“El PP debilitó el sistema público de servicios sociales y consiguió que las constructoras entraran para ganar dinero”

El cambio de modelo en los servicios sociales es una de las grandes promesas del Consell. El ejecutivo autonómico llegó con un sistema colapsado y unos índices de pobreza y precariedad alarmantes, así como un “caos” organizativo que dificultaba los ya de por sí eternos trámites. De poner orden en este departamento se encarga desde hace un año Helena Ferrando, Secretaria Autonómica de Servicios Sociales tras el cese de Sandra Casas. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante, ha sido coordinadora provincial de la Fundacion Secretariado Gitano Valencia durante 16 años.

La responsable del departamento critica la gestión de los anteriores gobiernos autonómicos bajo el PP, responsables a su juicio del abandono de los servicios de atención a las personas más vulnerables y asegura que pese al escaso interés del Gobierno central en financiar los servicios públicos, las cosas están cambiando.

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual de los servicios sociales?

Respuesta: Yo estoy muy contenta. Creo que la red pública de servicios sociales ha sido reforzada. El nivel de pobreza era muy elevado, de un 32%, y, sin embargo, tenemos un producto interior bruto mayor. Es indicativo de que se estaba haciendo muy mal y la red de atención no estaba cumpliendo su función. Nosotros hemos hecho un refuerzo muy grande, de un incremento del 200 por cien en toda la comunidad y comienza a notarse. Primero porque al principio había problemas para la contratación de personal, que hacía mucho tiempo que no se contrataba y hemos bajado las ratios de atención. Ahora ya se nota el cambio, los municipios lo ven. Creo que el balance de los últimos años es muy positivo, también en la dependencia. Parece que el anterior Gobierno no quiso poner el sistema en marcha y nosotros, aun con muchos problemas con las listas de espera, hemos conseguido meter a 60.000 personas en el sistema.

Sin embargo, según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC), desarrollado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADYGSS), aunque destaca el esfuerzo, la Comunitat Valenciana es la que sale peor parada.

Venimos de donde venimos. Me gustaría que la mejora fuera muy rápida. Se debe, entre otras cosas, a que no podemos contratar a personas en el servicio central. Si Montoro te pone un control que supone no contratar a más gente, todo cuesta mucho más. Hemos tenido que recurrir a distintas vías para conseguir que las cosas funcionaran mejor. Para nosotros lo importante es el incremento, con los mismos funcionarios hemos hecho mucho más y hemos reforzado el sistema a nivel municipal. Pero la herencia de tantos años sin poner en marcha políticas de inclusión la tenemos y la tendremos durante muchos años.

¿Cómo se ha llegado al colapso de los Servicios Sociales?

Bueno, lo primero ha sido la nula inversión y la privatización de la red de servicios. Después, la retirada de las órdenes, del decreto de autorización, el no tener aportación económica para la renta de inclusión... Todo eso provoca que el sistema no funcione. Era su manera [del Gobierno autonómico del PP] de conseguir el deterioro. Por ejemplo, las ratios: con los años, había más gente con problemas de inclusión y no se reforzaban los equipos de atención, sino que se ponía menos dinero. A más pobreza, menos ayudas. La forma de debilitar el sistema es no invertir ni en ayudas directas a las familias, ni en personal. Para ellos lo importante era invertir en residencias porque ahí sí ganaban dinero las empresas privadas. El PP debilitó el sistema y consiguió que empresas privadas, constructoras, entraran para ganar dinero.

Esto tiene que ver con la concepción ideológica del modelo de Estado, de cómo y cuánto debe intervenir...

Claro, y en función de cómo lo articules, obtienes unos resultados. Con unos servicios sociales deteriorados, la gente no quiere ir. Si el servicio público no funciona, se hacen seguros privados y no quieren pagar impuestos, no quieren tener una red pública. Nosotros hemos cambiado esto.

¿Cuál es la principal carencia de los servicios sociales valencianos?

La gran carencia, que ya no es tan grande, porque la hemos reforzado, era el personal. En los presupuestos hemos incrementado el capítulo 1, referente al personal de la Generalitat. Sobre todo en los centros de valoración, para acortar las listas de espera, y en las residencias de la tercera edad.

