Otro cargo de primera fila del PP valenciano bajo sospecha
César Sánchez es el cargo institucional más relevante que le queda al PP valenciano. Y se ha metido en un lío. En un territorio en el que los populares apenas han salvado las diputaciones de Castellón y Alicante frente a la generalización de coaliciones de izquierdas, presidir la Diputación de Alicante convierte a Sánchez en una figura con aspiraciones de liderazgo ahora ensombrecidas.
¿Cómo ha ocurrido? Llevó a pleno una decisión de la que los partidos de la oposición desconfiaban, ya que consistía en que la que la Diputación asumiera financiar con más de dos millones de euros un proyecto de construcción de dos rotondas en una carretera cuya titularidad es del Estado. Por eso pidieron, antes de decantarse, un mapa de prioridades, empezando por las carreteras que sí son de competencia provincial.
Hasta el diputado de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, rechazó inicialmente la propuesta del PP, que gobierna la institución precisamente gracias al voto del representante del partido de Albert Rivera. La marcha atrás de última hora de Sepulcre, que optó (ya en el pleno) por abstenerse, permitió a los populares aprobar el 4 de mayo el punto del orden del día referido a la mejora de los accesos a Calp desde la N-332.
La aprobación fue posible, dado que había empate entre el PP (con 15 diputados) y el PSPV-PSOE (11), Compromís (3) y Esquerra Unida (1), gracias al voto de calidad del presidente de la Corporación provincial, César Sánchez. El voto levantó polémica, no solo porque Sánchez es alcalde de Calp, la localidad beneficiaria de la inversión, sino también porque después se supo que la principal propietaria de los terrenos afectados, con 3.625 metros cuadrados de suelo urbanizable en el polígono del Pou Roig, es la empresa Paviota, SL, perteneciente a su suegra.
La incompatibilidad parece clara a la luz de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que incluye como motivos para “abstenerse de intervenir en el procedimiento”, tanto para autoridades como para el personal al servicio de la Administración, “tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento”.
Francisca Ivars, la suegra de Sánchez, es la administradora única de Paviota, SL. Pero el presidente de la Diputación alega que no tenía obligación de abstenerse dado que los terrenos afectados ya no son de su suegra, una vez que el Ayuntamiento de Calp, que también él preside, aprobó un convenio expropiatorio en noviembre de 2015, por el que fueron cedidos al municipio.
Sánchez, que en 2013, tres meses antes de casarse, votó a favor de que el municipio se hiciera cargo de la urbanización del polígono donde están los terrenos de quienes serían sus suegros, para agilizarla tras diversos retrasos, sí que se abstuvo de firmar y de votar en el pleno municipal de 2015 el convenio por el que Paviota cedió el suelo.
Los terrenos, en efecto, están cedidos. Sin embargo, el “procedimiento” está lejos de haber culminado, dado que esa cesión (sobre cuyas cláusulas mostró extrañeza algún concejal en el pleno de Calp en el que se aprobó) se condicionó al pago “en especie y, subsidiariamente, en metálico”, del justiprecio. Dicho de otra manera, la suegra de Sánchez recibirá derechos sobre “solares edificables” en el mismo sector equivalentes a la parcela expropiada. Un aprovechamiento que podrá convertir en dinero (259.056 euros) si a los tres años no se le han adjudicado. “Podrá el expropiado a su libre elección”, reza el convenio, “permanecer en el derecho a la adjudicación de los aprovechamientos o exigir al Ayuntamiento de Calpe la indemnización del importe”.
Alegó el presidente de la Diputación a eldiario.es cuando publicó la noticia que en todo caso su suegra saldría perjudicada si se ejecutaba el proyecto en el plazo de tres años porque no cobraría el dinero. En realidad, lo que establece el convenio es la obligación del Ayuntamiento de Calp de entregar otros solares o pagar a su suegra, que en todo caso, gracias a la permuta, podrá disponer de unos terrenos edificables en un sector con nuevos accesos desde la carretera.
Los grupos de la oposición han criticado con dureza lo que consideran una ilegalidad cometida por el presidente de la Diputación. El PSPV-PSOE puso en manos de sus servicios jurídicos el asunto. Y Compromís pidió la dimisión de Sánchez y anunció su intención de plantear una denuncia ante la fiscalía. No necesitó buscar mucho en la jurisprudencia para encontrar una sentencia que viene al caso. El pasado mes de abril, la Audiencia de Castellón condenó a otro político del PP a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación por haber votado a favor de la expropiación de unos terrenos donde se construiría una depuradora que eran propiedad de una empresa suya y de sus hijos.
“No se trata de que las resoluciones dictadas fueran prevaricadoras, por no abstenerse el acusado, ya que su voto era uno más de los existentes, y no era decisivo, habiéndose votado por unanimidad, tanto en Comisión, como en el Pleno”, apunta la sentencia, “pero con su 'no abstención' si que facilitaba, que no forzaba, la aprobación del citado expediente administrativo ya que de haberse sabido por el resto de diputados provinciales su vinculación con parte de los terrenos en los que se iba a realizar la Estación Depuradora de Borriol, el resultado habría sido, a lo mejor, distinto posiblemente”.
“¿Vamos a dejar de aprobar hoy aquí un determinado proyecto que compromete la seguridad vial, por lo tanto de los usuarios de una carretera, porque ese proyecto se circunscribe al término municipal del alcalde de Calp, hoy presidente de la Diputación?”, se preguntó el portavoz del PP en el debate que se produjo en la Diputación de Alicante el 4 de mayo, sobre el convenio para los accesos a urbanizaciones en Calp, ante las críticas de favoritismo de la oposición. En ningún momento advirtió Sánchez desde la presidencia de la presencia de intereses de su familia en el proyecto que se discutía apoyar, ni explicó por qué había decidido esta vez votar en ese asunto cuando se había abstenido previamente en su Ayuntamiento.
El político a quien condenó la Audiencia de Castellón por “negociación prohibida a funcionario” en la sentencia que sirve de referencia a la polémica es Francisco Martínez, que fue, como vicepresidente de la Diputación de Castellón, número dos de Carlos Fabra, quien actualmente cumple condena por delitos fiscales. Fabra, en Castellón, forma junto a Alfonso Rus, imputado en Valencia en el caso Taula, y José Joaquín Ripoll, en Alicante, procesado en el caso Brugal, una tripleta de expresidentes de diputación del PP inmersos en escándalos. César Sánchez (Navalmoral de la Mata, Cáceres, 1978) fue diputado autonómico la pasada legislatura y vivió el proceso de autodestrucción del PP en las Corts Valencianes, sacudido por la corrupción. No parece haber salido tan escarmentado como para dejarse guiar por la prudencia y ahora está en serios apuros.
