Muerte al cine español
Está en boca de todos: el cine ha sido el gran castigado en los Presupuestos Generales del ministro Montoro. Las ayudas al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) han bajado de los 55,7 millones del año pasado a los 50,84, un recorte del 8,8% que se suma al 19 % del año anterior y que contrasta con las subidas del 25% y el 53% para teatro, música y danza.
El mayor impacto lo ha sufrido el Fondo de Protección a la Cinematografía, creado en 2007 y del que salen todas las ayudas al cine español. Ahora el drama es que las ayudas se pagan con dos años de retraso: el Gobierno debe todavía 21 millones de películas estrenadas en el trimestre final de 2011 y la deuda acumulada para el 2014 es de unos 45 millones de euros. Sólo esa deuda supera los 33,7 previstos para el fondo de 2014, y esto sin entrar a hablar de qué va a pasar con las nuevas producciones.
En otras palabras, el cine español tiene una deuda que el Gobierno no va a pagar. El recorte de este año afecta a las productoras de manera retroactiva porque el Gobierno prometió un dinero que ahora ya no existe y las productoras han quedado al descubierto con los bancos, que aceptaron la ayuda como garantía pero no la responsabilidad. El modelo burocrático que se ha utilizado hasta ahora exige que se facture hasta el último euro de dichas ayudas para poder recuperar el dinero dos años después. “Con esta cifra no podemos hacer frente a las deudas por ayudas a la amortización que tenemos con películas estrenadas en años anteriores –ha explicado la directora general del ICAA, Susana de la Sierra–. Ni a las que debemos pagar en este último trimestre, ni a las del año próximo. Estamos ante un problema específico y grave porque los productores tienen créditos contraídos por esa cifra. No podemos dejar de pagar”. Pero el ICAA lleva dos años hablando de aumentar ligeramente los beneficios fiscales sin que el Ministerio mencione la posibilidad.
Más que un problema de cultura, España sufre un problema cultural. En otros países, la producción artística (especialmente, la cinematográfica, que es la más exportable y la que tiene mejor escaparate) se considera una inversión, no una carga. En 2011, el UK Film Council anunció que se habían gastado más de mil millones de euros en producción cinematográfica. El estado de Dinamarca financia cada año 25 superproducciones y hasta 30 documentales con un presupuesto de 70 millones de euros anuales, unos 2,5 millones por película. El año pasado, el Ministro de Cultura alemán anunció que el fondo cinematofráfico alemán subiría 10 millones anuales, unos 70 millones de euros. Ninguno de estos países se ha enfrentado a la escalada de impuestos, el más alto de Europa, del 7% al 21%, que el Gobierno español impuso a la producción cultural en septiembre de 2012.
En España, por otra parte, el Ministro Montoro “no es partidario de subvenciones excesivas a ningún tipo de actividad”. Los excesos: el Fondo de Protección a la Cinematografía, votado por el PP y el PSOE en 2007 para sacar al cine español de la miseria, ha bajado de 76 millones (2011) a los 33,7 en 2014, pasando por los 49 (2012) y los 39,28 millones de 2013. Pero Montoro considera que “los problemas del cine no tienen que ver solo con las subvenciones sino también con la calidad de las películas que se hacen”, una declaración que se suma a la de que nuestros actores tienen la mala costumbre de no pagar impuestos. Como ha declarado Enrique González Macho, “no es que no se apoye al cine, es que parece que se lo quieren cargar”.
