“Currantes” sin padrino en la limpieza de Ortiz
Las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del 'caso Brugal' publicadas por eldiario.es sacan a la luz las prácticas aplicadas por el empresario Enrique Ortiz para contentar a los responsables políticos del Ayuntamiento de Alicante durante el inicio de la crisis económica en 2008 y 2009.
El acceso a un puesto de trabajo en la contrata se veía allanado en caso de tener el apellido Ortiz, de tener el carnet de afiliado del PP o algún tipo de relación de amistad con el exalcalde Luis Díaz Alperi o la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
La realidad para el resto de los empleados, los “currantes” como los llama Ortiz en uno de los pasajes, era diametralmente opuesta.
Fuentes consultadas por eldiario.es constatan que unos 15 trabajadores se encuentran a día de hoy en situación de fraude laboral por haber sido contratados a lo largo de los años mediante contratos temporales “para atender trabajos concretos y específicos”.
Esas mismas fuentes subrayan que la utilización de los contratos discontínuos “no está regulada” en el seno de UTE Alicante, empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de resíduos sólidos, conocida como 'contrata del siglo', por valor de más de 400 millones de euros, lo que motiva que la empresa no se considere obligada a ocupar las vacantes con esos trabajadores y que quede al arbitrio de la dirección volver a llamar a cada uno de ellos.
Esa quincena de trabajadores, de hecho, suman cada uno de ellos más de 40 contratos laborales por pequeños espacios de tiempo –unos pocos meses cada año-, desde mediados de los años 90. Esa situación reconoce al trabajador, en base al estatuto de los trabajadores, la condición de fijo-discontinuo de manera que la empresa está obligada a llamar y volver a contratar al empleado cuando se produce una baja, para atender trabajos de temporada u ocasionales. Sin embargo, la realidad es que no han sido recontratados de manera automática.
Lo que ocurría en aquellos años, como demuestra la conversación de febrero de 2009 cuando Ortiz insta a su director, José Candel, a fichar a una mujer, era todavía peor. Ante el apremio de su “jefe”, Candel responde: “Tengo que tirar a uno para meterla a ella”. Era la realidad del día a día en detrimento de los trabajadores de a pie de calle.
Cambios
Desde el Ayuntamiento de Alicante se han tomado decisiones en los últimos meses con respecto a la contrata. Una de esas decisiones fue la petición que trasladó el actual alcalde, Gabriel Echávarri, para que Candel fuera destituido. “Parece que ha sido así”, indican desde el consistorio.
Asimismo, desde la Concejalía de Medio Ambiente, su responsable Víctor Domínguez anunció hace diez días el relevo de Sebastián Chicote, director facultativo de la Contrata de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad. El objetivo: “intensificar y mejorar el control y el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato firmado por el gobierno de Sonia Castedo”.
Domínguez defendió la medida ante «la preocupación» del equipo de Gobierno por si este contrato, adjudicado a UTE Alicante, participado por Enrique Ortiz, “tuviera algo que ver con la financiación ilegal del PP, en la que el empresario participó en 2007 y 2008, según la confesión realizada ante la Audiencia Nacional”.
