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Asturias pide la suspensión de la 'ley Wert' hasta que decida el Tribunal Constitucional
Asturias —
El Gobierno de Asturias solicita la suspensión de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como la ‘ley Wert’, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentará contra la reforma educativa que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Los servicios jurídicos del Principado han elaborado un informe, en el que concluyen que la nueva normativa incumple varios principios fundamentales, como invadir y vaciar de competencias educativas a la comunidad autónoma, favorecer la discriminación por sexo del alumnado y limitar la participación de los padres en el control y la gestión de los colegios e institutos.
Ahora, el ejecutivo autonómico elevará este informe al dictamen del Consejo Consultivo para recurrir al Tribunal Constitucional antes del 10 de marzo, último día de que disponen las comunidades autónomas para frenar la ‘ley Wert’. Asturias es la quinta autonomía, junto con Andalucía, País Vascos, Canarias y Cataluña, que rechaza la normativa impulsada por el Ministerio de Educación.
Según la consejera de Educación, Ana González, en el recurso se hará la petición expresa de suspensión de la LOMCE, que Wert quiere poner en marcha el próximo curso, ante “los perjuicios irreparables que va a causar a derechos fundamentales como la igualdad, la libertad religiosa y la educación”.
Los servicios jurídicos han detectado varios artículos que incumplen principios recogidos en la Constitución. La nueva normativa invade varios preceptos competenciales, entre ellos privar a Asturias de las posibilidades de completar los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación establecidos para las asignaturas troncales y específicas.
Además, vulnera el artículo 27.2 y 3 de la Constitución en la regulación de las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos como alternativas a la asignatura de Religión. Otro punto es la discriminación del alumnado, al autorizar la financiación de centros privados que apuesta por la separación de sexos en la enseñanza.
En contra de las sentencias judiciales dictadas a este respecto, la ‘ley Wert’ introduce dos nuevos párrafos, que consideran que “no constituye discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos” y que “en ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas”.
En este caso, el Gobierno de Asturias se plantea la inconstitucionalidad, tanto en lo que se refiere a la enseñanza de alumnos y alumnas separados, como del acceso de estos centros a la financiación de fondos públicos. A juicio del Principado, la LOMCE también vulnera el artículo 27.7 de la Constitución, al limitar la participación de los padres en el control y gestión de los centros en favor de la figura del director. Para Ana González, “es una más de las contrarreformas impulsadas por Mariano Rajoy”.
