“Las amenazas contra el cifrado y anonimato reflejan que los derechos online están en peligro”

“El cifrado y el anonimato proporcionan la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión en la era digital”. Es la categórica conclusión a la que llega el relator especial para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, David Kaye, en uno de sus últimos informes.

Y continúa: “Esa seguridad debe ser esencial en la práctica de otros derechos, incluidos los económicos, a la privacidad, libertad de reunión y asociación pacífica, y el derecho a la vida e integridad física. Dada la importancia de los derechos a la libertad de opinión y expresión, las restricciones al cifrado y anonimato han de estar estrictamente limitadas a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad”, asegura en el escrito el relator.

En un momento en el que la agenda internacional parece dictarse a golpe de titular, este informe presentado ante la Asamblea del CDH-NU el pasado mes de mayo viene a responder y contradecir las numerosas voces que, tras los recientes ataques terroristas de París, han llevado a gobiernos y agencias de seguridad occidentales a reclamar un mayor acceso a las comunicaciones de los ciudadanos. Se ha situado así el ojo del huracán en el uso de tecnologías de cifrado como posibilitadoras de este tipo de acciones.

Tal y como apunta Kaye en declaraciones a eldiario.es, “tras los ataques terroristas, el debate público sobre estas herramientas es habitualmente apresurado, falto de transparencia y suele enmarcarse únicamente en la lucha contra el terrorismo o las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Como resultado, es común que las respuestas sean desproporcionadas e interfieran con derechos a la libertad de expresión”.

Así, entre las conclusiones de este informe -que por un lado pretende cuestionar si los derechos a la privacidad y libertad de opinión y expresión protegen la seguridad de las comunicaciones online, concretamente el cifrado y anonimato; y por otro, hasta qué punto pueden los gobiernos, en connivencia con las leyes del derecho universal, imponer restricciones al cifrado y el anonimato- se estima que los estados deben adoptar políticas no restrictivas o de protección integral, adoptar únicamente restricciones en función de cada caso, solicitando órdenes judiciales para toda limitación específica, y además promover la seguridad y la privacidad en línea mediante la educación pública.

Para Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión desde agosto de 2014, “hay tendencias preocupantes por todo el mundo, en todas las regiones, norte y sur, países desarrollados y en desarrollo”, por lo que puede decirse que según las conclusiones de su investigación, en la actualidad ningún país del mundo puede erigirse como garante ejemplar de los derechos digitales de sus ciudadanos.

"Los derechos online están en peligro y las amenazas contra el cifrado y el anonimato (en las comunicaciones online) son un reflejo de ello. Con suerte este informe destaca estos aspectos críticos y ayuda a motivar a los estados a adoptar políticas y leyes a nivel nacional que respeten la legislación de los derechos humanos".

También alerta de que “los ataques a la libertad de expresión se encuentran en aumento tanto en los espacios tradicionales como online”. E incide en sus conclusiones en recalcar que “los estados no deben restringir el cifrado y el anonimato que facilitan y a menudo contribuyen al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Las prohibiciones generalizadas no son necesarias ni proporcionales”.

Nuevas leyes enmarcadas en la 'lucha contra el terrorismo'

Para el relator de origen estadounidense, los gobiernos “deben evitar todas las medidas que debiliten la seguridad de la que pueden disfrutar los usuarios de la red, como puertas traseras, estándares de cifrado deficientes y depósitos de llaves”. Además, de “abstenerse de establecer la identificación de los usuarios como condición para acceder a las comunicaciones digitales y a los servicios en línea, y de obligar a los usuarios de teléfonos móviles a que registren sus tarjetas SIM”.

Cuestiones estas, las del acceso a las comunicaciones a través de las denominadas “backdoors” o la cesión de datos cifrados establecidas mediante acuerdos con empresas privadas proveedoras de servicios informáticos o de telecomunicaciones, para las que Kaye también dedica una advertencia al invitarles a “considerar sus propias políticas que restringen el cifrado y el anonimato -entre otras cosas, mediante el uso de seudónimos-”, y que están de plena actualidad en la Unión Europea.

