Barberá financió sin control la fundación bajo sospecha en Nóos
Descontrol, irregularidades, anomalías. La radiografía lanzada por la Sindicatura de Comptes en un informe sobre la gestión de la exalcaldesa Rita Barberá en el año 2013 y aspectos de 2014 -y que está en fase de alegaciones por lo que aún no está finalizado oficialmente- es demoledor. Aunque no profundice en el detalle y planee sobre muchas de las sospechas que pesan sobre la anterior etapa del PP.
Uno de los aspectos más controvertidos del documento es el que analiza las aportaciones municipales a la Fundación Valencia Convention Bureau, ente que junto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias financió los convenios bajo lupa judicial en el caso Nóos. Del dinero dado a dicho ente por el Ayuntamiento, la Sindicatura afirma que “no resulta razonable que el Ayuntamiento financie mayoritariamente año tras año una fundación y no exija a cambio un control efectivo”.
El informe cuestiona una de las dudas que también afecta a ese caso: si la Fundación era de carácter privado o de índole pública. Según el documento de la Sindicatura, a fecha de 2010 la entidad bajo sospecha era considerada como una fundación pública local. Sin embargo, en sus estatutos se la define como privada. Pese a ello, el organismo dirigido por Rafael Vicente Queralt asegura que “no se desprende de forma clara que los órganos de gobierno estén controlados indirectamente o no por la administración”. Y cuestiona que sea privada porque el Ayuntamiento no realiza la aportación como subvención sino que lo hace como transferencia, cuando ésta denominación solo se utiliza entre dos entes de titularidad pública. La Sindicatura, además, alega que la transferencia si fuera subvención no estaría debidamente justificada.
Aunque las irregularidades en la transferencia de dinero a las fundaciones no se circunscriben a la investigada en el caso Urdangarín. Según el informe, hay casi 8 millones de euros en aportaciones a fundaciones y otros entes que no están justificados debidamente.
Fraccionamiento de contratos
El documento pone en duda la manera de operar en la etapa de Barberá a la hora de adjudicar contratos. Detecta 2,6 millones de euros troceados en contratos para así eludir los procedimientos legales que fija la ley de contratos y resalta que el 20,7% de los contratos menores que se adjudicaron en 2013 fueron objeto de esta técnica. Además, localiza casi 3 millones de euros que serían susceptibles de ser licitados, pero de los que no hay constancia que exista expediente de contratación. Todo, con las investigaciones abiertas del caso Trasgos y del 'Ritaleaks' donde planea la sombra del fraccionamiento de contratos públicos.
El organismo auditor también señala la existencia de casi 10 millones de euros imputados como gastos que hubieran tenido que salir adjudicados. Unos gastos que corresponde a lo abonado por las contratas de la ORA, el mantenimiento de fuentes y el mantenimiento y limpieza del cementerio. Contratos terminados y que agotaron la prorroga. La Sindicatura también critica que en las licitaciones analizadas “no se indiquen los criterios de adjudicación ni su ponderación”.
Entre las múltiples anomalías que detecta en los contratos fiscalizados, destaca la subcontratación de Aumsa para el proyecto del Pont de Fusta -expediente incluido en el caso Imelsa- o una compensación sospechosa en la contrata de mantenimiento de edificios públicos. Asimismo, califica de “práctica repetitiva que constituye una actuación irregular” el pagar a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Y de forma general, alerta sobre gastos sin autorización ni control, pagos sin sujetarse al procedimiento o el abono de “gastos con proveedores repetitivos que superan con mucho el límite del contrato menor”. Es decir, cuestiona de forma total el modo de funcionar del anterior gobierno de la ahora senadora.
