Bankia colocó preferentes a gente sin formación a través de empleados que no conocían el producto

Ni los ahorradores eran debidamente informados sobre los riegos de las participaciones preferentes, ni los empleados de Bancaja (ahora Bankia) conocían con la profundidad debida las características de este producto financiero.

Un juzgado de Valencia ha condenado al banco rescatado por el contribuyente a devolver el dinero en preferentes a un matrimonio de ancianos, representados por el abogado Javier Andani. El magistrado, que también condena a Bankia al pago de los intereses, es contudente en su fallo.

Por un lado, los ahorradores no tenían ni idea de lo que eran las preferentes. “Son personas de cierta edad, con una instrucción muy elemental y nula formación financiera y bancaria, con un perfil claramente minorista y conservador”. Suscribieron esas participaciones por la confianza que tenían en el personal de Bancaja en Albalat dels Sorells, el único banco con el que trabajaban.

Además, y lo que resulta igualmente grave, los trabajadores de Bancaja tampoco dominaban el producto que recomendaban a sus clientes. “Ni los empleados que comercializaban éste producto conocían las verdaderas características, y por tanto mal podían informar a los clientes”. Por ello, “en absoluto puede deducirse que la información fuera adecuada y suficiente”.

Bankia pretendía evitar la devolución de los 24.000 euros (más intereses) al matrimonio, pero su petición ha sido rechazada de plano. Entre otras cosas, porque la caja vendió como simple y seguro un producto de características bien distintas. “Las preferentes constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el mercado secundario, lo que implica para el cliente mayores dificultades para conocer el resultado de su inversión y para proceder a su venta, y, correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco sobre las

vicisitudes que puedan rodear la inversión“, recuerda el juez.

Bankia también ha sido condenada a pagar las costas del procedimiento. Según algunos cálculos, el estado ha inyectado 36.000 millones en la entidad (la fusión forzada entre Cajamadrid, Bancaja y otras cajas de ahorros) para evitar su colapso.