“El descifrado por orden judicial, sujeto a la legislación nacional e internacional, solamente puede ser admisible cuando se base en leyes trasparentes a las que el público tenga acceso, y se aplique a las personas en función de cada caso -es decir, no a un grupo de personas-”, exhorta a los actores empresariales.

“El Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General (de la ONU) han manifestado en repetidas ocasiones que la ley es la misma tanto para el ámbito online como el offline. La cuestión es cómo asegurar su implementacion en cada uno de estos entornos que son distintos. Y cómo se incluyen en la Era Digital estos derechos ya sólidamente asentados”, apunta Kaye.

“Tenemos un marco legal vinculante adecuado en los convenios internacionales y regionales, aunque está claro que también los gobiernos perciben amenazas especiales procedentes de Internet. Por ello tenemos que animar encarecidamente a la aplicación de la legislación existente en estos espacios relativamente nuevos, no especialmente pedir nuevas leyes”.

Mención especial a Tor como garante de la libertad de expresión

En su informe -para el que se hizo una convocatoria de participación abierta entre los estados miembros de la ONU, al que respondieron con su participación 17 países (entre los que no se encuentra España) junto a numerosos actores de la sociedad civil como la Electronic Frontier Foundation (EFF), el Electronic Privacy Information Centero o Global Network Initiative- Kaye reconoce un “lado 'oscuro' del cifrado y el anonimato”, el cual procede del hecho de que “las infracciones del mundo real también tienen lugar en el mundo virtual”.

“Sin embargo, al mismo tiempo las fuerzas del orden utilizan con frecuencia las mismas herramientas para garantizar su propia seguridad operacional en las operaciones encubiertas, mientras que los miembros de los grupos vulnerables pueden utilizar esas herramientas para proteger su vida privada frente al acoso”, recordando que los gobiernos tienen a su disposición muchas otras “herramientas alternativas”, como las escuchas telefónicas, la geolocalización, el manejo de datos o la vigilancia tradicional, que refuerzan la labor contemporánea de lucha contra el terrorismo.

Kaye cita en su informe algunas herramientas destacadas utilizadas por usuarios que persigan el anonimato u ocultar su identidad -como por ejemplo ocultar su direccion IP original- frente al Estado o a incursiones delictivas. Por eso están las redes virtuales privadas (VPN), los servicios proxy, las redes y softwares anonimizadores, y las redes peer-to-peer. De entre todas ellas, Kaye tiene una mención especial para la “muy conocida” red Tor, y los diversos intentos por parte de algunos países de combatirla denegando su uso.

“China ha bloqueado por mucho tiempo el acceso a Tor, proxies y VPN; y se ha demostrado oficialmente que el gobierno ruso ofreció más de 100.000 dólares para desarrollar técnicas que permitan identificar a usuarios de esa red”, señala. Y adicionalmente, existe constancia de que Etiopía, Irán y Kazajistán han intentado bloquear el tráfico de Tor.

Pero no hay que echar la mirada tan lejos o fijarse en supuestos países no democráticos para ver que estas prácticas se manifiestan en nuestro entorno más cercano. Así, hace apenas unos días se conocía por una filtración al diario francés Le Monde Diplomatique que la vecina Francia, trabaja en un proyecto de Ley en el que se contempla “bloquear o prohibir todas las comunicaciones de la red Tor”, y controlar aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) como Skype o Telegram -estas últimas no se considerarían ilegales pero las empresas estarían obligadas a ceder las claves de sus usuarios o dejar puertas traseras para facilitar la identificación de sus usuarios-.

Medidas legislativas que, sin duda, caminan en dirección opuesta a las sugerencias manifiestas en este informe del Consejo de los Derechos Humanos en el que incluso se insta a la “protección y promoción del acceso a este tipo de herramientas, ya que pueden ser el único mecanismo que los individuos tengan para ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión de forma segura”.

Un discurso que aboga por el refuerzo de la protección de la privacidad de los ciudadanos frente a la debilitación de los mismos al que se suman diversas voces del activismo por los derechos fundamentales como el informático y defensor de Tor, Jacob Appelbaum, en la reciente conferencia World Forum Democracy celebrada en Estrasburgo.