Compromís achaca la situación y la “batalla de acusaciones” en Divalterra a una “guerra interna” en el PSPV
La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, ha considerado -como representante de Compromís en la corporación- que las informaciones aparecidas sobre la empresa pública Divalterra apuntan a “una guerra interna del PSOE”. Una “batalla de acusaciones”, ha advertido, “que perjudica y salpica a toda la gente que trabaja de manera seria dentro de Divalterra y de la Diputación”.
En declaraciones a Europa Press, Amigó ha valorado en estos términos el informe del auditor interno de Divalterra presentado esta semana al consejo de administración de la entidad. Este documento apunta la existencia de fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas.
La auditoria advierte además de que la empresa de la Diputación habría pagado más de 90.000 euros por tres contratos a una letrada que ha representado en otros procedimientos al exalcalde de Gandia (Valencia) José Manuel Orengo.
Tras hacerse público, el presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado que pedirá al consejo de Divalterra el cese del director de los Servicios Jurídicos de la empresa, José Luis Vera.
Al respecto, la vicepresidenta de la corporación ha subrayado que esta destitución “sólo la ha decidido el PSOE” al tratarse de un cargo “de su confianza” que designó este partido; dentro de la cogerencia entre socialistas y Compromís que acordaron en la Diputación al inicio de la legislatura. En su opinión, “sí tocaba sustituirlo” porque “evidentemente, si se han hecho mal las cosas hay que hacer cambios”, ha remarcado.
Decisión “unilateral” de Rodríguez
Con todo, Amigó ha puntualizado que “culpar de lo que está pasando a un profesional que hace una auditoría no es lo que toca” y ha insistido en que se trata de una decisión que “ha tomado el presidente unilateralmente” y que la dirección de la Diputación “no ha podido sentar a valorar”. Sobre el relevo, considera que “habrá que sentarse con el PSOE y repensarlo”.
“Desde el principio tuvimos claro que había que apostar por la cogerencia para que no se solaparan funciones y controlar la gestión”, ha asegurado, porque piensa que “si se hubiera dejado un solo gerente podrían haber seguido ocurriendo las cosas del pasado”, lo que ha definido como “el aposentado del Partido Popular”.
Ante esta situación, la vicepresidenta de la Diputación ha defendido la necesidad de “debatir con todos los socios de gobierno, no solo con el PSOE” y “parar a pensar por qué está pasando esto”, aunque ha recalcado su “plena confianza” en Agustina Brines -cogerente de Divalterra designada por Compromís- y en la actual gerencia de la entidad.
Para ella, “todas las informaciones que están saliendo llevan a pensar que esto es una guerra interna del PSOE”, una “batalla de acusaciones” que ha lamentado que “perjudica y salpica a toda la gente que trabaja de manera seria dentro de Divalterra y de la Diputación”.
Desconocía el pago a la abogada
En relación a los 90.000 euros que apunta el informe que se pagó a la que fuera letrada de Orengo, María Josep Amigó ha asegurado que se ha enterado este mismo viernes “por la prensa”.
“No teníamos conocimiento ni sabemos de dónde sale la información”, ha remarcado, aunque ha reiterado que esto “apunta más a guerra interna que a una cuestión de la gerencia” porque ha expresado su “confianza en que el control se ha hecho bien”.
