“No va a costar un euro” y otros cuatro engaños con la Fórmula 1 de Francisco Camps

Hace 10 años -mayo de 2007- la Generalitat anunció la creación de un circuito urbano para convertir a Valencia en sede de la Fórmula 1. Hace 5 años -el 24 de junio de 2012- que se disputó la última prueba. La crisis global -y la de la administración valenciana, quebrada- obligó al gobierno autonómico a prescindir de uno de los sueños megalómanos del expresidente Francisco Camps. 

Una década y un lustro después de estos hitos, la Fórmula 1 sigue dando que hablar. Camps prometió que “no iba a costar ni un duro” al contribuyente, pero se enterraron 300 millones de euros del erario público. La Generalitat continúa abonando deudas por la llegada de los bólidos a Valencia. Y se siguen conociendo detalles en torno a la organización del evento. Por ejemplo, que se financió detrayendo dinero de partidas diversas, por ejemplo, de la dedicada a crear empleo juvenil.

En respuesta a sendas denuncias del PSPV-PSOE y de Esquerra Unida, la Fiscalía Anticorrupción denunció en 2104 el asunto, investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Valencia. La magistrada ha imputado delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a Camps, la exconsellera de Cultura y Deportes, Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez “Aspar”.

La juez investiga cuatro aspectos diferentes del asunto: la cesión gratuita a una empresa privada, Valmor, de la organización de la prueba. La orden de Camps para que la Generalitat avalara a Valmor sin seguir varias leyes autonómicas. La orden que dio a Johnson, un día antes de dimitir por el caso Gürtel, para que la Generalitat avalara a Valmor  y el pago del gobierno valenciano de un canon de 26 millones de dólares anuales a la organización de la prueba “sin asumir ningún derecho”, ya que éstos los detentaba Valmor.

El caso Valmor: Beneficios privados, pérdidas públicas

El caso Valmor: Beneficios privados, pérdidas públicasSin concurso público ni nada que se le pareciese, Camps encargó la explotación de la prueba a Valmor, una empresa creada ex novo y constituida por Bancaja (ahora integrada en Bankia), “Aspar”, único imputado de la compañía por el asunto, y Fernando Roig, empresario de éxito y presidente del Villarreal. Aspar luego compartiría su participación  con Vicente Cotino, contratista habitual de la Generalitat y sobrino de Juan Cotino, hombre fuerte del sector cristiano del PP valenciano.

Bancaja estaba bajo el control total del PP autonómico y presidido por José Luis Olivas, expresidente -fugaz- de la Generalitat y acosado en varios frentes judiciales.  Aspar presumía de ser amigo personal de Camps y Roig, hermano de Juan, presidente de Mercadona, era interlocutor habitual de la administración, de la que su club de fútbol percibía importantes ayudas (posteriormente renunció a cualquier subvención). 

Valmor tenía la obligación de organizar la prueba e intentar rentabilizarla. Apenas lo hizo. Sólo pagó el canon de la primera edición (17 millones de euros, 2008) y, desde la primera carrera, la Generalitat asumió parte de los gastos a través de una sociedad pública, Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD).

Roig, en su declaración como testigo ante el juez, no ocultó su extrañeza tras la compra de Valmor por parte de la Generalitat. Lo normal, dijo, hubiera sido que la compañía entrara en concurso de acreedores en vez de ser rescatada por el gobierno valenciano

Valmor se desentiende de un regalo envenenado

Desde 2009, Valmor se desentendió de sus obligaciones. No abona más el canon al que tiene derecho por contrato el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el hombre que trajo el circo de las dos ruedas a Valencia deslumbrado, supuestamente, por el carisma de Camps. “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él”, aseguró.

Ya en la segunda edición de la prueba, la organización es asumida íntegramente por los profesionales de CMPD. Valmor desaparece de escena. En realidad, “Valmor no organizó ninguna de las ediciones de la F-1 en Valencia”, denunció el PSPV-PSOE, que llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

A falta de más explicaciones –la empresa nunca se pronunció- había consenso en círculos políticos y empresariales: “Se involucró a Valmor para aparentar que la prueba no tendría costes para la administración y trincar los posibles beneficios, pero una vez se comprobó que el negocio era ruinoso, Bancaja y compañía se apartaron y empezaron a negociar su salida del embrollo”, dijo en 2014 un empresario bajo condición de anonimato.

Camps salva a Valmor…un día antes de su dimisión

Hostigado por su implicación en el caso de los trajes, del que fue absuelto, Camps dimitió como presidente de la Generalitat el 21 de julio de 2011. “Un sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno y el PP gobierne España”, dijo.

Un día antes, a pesar del marasmo en el que vivía –abandonado por sus fieles, presionado por su partido desde Madrid, bajo el foco permanente de la prensa- Camps tuvo tiempo para firmar una prórroga del contrato con la organización de la Fórmula 1. En él, la Generalitat sustituye a Bancaja  como “garante y avalista respecto de todas las obligaciones de la F1, que ya podían ser pagar el canon o pagar la penalización si no se celebraba el evento”, denunció el PSPV.

La Generalitat endosa las pérdidas de Valmor a los ciudadanos

Camps había abierto la puerta a Valmor para desvincularla totalmente de la Fórmula 1, pero los problemas no acababan ahí. La empresa –recordemos, constituida por Bancaja, Aspar, Roig y Vicente Cotino- estaba en quiebra y seguía siendo, oficialmente, la organizadora de la competición.

¿Solución del gobierno ya presidido por Alberto Fabra? Comprarla ¿Por cuánto? Un euro…..y 34 millones de deuda. ¿Por qué? Porque era más barato asumir el pufo dejado por Valmor que pagar la penalización si la empresa no hubiera podido o querido organizar la competición, se justificó el Consell. Entonces, ¿Por qué Camps exoneró a Valmor como garante ante cualquier incumplimiento e involucró a la Generalitat un día antes de su dimisión?

Esa es la respuesta que busca la justicia. El juzgado ha abierto dos piezas en torno a la investigación del caso de la Fórmula 1, una de ellas, declarada secreta.  De ser ciertos los vaticiones de los partidos entonces en la oposición, la cosa no pinta bien para Camps.

PSPV y Compromís, ahora en la Generalitat, y Esquerra Unida, denunciaron repetidamente una monumental estafa, un supuesto “delito de malversación de caudales públicos por utilizar el dinero de los valencianos para aprobar la compra de una sociedad en quiebra”. La Fiscalía añadió otro supuesto delito de prevariación. La justicia decidirá sobre los supuestos engaños de Camps.