Carmen Montón: “El convenio con Farmaindustria pone a las comunidades mal financiadas entre la espada y la pared”
“Este convenio pone a las comunidades infrafinanciadas entre la espada y la pared”. Así de gráficamente resumen en una conversación con eldiario.es la consellera valenciana de Sanidad, la socialista Carmen Montón, la situación en la que quedan los diez gobiernos autonómicos que deben suscribir de manera 'voluntaria' el acuerdo rubricado por el Gobierno de Mariano Rajoy y Farmaindustria, que garantiza un nivel de gasto público anual en productos de la patronal farmacéutica si quieren recibir los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico.
La titular de Sanidad en el Gobierno valenciano censura que siendo una adhesión “voluntaria” su firma figure como un requisito para acogerse al FLA. La Comunitat Valenciana ha recibido en 2017 más de 1.400 millones de euros provenientes del Fondo de Liquidez Extraordinario: 630 millones en mayo del FLA ordinario y otros 830 en septiembre correspondientes al FLA extraordinario para compensar la desviación del déficit causado, explica, por la infrafinanciación por parte del Estado que sufre la Comunitat. En cuanto al gasto sanitario en farmacia de la conselleria, asciende a alrededor de los 2.000 millones de euros.
Montón también denuncia la firma unilateral del Ejecutivo de Rajoy de este convenio, sin pasar por el Consejo Interterritorial y, por tanto, sin consultarlo con las comunidades autónomas. “Se trata de un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades”, ya que se obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en detrimento de los genéricos o biosimilares, que quedan excluidos del contrato: “Se desincentiva la adquisición de otros fármacos y, por tanto, la búsqueda de otros mecanismos que puedan servir para abaratar el gasto, con lo que se actúa contra la eficiencia”.
Tal y como explica la consellera valenciana, el convenio fomenta el acceso de los medicamentos “innovadores” sin especificar qué se entiende como tal: “Esto puede favorecer que algunos medicamentos que no aportan ventajas demostradas accedan al mercado con escaso control sobre su posicionamiento y lugar en la terapéutica”.
Además, lo califica de “despropósito” ya que, a juicio de Montón, “abre la puerta a incentivos o compensaciones a la industria en caso de que el gasto farmacéutico en medicamentos de marca no crezca al mismo ritmo que el PIB y asegura un crecimiento al menos igual que el PIB a Farmaindustria”.
Así mismo considera que el texto resulta “excesivamente indeterminado”, ya que existe una “falta de concreción” respecto a las obligaciones asumidas por los firmantes: “no es posible valorar de antemano las consecuencias económico-financieras ni en materia de calidad del servicio público que puede suponer la firma del convenio para las comunidades autónomas”.
De igual modo, se reduce la capacidad autonómica de gestión en la negociación con la industria farmacéutica, “ya que la mayoría de laboratorios están integrados en Farmaindustria”, lo que genera “un escenario de incertidumbre”.
Por último, Carmen Montón denuncia que el convenio establece el suministro de información a la industria farmacéutica en materias “muy sensibles, tanto a nivel de protección de datos como de transparencia y defensa de la competencia, referidas al gasto farmacéutico y el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores”.