En el Presupuesto ya se pueden ver cuáles son las prioridades para el próximo año, pero me gustaría pedirle que humanizara las cifras de las partidas

En la parte de servicios sociales hay 15 millones de euros más como refuerzo a nivel municipal. Creemos que es muy importante llegar a todos los lugares que no sean rentables, estar en las zonas rurales. El objetivo es que, por ejemplo, un niño con Síndrome de Down de un pueblo de interior no se tenga que ir a la costa para tener atención. El antiguo Gobierno funcionaba de esa forma, los centros estaban en la costa.

Por otro lado, hemos declarado 12 barrios de acción preferente, los más vulnerables, que recibirán ayudas, en los que buscamos dinamización de la comunidad, gente del barrio que participe con varios equipos. Después, en la ley de Dependencia, hemos potenciado la parte de autonomía personal. El antiguo Gobierno prefería el modelo de residencias, pero nosotros queremos trabajar la parte de la atención a domicilio, potenciar esa autonomía y vamos a incorporarlo en 44 ciudades, que tendrán personal para que las personas no tengan que irse de sus casas.

Otra parte importante es que hemos contratado a 99 abogados para garantizar los derechos de las personas, como inmigrantes o refugiados… Los servicios sociales tienen que estar basados en esto. Este personal se encargará de gestionar las denuncias por discriminación, los desahucios injustos… Las personas con problemas de inclusión tienen muchos problemas legales. A veces, por ejemplo, llegan inmigrantes que quieren regularizar su situación o acceder a la sanidad pública y no saben cómo hacerlo. Para esto los necesitamos.

Por último, destinamos 4 millones en una subvención a los ayuntamientos para diversidad funcional y salud mental. En lugar de pagar a entidades privadas y ONG, potenciamos las plazas públicas municipales y queremos que los ayuntamientos tengan servicios de atención, ya que muchas veces las personas con estos problemas no acuden al médico. Además, estadísticamente, los problemas de salud mental están aumentando, sobre todo por estrés y por drogas, así que queremos anticiparnos.

¿Todo este sistema es sostenible sin la aportación del Gobierno central?

Pues bastante mal, la verdad. En dependencia, por ejemplo, solo aporta el 11%. Saben que necesitamos incrementarlo y no lo hacen. El Gobierno central deja que las Comunidades Autónomas hagamos lo que podamos. Hay recortes a nivel estatal, el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) no podemos utilizarlo para pagar a Ayuntamientos, solo a empresas… Esto no vale. Aumentas el servicio municipal público, pones el dinero que debería poner el Gobierno y que no pone, y luego llega el FLA y tienes que usarlo para pagar a empresas… Imagina el esfuerzo para mantener el nuevo modelo de servicios sociales. Es más fácil invertir en carreteras, que es mucho más visible, pero nosotros lo hacemos en los vulnerables de los vulnerables, en los que no votan, en los que no tienen sus necesidades cubiertas. Ellos tienen otras preocupaciones antes que el panorama político.

A parte está el problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.¿Han contabilizado qué se podría hacer con una financiación acorde a la media estatal?

Podríamos trabajar mucho más. Cuando comenzamos, lo prioritario era cubrir las necesidades básicas. Si el Gobierno pagara lo que toca, el nivel de pobreza prácticamente se habría acabado. Tendríamos dinero para emergencias, mucho más para renta y para gestionar la prevención. O la intervención comunitaria, que la comunidad, los barrios, se involucren en sus problemas. Y no podemos hacerlo por la falta de financiación. No obstante, hemos incrementado el gasto todo lo que hemos podido en esta Conselleria.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la renta de inclusión?

Hay una vacatio legis para el desarrollo del reglamento y se prevé para el primer trimestre de este año.

¿Cuál es el principal aporte de la ley de Servicios Sociales?

Es una ley de derechos sociales y ordena el panorama. Ahora no hay zonas, no hay niveles de atención… La ley declara una serie de principios de igualdad y acceso a los derechos, pero también es muy importante el segundo aspecto. Ordena áreas, ratios, equipos de los servicios sociales, las residencias, establece niveles… Hemos querido que las entidades sociales se impliquen mucho en ella, así como los interventores municipales. Queríamos una ley con una base que esté de acuerdo en implantarla. Cuando quieres cambiar un sistema, o los profesionales están de acuerdo, o no puedes cambiarlo. Llevábamos muchos años sin una ley de este tipo.

¿En qué plazo se prevé aprobar la norma?

