Amenazan con denunciar al Consell si prorroga los contratos de privatización
Después de que la Comisión Nacional de la Competencia pusiera en cuestión la privatización de la gestión de la sanidad pública valenciana, al comprobarse que en cinco de los seis procesos para la construcción y gestión de hospitales en la Comunitat Valenciana sólo participó una empresa, ahora el Consell está apercibido de ser denunciado por prevaricación y tráfico de influencias si se prorrogan los contratos de privatización.
Así lo ha advertido la diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra, quien ha señalado que la coalición llevará a los tribunales a cualquier miembro del gobierno valenciano o alto cargo de la administración que prorrogue privatizaciones de la sanidad cuyos contratos no caduquen en esta legislatura.
De este modo, reaccionan ante las distintas informaciones que aseguran que las empresas privadas que están gestionando hospitales públicos están planteando al Consell que realice ya la prórroga de sus contratos aún cuando no caducan hasta después de 2015.
Para Oltra, resulta evidente que “en este momento hay empresas que están haciendo negocio a costa de nuestra salud y que quieren blindarse ante la previsible debacle electoral del PP, pasando por encima de la voluntad de los valencianos que ya no quieren seguir con estas políticas de privatización sanitaria que están devaluando los servicios que reciben”.
En el caso de que la Generalitat decida prorrogar contratos que no empiezan a expirar hasta 2018, como es el caso del Hospital de la Ribera, señala Oltra que se estará “quebrando la voluntad de lo que los valencianos expresen en las urnas en las elecciones autonómicas de 2015”, por lo que sentencian que llevarán a los tribunales “por tráfico de influencias y prevaricación” aquellas prórrogas de contratos que no finalicen en actual legislatura“.
Proposición de Ley
En este sentido, la coalición ha registrado este martes en Les Corts una Proposición de Ley de Reforma de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana que marca el camino normativo a seguir para revertir la situación actual de privatización de servicios sanitarios públicos y “volver a la normalidad que supone la gestión directa de la atención sanitaria”.
Según recoge el texto en referencia a la privatización de la sanidad pública, “la Comunidad Valenciana fue la primera del Estado español en impulsar un modelo que se rige por la opacidad, cuyos costes para el erario público se han multiplicado desde su inicio y que en muchos casos genera malestar entre la ciudadanía afectada, además de desconfianza sobre la calidad en la atención sanitaria que se presta”.
El articulado de la Ley de Ordenación Sanitaria establecería, según la modificación propuesta, la garantía de que la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios tendrán carácter público. Así mismo, contempla una primera disposición transitoria por la que “se constituirá una comisión de estudio jurídico-técnica para revisar la relación contractual vigente con las diferentes empresas privadas de gestión y prestación de servicio sanitarios públicos con el fin de armonizar tal relación de acuerdo al contenido de la presente ley”.
La segunda disposición transitoria prohíbe la firma de prórrogas de los contratos vigentes más allá de las firmadas para tener el tiempo necesario para recuperar la gestión por parte de la administración pública sin perjudicar la continuidad del servicio.
