Fabra impone al liquidador de Canal 9 vía 'decretazo'
Ernesto Moreno es el hombre elegido por Alberto Fabra para liquidar Radiotelevisión Valenciana. La imposición, decidida en una reunión de urgencia Consell, ha sido posible gracias al 'decretazo' express aprobado por Fabra ante la rebelión de los trabajadores de Canal 9, que desde que se anunció el cierre de la cadena han convertido Ràdio Televisió Valenciana en un altavoz contra los excesos del Consell del PP.
Así lo confirmaba en rueda de prensa el vicepresidente del Consell, José Císcar, que comparecía ante los medios para explicar el decretazo y los nombramientos del nuevo director y los cuatro consejeros que sustituyen a los dimitidos el miércoles.
Fabra ha justificado la medida de urgencia del Consell por el “desgobierno y la falta de administración” del ente, así como también ha apuntado que el servicio “no estaba garantizado”. En cuanto al nombramiento de los nuevos miembros del Consejo, Císcar ha confirmado que son provisionales y que tienen que ser ratificados por Les Corts.
El vicepresidente del Consell ha acabado la rueda de prensa sin responder a todas las preguntas que le querían hacer los periodistas allí presentes.
Ernesto Moreno
El nuevo Director General de RTVV es un hombre experto económico en 'limpieza' de empresas y proveniente del mundo de las artes. Fue el elegido el verano de 2012 para gobernar el nuevo ente de CulturArts encargado de racionalizar el sector cultural, y fue también el Gerente del Palau de les Arts. El resto de consejeros nombrados por el PP que acompañarán a Moreno serán José Serralde, de Castellón; Bartolomé Orozco, de Alicante; y los valencianos Luis Bertomeu y Vicente Burgos.
El nombramiento del 'liquidador' se con el 'decretazo' apresurado que ha aprobado el gobierno valenciano y ha publicado urgentemente en el BOE autonómico (el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) un decreto ley que, bajo los argumentos de devolver la normalidad al servicio público, enmienda la norma que rige ahora el gobierno de Canal 9 y permite nombrar, marginando al parlamento valenciano, una nueva dirección para la cadena.
Dada la “situación de ausencia de gobierno y administración de la sociedad que impide el cumplimiento de los principios de actuación proclamados en la ley, así como la programación establecida en el contrato-programa suscrito entre el Consell y Ràdio Televisió Valenciana”, se decide modificar la ley. En breve: Les Corts no elegirán al director general y el consejo de administración de la televisión, facultad que, ya mismo, recae en el gobierno.
El Consell está reunido de urgencia este miércoles por la tarde para nombrar a la nueva dirección de la televisión pública, cuya única, corta y dura misión será la de poner el fin a un medio de comunicación con 24 años de historia.
Grave situación
El decreto ley intenta justificar su necesidad aludiendo a la “grave situación” de Canal 9, que carece de cúpula tras la dimisión de la directora general, todo su equipo y los representantes del PP en el consejo de administración. El vacío de poder es enorme.
La oposición ha intentado liderar “el funcionamiento normal” de la cadena mediante sus representantes en el órgano de la dirección de la empresa. Y los trabajadores, mediante la autogestión, trabajan en un monográfico que ataca sin piedad al PP aireando su pésima gestión en RTVV y otros escándalos que afectan al gobierno regional.
“No sabemos si estamos en un cooperativo o en plena anarquía”, comenta Salut Alcover, presidenta del comité de empresa de Canal 9. De manera velada, el decreto ley del gobierno valenciano reconoce el descontrol en RTVV, que “no cuenta en la actualidad con un responsable que garantice el cumplimiento de los objetivos generales, el respeto de los principios de programación, de los objetivos generales, así como la buena administración y gobierno de la sociedad”.
El decreto ley, de hecho, cae en cierto alarmismo. “Además, no puede asegurarse la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva”, se dice.
Consejo de Administración
Manolo Jardí, consejero de EU y uno de los cuatro miembros que todavía quedan tras la dimisión de la directora del ente y los otros cuatro consejeros elegidos en el PP, se refería al decreto del Consell como “un ejercicio de cinismo espectacular”.
No obstante, reconocía que hay argumentos del decreto justificados, como el referido al pago a proveedores o la necesidad de acabar con el “vacío de poder” existente, “nosotros hemos instado a Les Corts a que nombre a los cinco consejeros que están vacantes desde el miércoles”.
El representante de EU en el Consejo de Administración de RTVV apuntaba que han intentado “garantizar la normalidad” en la empresa, al tiempo que criticaba que se prescinda del procedimiento. Sentenciaba Jardí que “no renunciamos a nuestras competencias, derechos y obligaciones legales”.
En este sentido, sentenciaba Jardí que hay aspectos del decreto “impugnables” y denunciaba que la Generalitat “se ha saltado la ley para dar un golpe de estado”. Sobre este punto, dejaba caer que podrían haber aspectos del decreto que podrían ser “objeto de prevaricación”.
