El juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia arranca al tercer intento
- Los magistrados deciden excluir de la causa a uno de los empresarios acusados por la renuncia de su abogado de oficio y no dilatar el enjuicimiento de unos hechos perpetrados entre 2004 y 2010
La Audiencia de Valencia ha decidido empezar el juicio por el saqueo de Emarsa -que ya había sido aplazado en dos ocasiones- pese a que uno de los acusados -José Luis Sena, un empresario- se ha quedado sin defensa por la renuncia de su abogado de oficio.
Los magistrados han elegido entre dos males: posponer una vez más el enjuiciamiento de unos hechos sucedidos hace 13 años o sacar a Sena de la causa -será enjuiciado en solitario- a fin de garantizar su derecho a la defensa. Han elegido el segundo, pese a la opinión contraria de la fiscalía y dos de las acusaciones populares, la de la Generalitat y la Emshi, que entendían que la causa no se podía desgajar.
La Audiencia ha obviado sus argumentos, por lo que el miércoles 4 de mayo arrancará la vista para determinar las eventuales responsabilidades por el robo de 24 millones de euros de la depuradora de Valencia. Las tres primeras sesiones se dedicarán a las cuestiones previas -trámites burocrático-administrativos, grosso modo- y el día 9 de mayo comenzarán las declaraciones de los acusados.
La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
En colaboración o con la supuesta connivencia de otros 22 acusados, manipularon al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.
La sombra de la tercera suspensión
El juicio se suspendió por primera vez en noviembre de 2015 por la detención del empresario Jorge Roca, el supuesto resonsable de centrifugar, mediante un entramado de sociedades, el dinero robado. El empresario, tras cinco años en busca y captura, fue detenido en Moldavia, donde estuvo encarcelado por residir en el país con una identidad falsa. Ya de vuelta en Valencia fue enviado directamente a prisión.
Fue aplazado por segunda vez en marzo de 2017 por la petición de varias defensas, que no habían tenido tiempo para estudiar una causa con 180 tomos y 200.000 folios producto de siete años de instrucción. Los Letrados de Esteban Cuesta, ex gerente de Emarsa, Enrique Arnal, ex director financiero, y Roca fueron nombrados vía turno de oficio en febrero: carecieron de tiempo material para estudiar un asunto tan complejo.
Precisamente otro abogado nombrado de oficio, Luis Miguel Jiménez, ha estado a punto de forzar el tercer aplazamiento. Jiménez, letrado de Sena, está de baja y además ha denunciado al anterior defensor del empresario, al que acusa de escaquearse “de forma fraudulenta” para “no cargar con el muerto que supone un calendario de 96 sesiones”.
Jiménez ha denunciado a su predecesor por deslealtad profesional, estafa, fraude procesal y fraude de ley. La sala, en atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha optado por excluir a Sena de la causa evitando el tercer aplazamiento. No ha hecho caso del criterio de la mayoría de las acusaciones ni del ofrecimiento de varios abogados, que se ofrecieron a defender al empresario de forma mancomunada y temporal hasta el nombramiento de su abogado definitivo.
