¡Cuidado con la agencia antifraude!
Menos mal que el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, es independiente. Tanto, que habla con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las grabaciones que han puesto la campaña de las elecciones generales en estado de shock, como si fuera su subordinado. Impacta que un elemento elegido por el Parlament con mayoría cualificada se ponga a los pies de uno de los ministros más oscuros de la democracia para conspirar contra políticos que molestan al PP y da qué pensar sobre la función y el sentido del organismo creado para combatir la corrupción. Un organismo, hasta ahora inédito en cualquier otra comunidad autónoma, cuya creación está prevista en el Pacte del Botànic y que se ha plasmado en una proposición de ley de Podemos actualmente en trámite en las Corts Valencianes.
¿Tiene sentido crear una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción al margen de órganos ya existentes como la Intervención General, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes y la propia Cámara autonómica, por lo que se refiere al ámbito político, administrativo e institucional, y que además no interfiera, como es lógico, en las funciones reservadas a jueces y fiscales?
La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que dirige Manuel Alcaraz, puso bastantes reparos al borrador inicial, insistió en evitar “duplicidades”, planteó la necesidad de diferenciar la corrupción de la mala gestión e instó a evitar la “discrecionalidad” de las sanciones que el organismo pueda aplicar, desde multas económicas a “inhabilitación para desempeñar cargos”. Unas sanciones que irrumpen de lleno en competencias de la propia Administración, mientras los “delitos” propiamente dichos quedan fuera de su alcance dado que, al detectarlos, lo único que podrá y deberá hacer es llevar esos casos a la Fiscalía.
Se ha llegado a hablar de que la Agencia Antifraude tendrá una docena de empleados y 400.000 euros de presupuesto. Pero lo ocurrido en Cataluña, donde el Parlament se ha visto obligado a destituir de forma urgente al director, debería propiciar una reflexión valenciana, si no sobre la necesidad de ese nuevo artefacto, sí sobre su configuración y sus funciones. Parecen adquirir mayor sentido las enmiendas planteadas al borrador por el conseller Alcaraz, que se convirtieron en recomendaciones del gobierno de la Generalitat cuando se incluyeron en el dictamen aprobado por el pleno del Consell, en el sentido de que los objetivos y la finalidad dados a la futura agencia son “excesivamente amplios” y de que sus funciones deberían centrarse en la “prevención, investigación, evaluación y protección” frente a la corrupción.
La Oficina Antifraude de Cataluña fue consecuencia de la sacudida que causó en 2005 la famosa intervención parlamentaria del entonces presidente, Pasqual Maragall, desvelando la existencia de comisiones ilegales del 3% en adjudicaciones públicas. La idea era que su director estuviese a salvo de interferencias políticas y pudiese colaborar con policías, jueces, fiscales y cualquier organismo de supervisión y control. Todos hemos visto con estupor que se ha convertido en una monstruosidad. En lugar de una instancia independiente en favor de la transparencia, la limpieza y la honestidad, el director de la Oficina Antifraude aparece como una pieza descontrolada de la conspiración. Peor aún, como un cómplice de las cloacas más sucias del aparato estatal.
Es inevitable pararse a pensar si el fallo está en la deficiente construcción legal del organismo o en su gestión irregular antes de emprender la senda de su imitación. Ya advierte el proverbio de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuidado, pues.
