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“El CIE de Zapadores es una aberración jurídica, un símbolo de represión a los inmigrantes”

Ana Fornés, portavoz del movimiento CIEsNO, en rueda de prensa

Miguel Giménez

Valencia —

La campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEsNO) surge en el año 2010 a raíz del informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) publicado en 2009 que alertaba de la situación de estos centros. Ana Forner es la portavoz de la campaña en Valencia.

¿Por qué el movimiento CIEsNO?

Ya se intuía que algo pasaba pero en 2010 sale a la luz un informe que era devastador sobre las condiciones de los CIE y en concreto de Zapadores y entonces se contituye la campaña en la que participan una treintena de organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes.

¿Qué es lo que hacéis?

Principalmente controlar el ciclo represivo de las migraciones. Es decir, no sólo lo que tiene que ver con el internamiento, sino también con la persecución y las redadas en la calle, el trabajo en frontera y las deportaciones, además de controlar lo que sucede en Zapadores, sacando a la luz las denuncias y acompañando a las víctimas. Precisamente, nosotras tenemos una comisión de acompañamiento que entra de manera regular para controlar lo que sucede dentro.

¿Cuándo surge Zapadores?

El CIE de Valencia actual se crea en 2005 para unas 157 personas, con una capacidad medida del 60 ó 70%.

¿Y cómo definirías el CIE?

Es una aberración jurídica, el símbolo de la represión de las personas migrantes. Es muy desproporcionado un sitio donde se priva de libertad a la gente por una falta administrativa, y su propia existencia simboliza la sociedad racista y xenófoba en la que vivimos, una sociedad conformada por fronteras en la que las personas migrantes están excluidas del derecho a tener derechos, excluidas a poder vivir en una vida digna.

¿Qué sentido tienen este tipo de centros?

No tienen ningún sentido, ya que no cumplen ni siquiera la función para la que fueron creados, que es para la deportación, ya que, según los datos de la oficina del Defensor del Pueblo, menos de un 50% de las personas que allí son internadas son finalmente expulsadas. Por ello, la alternativa es su cierre, ya que no son necesarios ni siquiera para el objetivo que cumplen. Y por supuesto, desde un punto de vista de justicia social, no podemos legitimarlos, porque su función es generar miedo e inseguridad jurídica. Si no estuvieran, no pasaría nada.

¿En qué condiciones están los internos?

Paupérrimas. Estamos hablando de las chinches, de falta de ropa de abrigo en invierno en un lugar donde no hay calefacción y con problemas con el agua calientes. Nos parece de una crueldad innecesaria.

¿Y las denuncias por agresiones?

A pesar de la dificultad que supone para los internos denunciar, y aún así se está denunciando, más de cuarenta en el último año. La justicia se administra de manera lenta -la última causa que se ha reabierto es de 2012, y tenemos pendientes causas de 2013, 2014...- y estamos pendientes de los procesos.

Y por último, ¿cómo responden la adminstración y los partidos políticos?

El problema es que Partido Popular y PSOE, que son los partidos que han gobernado, han ejercido una política de inmigración y de fronteras racista y xenófoba y bloquean cualquier tipo de propuesta que sea más humanizadora, y es difícil porque gozan de mayorías.

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