Exigen un copago “justo” y “proporcionado” en dependencia
Conseguir un “copago” en dependencia “justo” y “proporcionado”, que no ponga al dependiente “fuera del sistema”, es el objetivo de la campaña de recogida de firmas para cambiar la Ley de Dependencia, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
La presentación nacional de la campaña, que pretende recoger 500.000 firmas para reclamar en el Congreso de los Diputados el fin del “copago confiscatorio”, se ha efectuado en Valencia, capital de la autonomía “más castigada” en relación con las políticas de discapacidad.
Así lo ha asegurado a los periodistas el presidente nacional del Cermi, Luis Cayo, quien ha destacado que, aunque la Ley de Dependencia entró en vigor hace nueve años con “grandes expectativas”, la crisis “casi la ha devastado y la ha dejado inservible en muchos aspectos”.
“Podríamos decir no al copago, pero no hemos ido a ese extremos. Hemos dicho sí a una cierta corresponsabilidad de la persona, pero en unos términos equilibrados, aceptados y justos, que no expulse al usuario del sistema, sino que le invite a acercarse a él”, ha afirmado Cayo.
Por su parte, el presidente del Cermi en la Comunitat Valenciana, Joan Planells, ha afirmado que la Generalitat “nunca se ha tomado en serio la Ley de Dependencia”, y el único diálogo que admite “son los tribunales”.
Actualmente, hay en España cerca de cuatro millones de personas con discapacidad, el 9 por ciento de la población, pero sólo el 20 por ciento de ellas (unas 200.000) tiene además dependencia y son a las que afectaría especialmente el copago.
Luis Cayo ha asegurado que el “elemento más cruel” y que con “mayor crudeza se vive por las personas con discapacidad y sus familias” es el tema del “copago”, y ha criticado la “diferencia abismal” que existe en la aplicación de la Ley en las distintas autonomías españolas.
“Hay comunidades, pocas, donde no hay copago para las personas con discapacidad, y otras donde el copago puede llegar al 90 por ciento”, ha afirmado Cayo, quien ha considerado que en esta normativa estatal hay “elementos de agravio”.
Según ha explicado, ahora todas las personas que cobren más de 550 euros tienen que hacer frente al “copago”, un mínimo que Cayo califica de “impresentable” y por ello, ha dicho, “pedimos ampliarlo dos veces más”.
También han solicitado que haya unos límites máximos para que la la persona discapacitada “no viva sola para hacer frente al pago, que le quede algo para vivir al margen de la prestación que recibe”, ha indicado.
Aunque la recogida de firmas se ha presentado hoy oficialmente, se comenzó a realizar el pasado mes de diciembre para reunir 500.000 y presentarlas en el Congreso de los Diputados, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y que sea el nuevo parlamento, surgido tras las próximas elecciones generales, el que tome la decisión de aceptar la ILP y tramitarla como proyecto de ley.
