Fin a una ley de confrontación entre valencianos
La Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, aprobada de forma unilateral por el PP y con el rechazo de amplios sectores de la sociedad, desde políticos hasta académicos, tiene las horas contadas. La ley prácticamente nacía muerta especialmente al tener un carácter “electoralista”, como han denunciado los promotores de su derogación (PSPV, Compromís y Podemos), aprobándose en precampaña electoral, y con el único apoyo de un PP a la baja.
La ley pretendía fijar una visión de ideología conservadora sobre las señas de identidad valencianas, así tocaba elementos que iban desde la negación de la unidad lingüística del valenciano-catalán, hasta el blindaje de la fiesta de los 'bous al carrer'. Pero es más, esta Ley de Señas promovía también un observatorio calificado como “inquisitorial” que posibilitaba la sanción económica a aquellas entidades que vulnerasen estos dogmas de valencianía.
Además el PP reconocía que, en cierto modo, la ley se impulsaba con ánimo político y 'contra' la oposición. Así el diputado Alfredo Castelló llegaba a afirmar que con esta ley “se quitarán muchas caretas”, mientras el exportavoz 'popular', Jorge Bellver, cargaba contra la oposición afirmando que “la izquierda critica el blindaje del valenciano y de nuestras tradiciones por ley únicamente porque les dificulta su ataque”.
Y los detractores no eran únicamente políticos, como mostraron todas las fuerzas progresistas e incluso el líder estatal del PSOE, Pedro Sánchez, que afirmaba que la ley “confronta” a valencianos y catalanes, incluso desde Ciudadanos Carolina Punset la consideraba “innecesaria”; la ley iba más allá, especialmente en el mundo académico. Así el Insitut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) consideraba la ley como un “ataque” a las libertades; las universidades rechazaban el ataque a la unidad de la lengua; igual que también lo hacía la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que advertía que la ley podía ir contra el Estatut d'Autonomia.
Estos organismos, considerados como las máximas autoridades lingüísticas desde el mundo científico, eran marginados dentro de la Ley de Señas que apostaba por otras entidades de marcado carácter conservador y que rechazan la unidad lingüística como son la RACV o Lo Rat Penat. Esta situación llegaba a la paradoja de que la Generalitat del PP llegaba a admitir la posibilidad de hacer oficiales dos tipos de gramática para el valenciano, la que defiende la unidad de la lengua y la que no.
Con el esperado anuncio de la derogación de la Ley de Señas de Identidad se recuperará “la pluralidad como condición inherente de la identidad valenciana”, según las fuerzas progresistas que la rechazan, pero desde el PP se tacha de una “traición”.
