Así era y así será la Agencia contra la Corrupción
Cuando Podemos aterrizó en las Cortes valencianas y negoció su apoyo al Gobierno de PSPV y Compromís, que quedaría plasmado sobre el Acuerdo del Botánico, lo hizo poniendo encima de la mesa una serie de condiciones y medidas estrella. Así se acordó que la formación morada liderada por Antonio Montiel llevaría la voz cantante en tres propuestas parlamentarias alineadas con los principios de su formación: la nueva Radiotelevisión Valenciana, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el fraude y la corrupción, en forma de unidades independientes del Ejecutivo autonómico.
De la primera, el pasado jueves se dio un importante paso al desbloquear el Consell Rector, órgano administrativo de la corporación audiovisual (CVMC) tras varios meses de vetos. El mismo día, durante la tarde, se daba otro paso, esta vez referente a la última medida. En la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, también tras varios meses de desencuentros parlamentarios, se aprobaba la ley de creación de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.
La propuesta se planteó por Podemos en diciembre del año pasado y atravesó una serie de baches debido a sus pretensiones, que no gustaron demasiado al resto de grupos, pese a que todos dieron el visto bueno a su tramitación. La adscripción del organismo a las Cortes o al Consell, su capacidad sancionadora y su ámbito de aplicación eran los ejes de la discordia. Después llegarían las enmiendas. Además, la formación morada planteó en un primer lugar un ente que invadía las competencias de multitud de organismos ya existentes: con los servicios de intervención de la Generalitat, Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Cuentas, la Inspección general de servicios de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu o la propia Conselleria de Transparencia, que tramitaba un texto similar.
Montiel defendió desde el principio que la Agencia fuera un organismo independiente del poder Ejecutivo y estuviera adscrita a les Corts, lo cual chocó directamente con el criterio del PSPV y Compromís. El partido de Ximo Puig abogaba porque estuviera adscrita al Consell, mientras que Compromís optaba por que dependiera de Transparencia, departamento tutelado por su conseller Manuel Alcaraz, competente en lucha anticorrupción.
Otro de los desencuentros venía motivado por la capacidad sancionadora y de inhabilitación de la entidad. Durante su tramitación, pasaron por les Corts diversos expertos en derecho a petición de la comisión, cuyos argumentos se tomarían como base para las enmiendas redactadas por los grupos. Estos juristas no veían con buenos ojos que el organismo pudiera multar, sancionar o inhabilitar cargos, y plantearon que la Agencia tuviera capacidad para detectar el fraude y trasladarlo a las autoridades competentes. Es decir, un ente consultivo o asesor sin carácter vinculante.
Las sanciones afectarían a quienes cometieran infracciones como no colaborar en la protección del denunciante de corrupción o fraude, la filtración de información, los sobornos a empleados públicos, así como sanciones a empresas como no ser adjudicatarias de contratos públicos durante un periodo de tiempo y la pérdida de subvenciones. Finalmente, como planteó Podemos en sus inicios y tras acuerdos con el resto de grupos (109 enmiendas en total que afectaban a casi todo el articulado) tendrá capacidad sancionadora, pero pierde potestad para inhabilitar a un cargo público. Las sanciones versarán entre los 200 y los 400.000 euros en función de su tipología.
Así, aceptadas las enmiendas, se establece que la Agencia investigará posibles casos de irregularidades en la gestión de fondos públicos, evaluará la eficacia de los instrumentos jurídicos existentes en la prevención del fraude y asesorar a las Cortes, Consell u otras administraciones, así como comenzar una labor pedagógica de la cultura del rechazo a la corrupción. La posible invasión de competencias se ha solventado con las enmiendas, en las que se establece que se respetará la autonomía de cada institución y que, en caso de que la Fiscalía iniciara un procedimiento penal relativo a hechos que investigue la Agencia, ésta deberá interrumpir sus actuaciones y aportar inmediatamente toda la información de la que dispone. Además, se garantizará en todo momento la confidencialidad del denunciante para que no reciba represalias en su ámbito laboral.
