El juez investiga al Ayuntamiento de Valencia por financiar al PP con contratos a constructoras ligadas a la Gürtel
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha incluido en la investigación por la supuesta financiación irregular del PP varias adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia a constructoras presuntamente ligadas a la trama Gürtel.
Concretamente, José Ceres, el juez encargado del caso, escrutará los contratos con Sedesa- empresa de la familia del presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, que se llevó 16 millones de euros- , Cyes (15 millones), Lubasa (2), Hormigones Martínez (1.6) y Renos, (1,5). En total, hay más de 36 millones de euros bajo sospecha.
El magistrado ya investiga la vertiente valenciana de la trama Gürtel, especialmente la gran cantidad de contratos adjudicados desde varios organismos de la Generalitat a Orange Market, la empresa de Francisco Correo dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes.
La Fiscalía Anticorrupción cree los pagos de esos trabajos se inflaban para desviar dinero y financiar al PP valenciano. Ahora, bajo la suposición de que ese modus operandi también se dio en el ayuntamiento dirigido por Rita Barberá, la acusación pública pidió al juez que incluyera en la causa abierta los contratos con las constructoras, casi todas ellas proveedores habituales de las administraciones valencianas.
Las adjudicaciones en cuestión se concedieron entre 1999 y 2011, aunque el periodo bajo lupa comprende los años 2007 (cuando hubo elecciones autonómicas y municipales) y 20008 (elecciones generales). En ese bienio, según la Agencia Tributaria, Gürtel sólo facturó 1,2 de los 5,8 millones de euros que cobró al PP. El resto se habría pagado en negro.
Denuncia de Compromís
Los contratos bajo sospecha fueron facilitados al TSJ por Compromís en abril. Joan Ribó, número 1 de la coalición en Valencia, no ahorra críticas contra el PP de la capital. “El círculo de la corrupción se va cerrando sobre el equipo de Barberà, primero con los contratos de los Valencia Summit con el Instituto Nóos (…) y ahora el TSJ incluye dentro de la instrucción del caso Gurtel los contratos millonarios, coincidiendo con periodos electorales, con empresas constructoras que supuestamente financiaron ilegalmente al PP”.
