AVM3J pregunta al Consell si enviará a Bruselas la información “ocultada” al juzgado
El accidente sucedido el 3 de julio de 2006 en la línea 1 de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, ha llegado hasta el Parlamento Europeo, de la mano de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), con su presidenta Beatriz Garrote a la cabeza, que, invitados por la eurodiputada socialista Pepa Andres han reclamado “justicia” ante las autoridades europeas.
Tras reunirse con la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Erminia Mazzoni, Garrote aclaraba que han reclamado que se depuren las responsabilidades políticas en el seno del Consell. La asociación ha pedido a Mazzoni que se analice en este órgano si la Generalitat vulneró alguna norma europea, así como la gestión que llevó a cabo la Generalitat en torno al accidente, con el objetivo de que los eurodiputados censuren su actuación.
Respuesta a Bonig
Además, esta misma tarde, la conselleria hacía público un comunicado en el que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, aseguraba que la Generalitat facilitará a Bruselas toda la información sobre el accidente del metro, “las cuestiones relativas al accidente se deben abordar desde las instancias judiciales pertinentes y no desde posicionamientos políticos interesados”.
A última hora de la tarde, la asociación, por medio de su perfil de twitter (@AVM3J) cuestionaba a la consellera si “van a enviar a Bruselas el libro de averías, o el documento de H&M Sanchis o los descarrilamientos ocultados al juzgado...”, así como “los vídeos de Canal 9, el informe de Contreras sobre trenes obsoletos o la factura del restaurante donde se celebró la comisión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”.
Aclarar lo sucedido
“Creemos que es muy importante que las directrices y normas europeas que se hayan podido vulnerar en estos aspectos sean analizados en el ámbito europeo y se pueda reprobar al Gobierno valenciano por la actitud que ha tenido”, aseguró Garrote.
La presidenta de la asociación expresó su convencimiento de que “ha habido una responsabilidad por parte del Gobierno valenciano” en el accidente, y apuntó a “la falta de medidas de seguridad”, al tiempo que lamentó la gestión “muy deshonesta e indigna con las víctimas” que afirmó se ha llevado a cabo desde la Generalitat valenciana.
“Se ha manipulado totalmente la información del accidente, se ha ocultado información muy importante como descarrilamientos previos o informes sobre las unidades accidentadas y no ha aparecido el libro de averías”, aseguró Garrote, quien añadió también que “se ha manipulado y censurado la información que los medios de comunicación públicos valencianos daban a los ciudadanos sobre el accidente”, en clara alusión a Canal 9.
Gran acogida en Bruselas
La presidenta de la asociación recalcó que Mazzoni ha dado una “acogida muy positiva, y también muy prudente” a las peticiones de las víctimas, aunque recordó que la Eurocámara tiene competencias y una capacidad de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros “muy limitada”.
Consideró que el relato de la asociación “ha impactado mucho” a los eurodiputados, por lo que expresó su esperanza en que “se tomen el interés que nos han mostrado y que puedan darnos una respuesta”.
Apoyo de partidos políticos
“Es exigible por humanidad y justicia que haya reparación a las víctimas y nosotros confiamos en que el Parlamento Europeo dé lo que el Gobierno valenciano y las autoridades del territorio no han sido capaces de dar a las víctimas”, destacó el secretario general de PSPV, Ximo Puig, que acompañó a los representantes de la asociación a Bruselas.
Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida y vicepresidente de la Comisión de Peticiones, Willy Meyer, mostró “todo el apoyo y amparo” de su formación a las víctimas y criticó la “inacción y el desprecio absoluto hacia los afectados por parte del Gobierno valenciano del Partido Popular”, para añadir que “la actuación del Gobierno valenciano ha sido lamentable y se podría incluso calificar de cruel”.
Reclamaciones
Las reivindicaciones de la asociación de víctimas serán ahora analizadas por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que determinarán si existe la base legal para que éstas sean aceptadas a trámite por la Comisión de Peticiones y, por tanto, analizada por los eurodiputados.
En concreto, las víctimas piden que se evalúe si se incumplió la normativa relativa a la seguridad general del sistema instalado en la red de Metrovalencia y si se vulneró la Carta de Derechos Fundamentales “al censurar y manipular la información que Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ofreció sobre el accidente”.
Además, piden que se incluyan los transportes locales en las normativas sobre seguridad de los ferrocarriles comunitarios y que se dicten normas para establecer unas garantías mínimas en las Comisiones de Investigación de los órganos legislativos de los estados miembros.
