La Fiscalía ve indicios de delito en los 1.800 millones ocultados por la Generalitat que investiga Bruselas
La Fiscalía de Valencia ve indicios de delito en la ocultación de 1.800 millones de euros en gastos de la Generalitat que ahora también investiga Bruselas para dilucidar si la Comunitat Valenciana “tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años”.
La acusación pública abrió una investigación tras la denuncia del sindicato CGT, que, en base a los informes de la Sindicatura de Cuentas, cree que la Generalitat, fundamentalmente durante los gobiernos de Francisco Camps, pudo haber cometido los delitos de prevaricación y malversación.
CGT, como la Sindicatura de Cuentas, la oposición al PP y gran parte de la prensa, habían alertado en muchas ocasiones del falseamiento sistemático de las cuentas públicas valencianas ahora en el punto de mira de la Unión Europea.
El sistema, de conocimiento público, no tenía nada de sofisticado: se adquirían productos o servicios que ni se contabilizaban ni se abonaban –en la jerga política, facturas en el cajón- hasta que se encontraba el dinero, normalmente vía crédito. Entonces afloraban y pasaban, generalmente, a engrosar la deuda de la Generalitat, una administración quebrada.
Esta grosera manipulación estadística quedó al descubierto en 2012, con la llegada del PP al gobierno de España. Entonces, Hacienda tenía interés en revelar el tamaño exacto del agujero en las cuentas públicas. Y la Comunitat Valenciana tenía un boquete enorme: había ocultado facturas por más de 1.800 millones de euros, casi todas correspondientes a gasto sanitario.
Todas ellas salieron a la luz cuando el gobierno lanzó un plan especial de pago a proveedores al que se acogió la Generalitat presentando más de 300.000 facturas escondidas por la Conselleria de Sanidad. Muchos de esos gastos, según CGT, se acometieron sin consignación presupuestaria y prescindiendo del procedimiento de contratación pública.
CGT cita, entre otros, la compra habitual de “productos farmacéuticos y sanitarios a dedo considerándolos contratos menores” eludiendo así el preceptivo concurso público. El sindicato cree que en ésta y otras prácticas se podrían dar, al menos, los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos. La Fiscalía, de entrada, decidirá.
