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“Si a Franco lo hubieran juzgado en Núremberg, lo habrían colgado”
Asturias —
¿Por qué el Gobierno mantiene como ‘secretos oficiales’ documentos de la etapa del régimen franquista? Esa es la pregunta que se hace el senador de Izquierda Unida por Asturias, Jesús Iglesias, después de presentar una moción en el Senado, junto a su colega andaluz, José Manuel Mariscal, para modificar la ley 9/1968, que deja en manos de la Junta de Jefes del Estado Mayor la clasificación de documentos. Dicha moción, será reforzada por IU con una proposición de ley en el Congreso.
La única respuesta que encuentra Iglesias está en “la mala conciencia de ciertos sectores, que no quieren reconocer ni asumir que fue un régimen genocida, porque si a Franco se lo hubiera juzgado en Núremberg, lo habrían colgado”.
Lo que esconden esos documentos, los detalles y la interpretación por parte de España, está vetado por el gobierno de Mariano Rajoy, que se acoge a una ley preconstitucional, y a la decisión que adopte el máximo órgano del Ejército, para rechazar el acceso a informaciones de la etapa franquista, que permanecen clasificadas como ‘secretos de Estado’ por tiempo indefinido.
“Para conocer los crímenes franquistas, se necesita acceder a esa información”, comenta el senador, que asiste perplejo a que España sea el único país que niega a los historiadores información que otros países, como Alemania o Estados Unidos, ya han desclasificado, y “sobre la que tiene que haber muchos apuntes que desconocemos”. Pero tampoco investiga los crímenes que se cometieron durante el pasado siglo XX.
Y es que a su entender, a los tribunales españoles les importa poco la crítica internacional, porque España cuenta con leyes tan arcaicas, como la 9/1968, que son capaces de tapar los trapos sucios “y de olvidarse de la propia jurisprudencia española, que abrió la puerta a un concepto internacional de la Justicia”.
La moción de los dos senadores, que pide eliminar la facultad del Ejército a clasificar documentos franquista sin límite de tiempo, surge a raíz de la negativa del Gobierno a historiadores, como Ángel Viñas, para acceder a cuestiones tales como la organización y despliegue de unidades durante la Guerra Civil, la repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias en Ifni y Sáharao las actividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente.
Para Jesús Iglesias, la “anomalía es tan absurda, que roza el esperpento”. En el fondo, lo que transciende es que no se quiere abrir esta puerta, aplicando una ley “que carece de legitimidad”. Los senadores de IU son conscientes de que su moción no pasará el rodillo popular y que tampoco lo hará, la proposición de ley que el grupo de Cayo Lara presentará en los próximo días en el Congreso de los Diputados, y más cuando hay un proyecto del Gobierno que fija en 50 años la fecha de caducidad de los secretos de Estado. De ser así, la historia del franquismo no se conocerá hasta pasado el 2025.
