Blasco tuvo a una periodista cedida ilegalmente por una fundación
El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, actualmente en prisión por el fraude cometido en ayudas a la cooperación que se gastaron en la compra de inmuebles en lugar de destinarse a programas de desarrollo en Nicaragua, tuvo a una periodista del gabinete de prensa de su departamento cedida ilegalmente por la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comundiad Valenciana (Fundar), entidad por la que formalmente había sido contratada. Así lo recoge una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Valencia, que obliga a la Generalitat a pagarle a la afectada una indemnización además de la que ya recibió por su despido de Fundar en 2013.
Según la sentencia, Teresa Doménech fue contratada en 2008 por Fundar y mantuvo ininterrumpidamente su adscripción a la fundación hasta que en julio de 2013 fue despedida, en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 19 trabajadores de la entidad. Fue indemnizada con 10.857 euros, pero presentó una demanda que se ha resuelto a su favor este pasado mes de diciembre. La sentencia condena a la Administración, ahora dirigida por la nueva mayoría de izquierdas que denunció a Blasco en su día, a incorporar a la periodista, una de las personas de confianza de Blasco, como “trabajadora indefinida no fija” o a “dar por extinguido su trabajo con abono de 11.808 euros”.
La sentencia considera que hubo una “cesión ilícita” en el desempeño laboral de la periodista, ya que desde el principio “los servicios prestados por la autora lo fueron para la correspondiente conselleria de la Generalitat Valenciana”. Por ello, establece que su despido fue improcedente, ya que “habiendo prestado sus servicios la actora para la Generalitat Valenciana a lo largo de toda su relación de trabajo formalmente celebrada con Fundar, procede estimar que su inclusión en el despido colectivo de esta última fue indebida, pues la realidad es que no prestaba servicios para la misma, por lo que las causas que puedan haber justificado el despido colectivo en dicha entidad no le resultaban de aplicación”.
El juez de lo Social estima que “la actora ha sido objeto de cesión ilegal” y establece una indemnización que prácticamente duplica la que cobró la periodista por su despido de Fundar, ya que condena a la Generalitat a pagarle 45 días por año trabajado durante el periodo en que estuvo en el gabinete de prensa de Blasco. Sin embargo, los trabajadores despedidos de Fundar que recurrieron en su momento sus indemnizaciones, vieron rechazada su pretensión, al confirmar el juez que el ERE se había ajustado a derecho.
