de nuestro tiempo. Pasos hacia una democracia contrahegemónica que desmercantilice; que reconozca derechos colectivos, como el de autodeterminación, el derecho a la paz y a un medio ambiente saludable; que garantice nuevos derechos fundamentales (renta básica de emancipación, derecho al agua, al tiempo libre, a la información y la comunicación, entre otros); que combine diferentes modelos y prácticas democráticas (representativas, participativas y radicales) para producir cambios reales en las formas de hacer política; que convierta lo instituido en instituyente; que potencie la autogestión, la gestión horizontal y la creación de redes de reciprocidad; y que desborde los marcos establecidos por los dogmas y “leyes” del mercado (deuda, austeridad, acumulación, crecimiento…) para transformar el individualismo, el aislamiento y la competencia de la lógica civilizatoria del capitalismo en colectividad, solidaridad y dignidad.