Los piratas del Estado en el TTIP

La justicia, ese principio moral que inclina a obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, corre el riesgo de desaparecer para siempre. La firma del Tratado sobre la Carta de Energía (TEC) y el recorte en las renovables del Gobierno del PP han convertido a España en el paraíso para inversores extranjeros a la hora de ejercer sus demandas ante tribunales de arbitraje. La aceleración en las negociaciones sobre el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TTIP), ya que es más bien una Constitución a medida de las multinacionales, y el debate en torno al mecanismo de solución de controversias entre inversor-estado (ISDS por sus siglas en inglés), plantea si el interés privado está socavando el interés público.

En el ISDS no existe reciprocidad. Las corporaciones pueden demandar a los gobiernos a través de tribunales privados si legislan en contra de sus intereses económicos, pero los gobiernos no pueden demandar a las corporaciones extranjeras si, por ejemplo, perjudican el medio ambiente o la salud pública. Se trata de un mecanismo usado para tratados bilaterales con países en los que no se pueda garantizar que los jueces no sean corrompidos. A pesar de que este no sea el caso de Europa o de Estados Unidos, ambos lo incluyen en la mesa de negociaciones del TTIP.

Desde que Felipe González firmara el TEC, que contempla el mecanismo del ISDS, España ha sido muy activo en su uso. No sólo porque en estos momentos sea el país de la Unión Europea que más demandas recibe, sino porque es uno de los países cuyas empresas más reclamaciones realizan, sobre todo a raíz de la llegada al gobierno del PP. España tiene ya 19 procesos abiertos por la regulación de las energías renovables en el CIADI, el organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados, lo que le convierte también en el tercer país del mundo con más procesos abiertos.

La avalancha de demandas de inversores internacionales contra España es tal que en dos meses ha recibido cinco, la mitad de los países de la UE fueron pleiteados una o ninguna vez en todo 2014, según datos del CIADI. Rusia ya anunció en octubre de 2009 su retirada del TEC -aprobado después de la caída del telón de acero con el objetivo de promover la cooperación energética- tras verse obligada a compensar a una petrolera con 50 millones de euros, la sanción más grande aplicada nunca a través del opaco mecanismo del ISDS. Italia, en cambio, lo ha hecho durante este mes de agosto. Aunque los motivos oficiales indican “una reducción del gasto”, las críticas de la opinión pública hacia el mecanismo del ISDS (considerado antidemocrático y poco transparente) han sido tales que hasta han motivado la presentación ante el Senado de una proposición de ley por parte de la organización STOP-TTIP.

Cuando la crisis económica es negocio

En España, los últimos inversores en poner una demanda han sido los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav junto con Schwab Holdings y la alemana E.ON. El resto de querellantes son en su mayoría fondos que, atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno, invirtieron en renovables. Debido a la crisis financiera y al estallido de la crisis del euro, el Gobierno se vio obligado a ahorrar y acabó con la promoción de medidas para la electricidad verde.

Al margen de que no hay disponibles cifras exactas sobre las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente España, los expertos hablan de miles de millones de euros. Una aproximación la hizo el año pasado el Corporate Europe Observatory, que alertó de que “inversores especulativos reclamaron más de 1.700 millones de euros en concepto de compensación a Grecia, España y Chipre ante tribunales internacionales privados por medidas adoptadas para afrontar la crisis económica”.

En estos momentos, la oleada de demandas en los tribunales de arbitraje que recibe España provienen únicamente del sector de las renovables; el Tratado sobre la Carta de Energía es el único acuerdo firmado por España que incluye el mecanismo que permite estos litigios internacionales. De aprobarse el TTIP, y por tanto el ISDS, el margen podría ampliarse al resto de áreas comerciales que están en juego y las consecuencias económicas de afrontar las demandas podrían ser tremendas para el país. A pesar de ello, España es uno de los países de la UE más activos a la hora de apoyar esta cláusula. Para entender qué intereses se encuentran detrás de esta defensa a ultranza del ISDS en el TTIP, hay que entender quién forma parte de estos tribunales privados -que escapan a la justicia nacional o europea.

