A qué se llama “deuda histórica” y por qué se cifra en 14.380 millones
La Sindicatura de Comptes ha incluido el término “deuda histórica”, así, entre comillas, en su informe de fiscalización del año 2015, que acaba de entregar. No es la primera vez que el organismo fiscalizador dedica un apartado de su informe a denunciar la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana y sus efectos sobre las cuentas de la Generalitat. Pero los cálculos que aporta en esta ocasión sobre el déficit de recursos procedentes del Estado y la deuda acumulada por ello resultan claves cuando comienza el año en el que, finalmente, con varios ejercicios de retraso, el Gobierno de Mariano Rajoy abordará la reforma del sistema.
La “deuda histórica” no es un invento valenciano. Fue Andalucía la comunidad que introdujo el término en su Estatuto de Autonomía de 1981 para referirse al dinero extra que debía recibir cada año por el déficit con el que fueron transferidas las competencias de vivienda, sanidad y educación debido a la situación de retraso de la que partía. En pago de esa “deuda” Andalucía logró 1.200 millones de euros en 2010. No fue la única. También Extremadura esgrimió su deuda histórica. Y lo han hecho recurrentemente, además de Cataluña, otras autonomías, aunque en muchos de los casos venía referida, no a la financiación corriente, sino a la marginación en las inversiones territorializadas del Estado, que es otro concepto.
Tras constatar que la deuda de la Generalitat Valenciana, incluidas las empresas y entidades públicas, ascendía en 2015 a 42.019 millones de euros, el documento que firma el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, recuerda que la valenciana es la comunidad más endeudada en relación al PIB y que no puede cumplir los niveles de déficit exigidos por el Programa de Estabilidad. “La situación financiera valenciana no es sostenible”, concluye la Sindicatura. Y apunta lo paradójico que resulta que el nivel de gasto por habitante de la Generalitat Valenciana está “muy por debajo de la media (un 12% inferior en el periodo 2002-2015), pero obtiene unos ingresos también notablemente menores en términos per cápita (un 16% inferiores)”.
El mayor déficit valenciano se cubre con “mecanismos especiales de financiación, vía endeudamiento”, como el Fondo de Liquidez Autonómico, que opera mediante préstamos. Unos mecanismos que, resalta la Sindicatura al apuntar al centro de la reivindicación del cambio del actual modelo, “deberían sustituirse por la reforma del sistema de financiación autonómica, de modo que se dotara a la Comunidad Valenciana con recursos similares a la media del resto de comunidades autónomas”.
Dicho esto, el Síndic se pregunta “¿qué parte de la deuda pública valenciana se hubiese podido evitar en el supuesto de haber recibido una financiación per cápita equivalente a la de la media de las comunidades autónomas de régimen común?”. Y ofrece la respuesta: “Se observa cómo una financiación equivalente a la media hubiese reducido el endeudamiento en 14.380 millones de euros (bajo el supuesto de mantener el mismo gasto realizado)”.
La cifra se desglosa en dos partes: 11.131 millones proceden de la menor financiación entre 2002 y 2015 y 3.249 millones equivalen a los intereses pagados por ese endeudamiento adicional. Y añade un apunte muy significativo: “Debe recordarse que la Comunitat Valenciana tiene asumidas las principales competencias autonómicas (educación y sanidad) desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado. Si se estimase la infrafinanciación autonómica desde aquellos años, el importe total de la 'deuda histórica' del estado con la Comunitat Valenciana sería bastante superior a los 14.380 millones calculados tan solo para el periodo 2002-2015”. Es decir, que no fue solo Andalucía la que cargó de origen con competencias deficitariamente financiadas, aunque los valencianos tardaran en darse cuenta de que acumulaban una deuda estructural.
Es seguro que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la próxima conferencia de presidentes, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en otros foros de negociación, pondrán esa “deuda histórica” sobre la mesa. El Acord del Botànic, firmado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, sobre el que se apoya el Gobierno valenciano, hizo de la “financiación justa” uno de sus ejes. En el documento de su ampliación, que está pendiente de firma por las tres fuerzas, además de la “negociación urgente” del nuevo modelo, se plantea la “reestructuración de la deuda por medio de una combinación de reducción de la deuda, déficit a cargo de la deuda histórica, quita y aplazamiento de la deuda con el Gobierno mediante una comisión bilateral”.
En otras palabras, la Generalitat Valenciana no sólo aspira a acabar con el “expolio” que supone un sistema de financiación injusto sino a recortar su endeudamiento y paliar los efectos del resto de la deuda sobre sus cuentas. Algo para lo que plantea una negociación bilateral, más allá de los organismos que agrupan a todas las comunidades autónomas. En ese marco hay que interpretar el discurso de fin de año del presidente Puig, que postuló “el principio del fin de la discriminación”; así como la carta del portavoz socialista en las Corts Valencianes, Manuel Mata, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclamando que anule la deuda que está mutualizada para compensar el déficit histórico, una deuda “que ante Europa ya es deuda del Gobierno central y podría liberar a la Comunitat Valenciana”.
