El juicio del caso Emarsa arranca 13 años después del saqueo de la depuradora
El juicio por el saqueo de una depuradora de Valencia -botín de 24 millones de euros- comienza este lunes en la Audiencia de Valencia tras una suspensión, con varios procesados asistidos por abogados de oficio recien llegados al caso y muchos acusados ofreciendo a la fiscalía reconocer los delitos para rebajar sus penas.
En fuentes judiciales dan por hecho que el asunto acabará con fuertes condenas. La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
Para Esteban Cuesta, exgerente de la compañía de 2004 a 2010, pide 12 años de cárcel. Los otros 21 acusados se enfrentan a penas de entre 2 y 8 años de prisión. La acusación pública sostiene que Crespo saqueó la depuradora, que operaba bajo la marca Emarsa, hasta quedarse con casi 24 millones de euros.
Lo hizo, según la fiscalía, en connivencia con el empresario Jorge Roca y varios altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.
El juicio se suspendió en noviembre de 2015 por la detención de Roca, el supuesto resonsable de centrifugar, mediante un entramado de sociedades, el dinero robado. El empresario, tras cinco años en busca y captura, fue detenido en Moldavia, donde estuvo encarcelado por residir en el país con una identidad falsa. Ya de vuelta en Valencia fue enviado directamente a prisión.
En busca del dinero robado
Varios procesados han negociado con la fiscalía una rebaja de su petición de pena a cambio de confesar los delitos. La acusación pública, con matices, estaría dispuesta a cerrar acuerdos, pero quiere recuperar el dinero saqueado. Esa es también la principal pretensión de la Generalitat, personada en el asunto como acusación particular.
El problema es que el dinero no aparece. Uno de los acusados, Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa, ha sido condenado a dos años de cárcel y el pago de 400.000 euros a Emarsa por un delito de alzamiento de bienes. Ocultó gran parte de su patrimonio para no hacer frente a indemnizaciones si es finalmente condenado. Crespo ha corrido mejor suerte: fue absuelto de ocultar 12 millones de euros.
De confirmarse los pronósticos, esa absolución puede convertirse en condena a finales de año, para cuando se espera sentencia. El juicio consta de 93 sesiones y prevé la declaración de más de 200 testigos. En noviembre de 2017, el saqueo de Emarsa, perpetrado entre 2004 y 2010, quedará visto para sentencia.