La mayoría de paneles de arbitraje están integrados por tres personas. Cada una de las partes afectadas en el litigio eligen un árbitro; el tercero, el presidente, suele ser designado por los dos árbitros nombrados por las partes. Estas figuras pueden proceder de firmas de abogados, del mundo académico y de instancias gubernamentales. Y aunque hay miles de abogados que desean convertirse en árbitros, pocos lo consiguen. Según un informe del Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, sólo quince árbitros han dirimido el 55 por ciento de los innumerables casos estudiados.

El estudio anterior, Cuando la crisis es negocio, estima que cada caso tiene un coste medio de 8 millones de euros, y que puede superar los 30 millones en otros. Y ahí está el negocio: en el coste legal. En torno al 80 por ciento acaba en manos de los abogados, que acostumbran a ganar un promedio de mil dólares la hora por cada uno de los integrantes de su equipo, y de los jueces, que cobran 3.000 dólares por día. Todo ello sale de los impuestos de los ciudadanos, claro.

España, según datos del CIADI, es el tercer país que aporta más árbitros, conciliadores y miembros de comités ad hoc de Estados miembros de la UE en los casos registrados bajo el CIADI, organismo que recoge buena parte de los casos de arbitraje internacional. Nos encontramos, por tanto, ante un grupo de interés muy poderoso, cuyo deseo principal es que el TTIP se apruebe con el mecanismo del ISDS. Para ello, van más allá. Este selecto grupo de abogados especializados animan a los Gobiernos a firmar tratados que están redactados en unos términos que maximizan las posibilidades de interponer demandas. La muestra más evidente es la última propuesta de la Comisión Europea en el marco del TTIP, que pasa por imponer una lista cerrada de árbitros para los conflictos entre el sector público y privado. Es decir, los árbitros del sector privado pasarán a ser quienes defiendan a un país cuando tenga conflictos con una empresa (las cuales suelen ser clientes asiduas de los bufetes de abogados de donde proceden dichos árbitros). Y no sólo, todo ello se hará en secreto y en tribunales que están por encima de la soberanía de los países e incluso de la propia Unión Europea.

El poderoso cuerpo de los abogados del Estado 

En España, los abogados del Estado son un cuerpo muy poderoso dentro de la Administración y ocupan puestos de representación importantes. Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete y Dolores de Cospedal son algunos ejemplos. Pero otros, un 40% de los 650 abogados del Estado, están en excedencia. En un caso flagrante de puertas giratorias van a parar a grandes bufetes, empresas del IBEX, consultoras o despachos propios.

Allen & Overy, el despacho que más casos lleva contra España en los tribunales de arbitraje, tiene como socio al que se convirtiera en abogado del Estado en 1997, Antonio Vázquez-Guillén. Esta firma de abogados fue la primera en representar los intereses de un inversor contra España, el grupo de inversor fotovoltaicos que en 2011 pidió 600 millones de euros por las reformas energéticas llevadas a cabo por el Gobierno. Entonces se abrió la veda, y en la actualidad, abogados del Estado en excedencia asesoran a fondos extranjeros en 12 de los 20 arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. “A mí me gustaría marcar goles para el Madrid, pero si me ficha el Bayern tengo que marcar para ellos”, le comentaba uno de ellos a El País.

En definitiva, gracias a mecanismos como el ISDS planteado en el TTIP, un selecto y poderoso entramado de abogados se lucra asesorando a empresas extranjeras que tratan de minar los recursos económicos de países azotado por la crisis. El Gobierno de España apoya estos tribunales privados, a pesar de los costes que tiene para los ciudadanos. También los europarlamentarios electos de PP, PSOE, CiU, PNV y Ciudadanos que votaron en julio en favor del TTIP y de la existencia de estos tribunales de arbitraje al margen de la justicia de cada país.

El régimen del arbitraje de inversiones garantiza el trato favorable a los inversores extranjeros y privatiza en cierto modo la justicia. Se les otorgan más derechos a las empresas que a las personas y las comunidades de un país, incluso cuando estas se ven igual de afectadas por las medidas que llevaron a la disputa.