La UE pide el compromiso de los gigantes informáticos para luchar contra la “radicalización online”
La Unión Europea considera alarmante “el creciente papel” que Internet y las redes sociales están adquiriendo como medio de difusión de mensajes radicales y vía de reclutamiento de futuros adeptos de grupos terroristas, por ello celebra estos días un foro de diálogo con las principales empresas de Internet –entre las que se encuentran Facebook, Twitter, Google, Microsoft y Ask.fm— para tratar de detectar y eliminar “contenido online dañino”.
“Los terroristas están abusando de Internet para difundir su venenosa propaganda, y esto tiene que parar” ha manifestado el comisario de Migración, Asuntos Domésticos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, poco antes del comienzo del encuentro. “La colaboración voluntaria que lanzamos hoy con la industria de Internet llega en el momento oportuno para abordar este problema”, si bien la reunión estaba ya prevista desde 2014.
El European Internet Forum (Foro Europeo de Internet) impulsado conjuntamente con la Comisión de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, que dirige Věra Jourová, pretende alcanzar un acuerdo público-privado en el que corporaciones líderes como las mencionadas –pero también pequeños actores— adopten “voluntariamente” medidas para evitar el acceso a material terrorista online por medio de su eliminación, hacer un mejor uso de Internet en la difusión de narrativas anti-terroristas y abordar la preocupación de los cuerpos de seguridad sobre el uso de tecnologías de cifrado por parte de terroristas en sus comunicaciones.
Un encuentro que viene precedido de la aprobación la semana pasada por parte del Parlamento Europeo (por 548 votos a favor, 110 en contra y 36 abstenciones) de una resolución no vinculante en el que, entre otros puntos, la parlamentaria francesa y relatora de este informe “para combatir la radicalización de jóvenes europeos”, Rachida Dati, reclama que se pueda responsabilizar a las empresas privadas que no retiren contenido online declarado como radical.
La europarlamentaria gala, ministra de Justicia durante el mandato presidencial de Nicholas Sarkozy, llega a sugerir en este informe elaborado a iniciativa propia, que los Estados Miembros contemplen incluso “procedimientos penales” contra estas empresas de Internet, redes sociales y suministradores de servicios que se nieguen a retirar contenido que haga apología del terrorismo.
Posiciones, las del Parlamento y la Comisión, que reprochan desde la plataforma de Derechos Digitales Europeos, EDRi, al considerar que con este tipo de iniciativas las instituciones europeas “están cediendo su responsabilidad a las empresas, al esperar que sean ellas las que censuren contenidos en línea en base a sus términos y condiciones de servicio contratados con sus usuarios y no en base a leyes”, explica Maryant Fernández.
“En la práctica esto significa que restringir los derechos humanos es más fácil para las empresas que dejar contenidos en línea”
“Con estos foros, a las empresas sólo se les pide que ‘voluntariamente’ tomen medidas para combatir el ‘terrorismo’ o discursos que inciten al odio. Esto se hace generalmente sin ningún análisis significativo de si este tipo de medidas son útiles, necesarias o proporcionales; sin ningún proceso de revisión y sin ningún control en cuanto a si el impacto de estas medias podría ser incluso contraproducente”, incide la portavoz de Edri.
Control de las comunicaciones online
Para Jourová resulta “cada vez más evidente que las incitaciones al odio en el ámbito online conducen a la violencia offline, por lo que hay que limitar y erradicar este fenómeno online”. “Sin embargo, es un ejercicio que requiere definir claramente donde acaba la libertad de expresión y donde empiezan el odio y las amenazas”.
Pese a que tal y como se ha conocido por las fuerzas de seguridad europeas –recuerdan desde Edri— los terroristas utilizaron mensajes SMS, Facebook y tarjetas de crédito a su nombre en sus operaciones, este discurso que incide en la necesidad de limitar algunos usos de la tecnología como el cifrado de las comunicaciones, si bien no es nuevo sí viene intensificándose tras acontecimientos recientes en Europa como el asalto a la redacción de Charlie Hebdo o los atentados de París el pasado 13 de noviembre.
Así el debate sobre la necesidad de dotar a las autoridades de un mayor control en el acceso a la información de los ciudadanos ha vuelto a prender la llama de las denominadas ‘backdoors’ o puertas traseras por las que las autoridades puedan acceder a los sistemas de cifrado utilizados numerosos software. Una polémica sobre la que la Unión Europea no acaba de posicionarse claramente.
Mientras el vice-presidente de la Comisión Europea y responsable al frente del proyecto de Mercado Único Digital de la UE, Andrus Ansip, rebatía el pasado mayo los rumores alegando que “en la Comisión Europea nunca tuvimos y no tenemos planes para crear puertas traseras en sistemas de identificación”; Gobiernos como el del Reino Unido, liderados por el conservador David Cameron, han reclamado abiertamente que se creen puertas traseras para que los servicios secretos puedan comprobar las comunicaciones.
En esa misma línea se manifestaba el propio coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, Gilles de Kerchove, el pasado enero en un documento oficial filtrado por el grupo defensor de las libertades civiles, Statewatch. Kerchove ponía de manifiesto --en un briefing para una reunión de ministros de Interior europeos-- como la criptografía hace “cada vez más difícil e incluso imposible la interceptación (de información) por parte de las autoridades de seguridad nacionales”.
“La Comisión (Europea) debería ser invitada a explorar reglas que obliguen a las compañías de telecomunicaciones e Internet que operan en la UE a facilitar, bajo determinadas condiciones establecidas en leyes nacionales y en total respeto de los derechos fundamentales, acceso por parte de las autoridades nacionales relevantes a las comunicaciones --por ejemplo, compartir claves cifradas”, solicitaba Kerchove en su informe.
Una ambiciosa agenda de seguridad
Por el momento se desconocen las decisiones en firme que tomarán las empresas invitadas a este Foro y cómo terminarán de afectar al total de los usuarios de sus servicios.
Estas medidas se sumarían a la labor de identificación de material terrorista en Internet por parte de la Unidad de Referencia de la UE (IRU según sus siglas en inglés) perteneciente a la Europol ya en activo desde julio de 2015. Una vez detectado el contenido sospechoso, la Europol informa a las compañías de Internet cuyos términos y condiciones hayan sido violados y sus sitios utilizados por organizaciones terroristas.
Un acuerdo por ahora voluntario que de hecho la Comisión quiere abordar en su Estrategia para un Mercado Único Digital; en revisión de la actual Directiva de Comercio Electrónico (e-Commerce) que ya prevee que cuando un contenido ilegal es idenificado, los proveedores de servicios de Internet deben tomar acciones efectivas para eliminarlos.
Asimismo, forman parte de las estrategias digitales de la Agenda Europea de Seguridad, establecida hasta 2020, la actividad habitual del Centro Europeo de Ciberdelitos de la Europol y la Red de Concienciación sobre Radicalización --centro de excelencia en funcionamiento desde el mes de octubre y que cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros para los próximos cinco años.
