El juez condena a Barberá por vulnerar la libertad de expresión de Compromís

Un tribunal de lo contencioso-administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Valencia por vulnerar la libertad de expresión tras aprobar una moción de reprobación contra un asesor de Compromís que lució una camiseta crítica con la alcaldesa, Rita Barberá.

Siempre según un comunicado de la coalición, el tribunal ha declarado nula de pleno derecho la moción, condenando al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio por entender que la medida emprendida por Barberá y los suyos “vulnera el derecho de libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución”.

Giuseppe Grezzi, asesor de la coalición en el ayuntamiento, fue reprobado, únicamente con los votos de los concejales del PP, tras varios artículos críticos con Barberá. Fue acusado de “una conducta inapropiada para un empleado municipal”, aunque Grezzi, que estuvo a punto de ser concejal (iba en el cuarto puesto de la lista de Compromís, que tiene 3 ediles) no es funcionario, sino personal de confianza. Únicamente trabaja para el grupo municipal de la coalición.

Según Compromís, “la conducta inapropiada que detonó el ataque furibundo del Grupo Popular fue que Grezzi luciera una camiseta verde regalo de una amiga ilustradora, que le retrataba como el azote político de la alcaldesa Barberá (lo que fue interpretado torticeramente como ”violencia de género“ por el PP, al ser Barberá una mujer)”.

Cacería política propia de régimen autoritario

Grezzi cree que se le “sometió una verdadera cacería política, algo que solo se puede explicar por la creencia del PP de considerar el ayuntamiento como su cortijo particular, donde todos se deben someter a su voluntad. Los que no lo hacemos, como en este caso mi persona y el partido Compromís al cual pertenezco, somos perseguidos y acosados, una forma de actuar muy típica de regímenes autoritarios”.

Grezzi emplaza a Barberá y sus 19 concejales de Gobierno a que “hagan un bote entre todos ellos y paguen las costas de su bolsillo. Además de los gastos a los que ha tenido que hacer frente la administración de justicia durante el procedimiento (el trabajo de los secretarios, jueza, fiscal, funcionarios, uso de las dependencias, etc), que los ciudadanos tuvieran que pagar las costas, sería una nueva tropelía por parte de Barberá”.