Google apoya a Apple en su resistencia a la autoridad

El exanalista de la CIA Edward Snowden y el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, han defendido a Apple ante el Gobierno de EEUU y el FBI por la orden judicial que obliga a la compañía a desbloquear el iPhone usado por uno de los autores del tiroteo de diciembre en San Bernardino (California).

En concreto, la juez Sheri Pym de la Corte de Distrito de Los Angeles ha emitido una orden judicial que obliga a Apple a proveer de “asistencia técnica razonable” a los investigadores para acceder a la información bloqueada. Esto supone “piratearlo” para desactivar el sistema de seguridad que elimina los datos del teléfono si no se introduce el código correcto tras varios intentos.

Snowden, quien se encuentra actualmente asilado en Rusia, defendió el miércoles en su cuenta de Twitter el derecho de Apple a negarse a lo que le pide el Burau Federal de Investigación, al asegurar que “el FBI está creando un mundo en el que los ciudadanos confían en Apple para defender sus derechos, y no al revés”.

Además, el exanalista que expuso con sus filtraciones el alcance de los programas de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) de EEUU tildó la batalla de ser “el caso de tecnología más importante en una década” y afeó a Google que no se hubiese pronunciado al respecto.

Poco después, el consejero delegado de Google tuiteó que “forzar a las compañías a piratear podría comprometer la privacidad de los usuarios”. “Construimos productos seguros para proteger la información y damos a las fuerzas de seguridad acceso a los datos en base a órdenes legales. Pero eso es muy diferente de exigir a las empresas que permitan el pirateo de aparatos y datos. Podría ser un peligroso precedente”, apunta el directivo. 

Qué supone “piratear” el teléfono

En una carta abierta publicada el miércoles en la web de Apple, el consejero delegado de la compañía, Tim Cook, apunta que la petición judicial “es una medida sin precedentes que amenaza la seguridad de todos los clientes”, y remata que, como compañía, se resisten “a esta orden, cuyas implicaciones van más allá del caso en el que se aplica”.

El consejero delegado advirtió de que, “una vez creada, la técnica de desbloqueo podría utilizarse una y otra vez en muchos dispositivos”, lo que sería el equivalente a “una llave maestra capaz de abrir cientos de millones de cerraduras, desde restaurantes y tiendas a casas”.

El proceso del desbloqueo del teléfono, en el caso de producirse, comprometería todos estos pasos. En primer lugar, desactivar el mecanismo de autodestrucción que salta cuando alguien introduce la contraseña incorrecta diez veces seguidas. Después, una vez tengan un número ilimitado de intentos, quieren que la empresa les ayude a romper la contraseña con fuerza bruta. Es decir, que produzca un software que pueda generar las 10.000 combinaciones posibles de números hasta dar con la afortunada.

A fin de cuentas, lo que pide el FBI a Apple es que cree una versión distinta del sistema operativo del iPhone pero que incluya varias circunvalaciones de sus mecanismos de seguridad. “Si ese software -que ahora mismo no existe- cayera en malas manos, tendría el potencial de abrir cualquier iPhone que tuvieras entre las manos”, alerta Cook. 

La Casa Blanca defiende al FBI

Por su parte, la Casa Blanca defendió que la orden solamente tendrá impacto en ese teléfono, ya que no se le está pidiendo a la compañía que “rediseñe” sus productos. El Departamento de Justicia y el FBI “no están pidiendo a Apple rediseñar o crear una nueva 'puerta trasera' en uno de sus productos”, sostuvo el miércoles en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

El teléfono iPhone al que el FBI quiere acceder era operado por Syed Farook, uno de los autores de la matanza, aunque es propiedad de su empleador, la administración del condado de San Bernardino, que ya ha dado su consentimiento para el registro. El aparato fue hallado en el vehículo en el que Farook, de nacionalidad estadounidense, y su esposa paquistaní, Tashfeen Malik, presuntos seguidores del grupo yihadista Estado Islámico (EI), huían de la Policía cuando fueron abatidos.

No es la primera vez que Apple y otras compañías tecnológicas se enfrentan a este problema, pero la ola de atentados ha reforzado el lobby que busca más control sobre las herramientas de cifrado.