Se ha declarado tramitar por la vía de urgencia, que lo acorta a la mitad. Creemos que entrará en las Corts antes de verano y esperamos que se apruebe este año.

¿Esta ley prevé algún mecanismo para reducir la burocracia?

Con el anterior sistema había muchos tipos de ayudas, cada una por un lado, que llevan a mucha burocracia. Nosotros hemos simplificado en dos: las ayudas de emergencia y la renta de inclusión. Si eres beneficiario de la renta de inclusión no tienes que gestionar becas de comedor, becas de libros, de transporte… Los problemas son transversales: cuando uno tiene un problema de inclusión tiene también un problema laboral, para pagar la vivienda, para comer…

La forma de trabajar debe ser transversal, tenemos que ser más eficientes. Además, las ayudas de pobreza energética se han incluido en las ayudas de emergencia, que gestionan los ayuntamientos a través de un convenio. En estos presupuestos, tras una evaluación con los ayuntamientos, detectamos qué necesita cada uno para que el día 1 de enero sepan qué ayudas tendrán mediante convenios y evitar tanto trámite. Todo va a que consigamos mirar a las personas a la cara, a que los profesionales puedan ayudar a hacer un itinerario y marcar objetivos.

¿Hay reparo en acudir a los Servicios Sociales?

No, pero es una figura mayormente femenina la que acude, estadísticamente. La feminización de la pobreza es real. Es la mujer la que socialmente carga con todo.

Y los Servicios Sociales ¿son paternalistas?

Antes eran muy paternalistas. Sobre todo con las ayudas. Ahora se habla de sujetos activos, de derechos, de autonomía personal… Es un cambio en la metodología que entiende que el personal de servicios sociales no es un administrativo que da ayudas. Hemos cambiado los itinerarios y equipos de base, ahora son más activos, con muchos educadores, para que el proceso vaya cambiando. No es dar dinero y pasar de todo. Hemos impulsado muchos foros con coordinadores, haciendo evaluaciones con el personal… Si no evalúas, si no preguntas, no puedes hacer un mapa de necesidades. Y hasta ahora se trabajaba así.

Los índices de pobreza aún son alarmantes. A parte de estas medidas, ¿Cuál es el plan del Consell contra la pobreza?

Tenemos el plan de Inclusión, que trata todos los ámbitos: educación, sanidad, vivienda… Es la estrategia, trabajar todas las áreas y marcar las líneas para que también se haga a nivel municipal e ir todos en la misma dirección. A partir de ahí, los municipios elaboran sus planes de inclusión. A parte, hemos elaborado el concierto social. El anterior sistema era tan clientelar que hacía que hasta los centros se presentaran a programas. Lo que conlleva el concierto es la organización, es una nueva forma de relacionarse donde la Generalitat decide dónde ubicar una residencia porque detecta dónde hay necesidad de ubicarla y concierta las plazas. Si la entidad no tiene que solicitar el programa, presentarlo, vas a revisarlo… Tienes más tiempo para trabajar y la entidad y sus profesionales están bien pagados.

Hasta ahora, los centros de diversidad funcional han estado en mano de entidades, se han creado centros donde ellas han querido. Pero es responsabilidad pública que en todas las comarcas las personas tengan sus necesidades cubiertas. Nosotros ofrecemos las plazas y buscamos a la entidad que las cubra. Es el Gobierno quien dibuja el mapa de necesidades.

¿Los usuarios del sistema son conscientes de los cambios?

Muchos sí. Las evaluaciones suelen ser positivas. Evidentemente, hay personas con problemas. Pero hay un indicador muy claro. Cuando yo me fui de servicios sociales, comenzaron a aparecer guardias de seguridad en los centros. Había agresiones, y no hablo de un marido enfadado porque su mujer se ha ido, o de padres a los que se les ha quitado la custodia; estas agresiones siempre han existido hacia los trabajadores. Hablo de agresiones de personas que están muy cansadas, que no pueden más y a las que no se ayudaba. Los trabajadores sociales tenían miedo y no podían con todo. Ahora las cosas están más tranquilas y hay menos guardias de seguridad en los centros.

También se nota en las solicitudes. Las ayudas para dependencia y para la renta de inclusión habían llegado a un punto de no solicitarse porque no había dinero. Ahora las solicitudes se han incrementado, hay 2.000 algunos meses, cuando lo habitual eran 600. Cuando el sistema funciona, el sistema se utiliza.