Blasco eludirá por ahora su entrada en prisión si paga una fianza de 200.000 euros
El exconseller de Cooperación Rafael Blasco eludirá por ahora los 8 años de prisión a los que ha sido condenado por el robo de las ayudas al desarrollo si paga una fianza de 200.000 euros en 48 horas.
Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que dirimía las peticiones de la Fiscalía -prisión incondicional o dos millones de fianza- y la defensa, que solicitaba la libertad de uno de los hombres fuertes del PP valenciano a la espera de la resolución del recurso ante el Tribunal Supremo.
En medios políticos se da por seguro que Blasco pagará la fianza impuesta por el tribunal, apenas un 10% de la cantidad solicitada por la acusación pública. El exconseller, un auténtico factótum del PP valenciano durante lustros, declaró ante las Corts Valencianes en 2011 un patrimonio en efectivo, acciones y vehículos por valor de 158.000 euros y cuatro inmuebles, de los que no dio detalles, con un valor catastral de 178.000 euros.
Al menos uno de esos inmuebles es, según publicó Levante-EMV, una mansión de 450 metros cuadrados y una bodega repleta de vino y cavas de primer nivel. Blasco también declaró deudas de 114.000 euros, pero en el PP se cree que su patrimonio y el de su esposa, Consuelo Císcar, hasta hace poco directora del IVAM, es más que suficiente para afrontar la fianza.
Hasta que, eventualmente, lo haga, tiene prohibido abandonar España. Blasco entraría casi con toda seguridad en prisión si el Tribunal Supremo ratifica la condena del TSJ. Esto, de todas formas, no sucederá, según fuentes judidiciales, antes de medio año, el tiempo mínimo en el que alto tribunal viene resolviendo los recursos de esta naturaleza.
8 años de prisión y 20 de inhabilitación
Blasco ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por desviar fondos que debían ir a ayuda al tercer mundo en el conocido como 'Caso Cooperación' o 'Caso Blasco'. Según el tribunal, Blasco dispensó un trato de favor a la Fundación Cyes y al empresario Augusto César Tauroni (el único de todos los imputados que ha estado en prisión durante todo el juicio), a quienes la Conselleria de Cooperación, durante la gestión de Blasco, dio 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que llegaron únicamente 43.000 euros, mientras que el rsto se desviaron a comprar inmuebles en la ciudad de Valencia.
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