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La Diputación de Valencia concluye la 'limpieza' de los 41 falsos asesores contratados a través de Imelsa

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia

Toni Cuquerella

València —

Este lunes concluye el tiempo de 'vacaciones pagadas' que dio la Diputación de Valencia a 12 trabajadores que, contratados a través de Imelsa, ejercían realmente como asesores de la institución provincial fuera de la empresa pública. De este modo ahora se prescinde de 5 trabajadores de protocolo, 6 de prensa y otro trabajador de otro departamento, que sumados a los que ya ha despedido la Diputación, suponen un total de 41 personas que trabajaban de forma irregular por los contratos. Estos contratos fueron firmados durante la época de Alfonso Rus y de su predecesor Fernando Giner, ambos del PP (otras 8 personas sí serán recolocadas dentro de Imelsa), y concluye así el proceso de reestructuracaión empezado en septiembre por el gobierno de Jorge Rodríguez (PSPV).

Estas personas, conocidas como 'Imelsos' dentro de los funcionarios de la Diputación, trabajaban en departamentos como Prensa, Protocolo, Cultura, Cooperación, Deportes, Turismo, Medio Ambiente, Escuela de Capataces etc. y deberán recibir una indemnización por despido por ser contratados por una empresa pública. Con estos contratos los equipos de gobierno provincial del PP esquivaban la legalidad ya que así se podía evitar el máximo legal de asesores oficiales; la vía de contrataciones de este tipo llegaron a suponer que casi todo el departamento de Prensa y Protocolo estaba en esta situción, como el mismo Pedro Muelas, que desarrolló el cargo de director de Comunicación de Alfonso Rus.

Existen dos casos paralelos de trabajadores como asesores del presidente Rus, así mientras una ex edil del PP de Xàtiva, como trabajadora regular terminó su función como cargo de confianza al acabar el gobierno del PP, su compañero de despacho, al estar contratado a través de Imelsa desde 1999, reclama ahora una indemnización de 100.000 euros.

La situación irregular de los 'Imelsos' provocaba malestar entre el funcionariado, y los mismos sindicatos estaban presionando para su depuración. El mismo jefe de personal ya emitió un duro informe afirmando quela situación de estos trabajadores de Imelsa en Diputación era del todo punto ilegal, y que de alargarse en el tiempo podría llegar a tener responsabilidades penales para los actuales dirigentes de la institución.

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