Barberá culpa a su vicealcalde de que se le investigue por blanqueo de capitales

Rita Barberá no se sale del guión: en su escrito de defensa ante el juez que ha imputado por blanqueo de capitales a toda la cúpula del PP de Valencia -ha evitado declarar en el juzgado, entre otras cosas para evitarse la foto en la Ciudad de la Justicia- niega con vehemencia la comisión de cualquier irregularidad.

Básicamente, la senadora, a lo largo de 11 folios y siete alegaciones, repite los argumentos que ya desplegó en dos ruedas de prensa. Su gestión inmaculada -“jamás se produjo ningún amaño en adjudicaciones ni trato de favor a nadie ni cobro de comisiones de terceros” -es uno. Su ausencia de la dirección del partido o el comité de campaña, otro: Su única misión era “recaudar” votos. Insiste en que nunca se le devolvieron los 1.000 euros que aportó a la campaña, aunque tampoco recuerda como los transfirió.

La novedad reside en su contraataque: culpa sin demasiada sutileza a Alfonso Grau, su mano derecha en el Ayuntamiento de Valencia, de muñir una campaña para dañar al PP y a ella misma. Así, según Barberá, los únicos testimonios que hablan de blanqueo de capitales son de cuatro exasesores del partido que trabajaban con el vicealcalde. Ningún imputado más ha reconocido irregularidad alguna.

“Todos ellos se encuadraban en el equipo de la vicealcaldía. De ser cierto lo manifestado y ante la alarma que dicen haber experimentado, parece lógico que se hubieran dirigido de forma inmediata al vicealcalde, por cercanía y confianza, en el convencimiento de que éste lo hubiera trasladado” a la instancia correspondiente. No fue así, subraya Barberá. “Jamás se dijo que el grupo de asesores dudaran de la operación de donativos”. ¿Por qué esos asesores no pagaron los mil euros? Porque “su protector [Grau] no iría en la lista” El vicealcalde ya había dimitido tras ser procesado por el caso Nóos y por tanto “carecía de sentido donar 1.000 euros a fondo perdido con vistas a lograr un objetivo que se les antojaba inalcanzable”.

Barberá va más lejos y aporta datos para sugerir que Grau y su mujer, María José Alcón, exconcejal imputada por varios delitos en el caso Taula, conspiraron para dañar a Barberá y al PP. Primero, explica cuando se produce la notoria ruptura entre ella y el matrimonio Grau-Alcón. “La relación con el vicealcalde se interrumpió a partir de una primera asignación de un determinado puesto en la lista electoral a un familiar directo [Alcón] y la posterior baja en la misma por la publicación de unas comprometidas conversaciones” en las que la edil habla, supuestamente, de comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos.

Después, se “sorprende” de tres cosas: de que Alcón hablara abiertamente del blanqueo en el grupo municipal del PP sólo un día después de que su teléfono fuera intervenido por la Guardia Civil -es “inaudito”, dice-, de la “supina indignación” de la concejal al hablar de esa práctica, cuando en otras grabaciones se muestra “dicharachera e incluso festiva” y de que el anónimo que denuncia ante la Fiscalía el blanqueo “se produzca dos días después” de la aludida grabación.

Presentado el escrito, el juez, con respecto a Barberá optara ahora por seguir investigando, archivar el asunto o enviarlo al Tribunal Supremo, el único que puede investigar a la senadora por su aforamiento.