Montoro culpa a Camps y Fabra de ocultar facturas por las que multa a Puig
Toda la culpa fue de la Intervención General de la Generalitat Valenciana cuando la gobernaba el PP. Pero la multa europea de 18,93 millones recae ahora sobre el Consell que preside el socialista Ximo Puig. El Gobierno que preside Mariano Rajoy, del PP, no ha tenido problema alguno en culpar a gobiernos autonómicos de su mismo partido, como los presididos por Francisco Camps y Alberto Fabra, a la hora de endosar a un Ejecutivo de signo distinto las consecuencias de la “negligencia” señalada por la Unión Europea en la comunicación de los datos de déficit de la Comunidad Valenciana. Una ocultación de más de 1.900 millones de euros en facturas en los cajones (sin aplicación a presupuesto ni consignación en la cuenta correspondiente) que afloró el propio Consell de Fabra en 2012 para incluirlos en mecanismos de crédito y liquidez habilitados por el Gobierno central como el denominado Plan de Pago a Proveedores.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, elevó al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo, aprobada el pasado 4 de marzo, que rechazaba las alegaciones del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y cargaba a la Generalitat toda la responsabilidad de la multa impuesta por la Comisión Europea. En ese acuerdo, se hace recaer la “negligencia” detectada por las autoridades estadísticas comunitarias sobre la Intervención General, que dirigía entonces Salvador Hernándiz, porque no solo no trasaladó a la Comisión Europea el déficit real, sino que “en las reuniones bilaterales” mantenidas a propósito de los déficits de 2008 a 2010 “no puso de manifiesto la existencia de gasto sanitario devengado no registrado en la cuenta 409”.
Montoro exculpa a su propia Administración al asegurar que la Intervención General del Estado “no podía alterar la información de base comunicada por la Intervención General de la comunidad autónoma en cuestión si esta era ratificada por la Comunidad Autónoma”. Y añade que no contaba “con los poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas”. Algo que contradice la evidencia manifestada por el actual Consell del PSPV-PSOE y Compromís, que ha recordado cómo los sucesivos informes anuales de la Sindicatura de Comptes valenciana venían reflejando los datos de déficit no contabilizado, hasta el punto de que llegó a enviar la información al Tribunal de Cuentas.
Pese a que, tal como señaló el conseller Soler en su recurso, eso hacía “pública y notoria” la práctica de los Consells del PP de esconder facturas en los cajones, la Intervención General del Estado no puso objeciones a los datos que aportaba la Intervención de la Generalitat Valenciana, y el ministro Montoro se ha negado a reconocerlo. El enfado del Gobierno de Ximo Puig es mayúsculo con esa actitud, dado que no solo no asume una “dejación de funciones” sino que rechaza aceptar la “responsabilidad concurrente” de las dos Administraciones, estatal y autonómica, ambas gobernadas por el PP en esos momentos.
La Conselleria de Hacienda de la Generalitat considera el acuerdo del Gobierno de Rajoy que justifica endosar la multa de la UE a la actual Generalitat “un duro alegato contra los Consells del PP y, en concreto, contra el exinterventor general de la Generalitat Salvador Hernadiz, con rango de subsecretario en los ejecutivos del PP hasta diciembre de 2011, en que fue elevado al puesto de secretario autonómico”. El departamento de Vicent Soler recuerda que Hernándiz “asistía a menudo como invitado, con voz pero sin voto, a la Comisión Delegada para Asuntos económicos del Consell, el máximo órgano de coordinación para la toma de decisiones en materia económica del Ejecutivo, y también compareció públicamente en abril de 2010 con una vicepresidenta del Consell (Paula Sánchez de León) y la exabogada de la Generalitat (Isabel Villalonga) para avalar los contratos con la trama Gürtel y rebatir un informe judicial sobre el caso”.
