CGT denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el “saqueo” en RTVV
Las denuncias presentadas el 15 de julio CGT en Valencia ante la Fiscalía Provincial se basan tanto en los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la auditoría emitidos por la Intervención General de la Generalitat como en la información obtenida vía parlamentaria en colaboración con el Grupo de Esquerra Unida, informa el sindicato en un comunicado.
La denuncia dirigida a la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada documenta en 70 páginas numerosas irregularidades cometidas por gestores y directivos de la Radiotelevisión Pública valenciana entre los años 2006 y 2013. La Confederació General del Treball insta a la Fiscalía a que se investigue y determine si los hechos descritos son constitutivos de ilícito penal como malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, cohecho, delitos societarios, etc. CGT detalla algunos hechos tal vez punibles:
Los supuestos chanchullos con José Luis Moreno
La contratación en 2008 de un programa de producción propia cuyos gastos por valor de 1.785.295 euros no fueron justificados debidamente. Tras reconocer la deuda en el año 2010, RTVV contabilizó un ingreso por dicha cuantía pero RTVV no percibió el importe efectivo ya que se canceló la deuda a favor de RTVV con la entrega por parte de la productora de otro programa valorado “en una cuantía igual a la de la deuda”. Adjudicación de un nuevo contrato que, dice el informe además, “se ha realizado sin ajustarse a la normativa”.
El programa que se entregó a cambio de la deuda fue “De un tiempo a esta parte” de la empresa Alba Adriática SL perteneciente al Grupo de empresas de José Luis Moreno. Todo ello sin que existiera “ningún tipo de informe que evaluara económicamente los programas que entregaron a cambio de la deuda. Curiosamente, el valor de los programas coincidió exactamente con el total de la deuda pendiente, sin efectuar ninguna valoración técnica al respecto”. Continúa la denuncia de CGT señalando que supuestamente “se produjo una sobrevaloración decidida por alguien, sin ningún criterio técnico”. El programa contratado en 2008 que produjo la deuda detectada fue “Planta 25”, también de Alba Adriática SL. La realización del programa constaba de 58 capítulos y se adjudicó por dos millones de euros más IVA.
El caso Triskel
El segundo de los hechos documentados versa sobre la adquisición fuera del procedimiento habitual de tres documentales de la productora Triskel a la que de alguna forma se encontraba vinculado a un directivo de RTVV durante el periodo en el que fue Director General José Luis López Jaraba. Dos de los documentales jamás se llegaron a emitir y no sólo se adquirieron derechos de emisión sino también los de cesión a terceros y explotación. La compra, dirigida al parecer desde la propia Dirección, prescindió de informes técnicos y económicos. CGT entiende que hubo una posible “sobrevaloración” e intención “supuestamente de beneficiar a la productora en perjuicio de los fondos públicos y del interés público”.
Enchufismo en las contrataciones
CGT profundiza respecto a las alteraciones en los listados y los criterios de selección de los trabajadores afectados por el ERE, vulneradoras del principio de igualdad y que ya fueron señaladas por la sentencia del TSJCV que declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo de RTVV, TVV y RAV. De esta forma, no sólo es que se produjeran graves irregularidades y se diera un trato de favor a determinadas personas, perjudicando a los trabajadores que accedieron mediante pruebas selectivas, sino que la Dirección incurrió en un posible fraude de ley al convertir en contratos indefinidos las contrataciones temporales que, intencionadamente se “dejaron exceder” del tiempo máximo previsto por la normativa laboral.
Estos contratos indefinidos buscados en fraude de ley supusieron, además del incumplimiento de contratación en virtud de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, la determinación de unas indemnizaciones por despido fraudulentas. Y también “una especie de lavado de todas las contrataciones irregulares con disposición fraudulenta de dinero público para unas indemnizaciones que no procedían”.
