Ciegsa construyó colegios a precios de pisos de la burbuja
Como si fuera una conselleria paralela. Así funcionó, según el informe definitivo de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, la empresa encargada de construir los colegios, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa). Opacidad, sobrecostes, sueldos por encima de la media y un reguero de irregularidades en las licitaciones son el “cóctel explosivo” que refleja el documento hecho público este miércoles por el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y su homólogo de Hacienda, Vicent Soler (PSPV-PSOE).
La construcción de los colegios, según Marzà, se hacía a precio de oro. El coste del metro cuadrado de cada colegio que era de 900 euros. Es decir, a un precio similar que tenía cualquier piso en los tiempos de la burbuja del ladrillo. De hecho, los colegios construidos a través de Ciegsa eran un 36% más caros que los que edificaba la propia Generalitat Valenciana.
Los sobrecostes -que en ocasiones eran del 106%- tuvieron un coste de 1.000 millones de euros. La empresa entre 2011 y 2014 ha costado a los valencianos 2.826 millones de euros. “Con el dinero que ha costado Ciegsa se hubieran podido construir 200 colegios nuevos y cumplir con todas las necesidades de los centros actuales”, ha afirmado Marzà tras preguntar por la cuestión Soler. La deuda de la empresa que aún existe, pese a que la idea del Consell es suprimirla, es de 1.734 millones de euros.
Las irregularidades son el denominador común de cada actuación. Es más, según el informe, vienen de nacimiento. “Las actuaciones encomendadas a Ciegsa carecen de presupuesto y control por parte de la Conselleria, se efectúan en base a un convenio irregular que no se tramitó conforme a la ley, con la única finalidad de obtener financiación privada y acelerar la construcción de infraestructuras educativas que la Generalitat no podía ejecutar”, reza el documento. Y continúa: “El empleo de continuada de encomiendas o encargos supuso una vulneración de las garantías de contratación y financiación”. “La firma del convenio entre la Conselleria de Educación y Ciegsa es improcedente”, remata el informe.
Ciegsa duplicaba la tarea de la conselleria, quedando “relegada ésta a un segundo plano”. Según la Intervención, al firmar el convenio la conselleria “renunció a las potestades de dirección, inspección, control y recepción de las obras”. Y en consecuencia eso suponía que “los encargos de la conselleria adolecían de una falta de control manifiesta y de un vaciamiento de competencias”. Tanto, que era “Ciegsa la que decidía finalmente el adjudicatario del contrato”. El informe recalca que esas tareas ahora las asume la conselleria. Y revela que se firmaron encargos como el del programa informático ITACA por valor de cinco millones de euros “que no guardan relación alguna con las prestaciones propias del equipamiento escolar ni con el objeto social de la empresa”.
La Intervención revela el modo de operar y la multitud de irregularidades en las licitaciones que hacía Ciegsa. Licitación de colegios agrupados en lotes para restringir la competencia; admisión de obras de ofertas al alza; bajas económicas ofertadas; abuso del negociado sin publicidad; contrataciones con la Universitat Politècnica de Valencia sin expediente acreditado; criterios de solvencia para valorar las adjudicaciones; alternación de las condiciones esenciales; contrataciones irregulares, son algunas de las que relata el informe.
“La solicitud de instalación de aulas prefabricadas a Ciegsa se realiza, primero, mediante encargos, y después, a través de una encomienda. En ambos casos el procedimiento utilizado es improcedente”, ahonda el documento. Unas actuaciones que resultan sospechosas tras acreditar la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) -según ha publicado El Mundo- que había un cartel de constructoras que se repartía las licitaciones de los barracones.
Como muestra de la falta de control sobre el ente, “no se realizaba ningún control sobre el coste real del encargo” y tampoco había “comprobación material sobre la correcta ejecución de ellos”. Además, los sueldos de la plantilla estaban por encima de lo habitual. De media, se cobraba 55.914,62 euros. Sueldos que como los del gerente en 2005, Javier García-Lliberós, alcanzaron los 84.000 euros. No obstante, Marzà ha matizado que “los trabajadores del ente hacían un trabajo muy bueno. Quien tiene que asumir responsabilidades y quienes tenían sueldos VIP eran los directivos”. El Consell decidirá este viernes tras los informes de la Abogacía de la Generalitat Valenciana si traslada los hechos a la Fiscalía, aunque todo parece indicar que así será.
