Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE
Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.
Apple vs. FBI: la saga continúa
En la primera gran guerra entre Apple y el FBI no ganó nadie: Apple resistió y el FBI se retiró del campo de batalla literalmente 22 horas antes de perder. El pasado viernes, como era de esperar, el Departamento de Justicia anunció que reabría un caso exáctamente igual en el que cambian el iPhone5 del terrorista de San Bernardino por el de un traficante de drogas llamado Jun Feng. El Ejecutivo ha repetido argumento, diciendo que “continúa requiriendo la asistencia de Apple para acceder a los datos” del móvil del sospechoso. Que fue lo que dijo sobre el móvil de San Bernardino pero, como auguró Snowden, la primera compañía a la que acudieron tardó 11 horas en franquear la seguridad del dispositivo.
El principal acusado en esa causa, Jung Feng, fue detenido en el distrito de Queens el 11 de junio de 2014 por conspirar junto con otras cuatro personas más para traficar con metanfetaminas. El FBI llevó el caso a tribunales y, el pasado febrero, un juez de Nueva York consideró que era inaceptable obligar a Apple a desbloquear el teléfono de Feng, y el gobierno ha recurrido. No era el primer caso; ha habido al menos nueve casos como este y hay abiertos al menos 17 desde el mes de octubre. En todos ellos el FBI está tratando de usar una ley de 1789, cuando el presidente era George Washington y el vicepresidente era John Adams, para obligar a las compañías tecnológicas a crackear sus propios teléfonos. Esto es, crear puertas traseras a la información protegida de todos sus usuarios y clientes.
Una ley bicentenaria para dominarlos a todos
El gobierno norteamericano ya había usado esa ley en 1977 para obligar a las compañías telefónicas a poner chivatos en los teléfonos de usuarios que fueran sospechosos en una investigación criminal para ver a quién llamaban. Pero esto era un aparato analógico que solo funcionaba en un teléfono, mientras que lo que quieren de Apple es un software capaz de abrir todos los teléfonos. Este año, se han abierto 76 casos en 22 estados para conseguir ese precedente legal. Si lo consiguen en uno solo, los habrán ganado todos. Aun en el caso de que los usuarios confiaran que el gobierno norteamericano hará un uso intachable de la información, lo que requieren es software y es solo cuestión de tiempo que ese software caiga en malas manos, dejando vulnerables a millones de usuarios.
Si los EEUU consiguen obligar a sus propias empresas a exponer a sus usuarios, otros gobiernos más peligrosos harán inmediatamente lo mismo, y las organizaciones criminales también. Morirán más activistas, periodistas, investigadores y disidentes que criminales. Y es acambio de poco: el mismo Obama ha tenido que admitir que no hay un solo caso en el que el entramado ilegal de vigilancia masiva de las agencias de inteligencia haya detenido un ataque terrorista.
En un escrito remitido al juez encargado del expediente, el Departamento de Justicia dijo que sigue requiriendo la asistencia del gigante informático en el marco de la investigación. Según las autoridades, el método utilizado para acceder al iPhone de San Bernardino no funciona en otros modelos como este y la empresa de Cupertino cumplió en el pasado con solicitudes de asistencia similares. Parece que empieza la nueva temporada del culebrón más excitante del mundo tecnológico.