En la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes de dependientes sin resolver
En la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes de dependientes sin resolver por la Generalitat Valenciana. Esta falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia; los problemas en su ejecución e impagos de ayudas; la desinformación y dificultades en la libre atención de centro y servicio problemas de tutela son algunos ejemplos de dificultades que afectan directamente a las personas reconocidas dependientes y a los profesionales y centros que los asisten, una situaciones “provocadas por la ineficacia de Conselleria”.
Ante este complejo panorama, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) celebraba esta semana una jornada informativa para profesionales, usuarios y familiares de dependientes para informarles de cómo proceder para consegir la resolución de situaciones difíciles y, en algunos casos, dramáticas.
Vías de resolución
Durante la jornada se aconsejó a los operadores coordinarse para lograr objetivos comunes y recurrir al TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) en caso de no lograr solventar su situación por vía administrativa. En cuanto a los solicitantes y beneficiarios de las ayudas a dependencia, se les aconsejó exigir sus derechos, presentar quejas por falta de resolución, recurrir por vía administrativa y judicial en caso de falta de satisfacción de las mismas o elegir conforme al criterio profesional el recurso más adecuado y la modalidad de ayuda que más convenga, ya que así lo establece la ley.
Así, si el interesado no considera adecuada la plaza adjudicada en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), la ley establece que se reconoce al beneficiario el derecho a obtener la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PVS). Una reciente sentencia del TSJCV recuerda que los beneficiarios de ayudas de la Ley de Dependencia tienen libertad para elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas, con el fin de escoger el centro o profesional que considere más adecuado a sus necesidades, ya que lo que prevalece es el derecho del dependiente para la libre elección de centro.
95% de casos resueltos favorablemente
La jornada concluyó con la idea de que la solución jurídica es la única vía para salvaguardar los derechos, tanto de las personas dependientes como de los profesionales que los atienden, ya que la Administración, “siempre basándose en la falta de presupuesto, termina por no resolver todas estas situaciones irregulares que se están produciendo”, y que los tribunales están resolviendo de forma favorable para los dependientes en más de un 95% de los casos.
